En 10 años en Extremadura habrán pasado a la jubilación más de 120.000 personas. En ese mismo espacio de tiempo se incorporarán al mercado laboral poco más de 33.000.
Los colegios e institutos extremeños perderán más de 22.000 alumnos hasta 2035.
Ambos datos tan reveladores como extrapolables en mayor o menor medida a toda España y en general el mundo desarrollado.
El acusado envejecimiento y la caída de la natalidad resultan dos de los hitos del desafío estructural de la sociedad actual que se conoce por el «reto demográfico».
Lo que comenzó a ocurrir en España tras la consolidación de la democracia y había comenzado en otros países europeos mucho tiempo antes no es solo una consecuencia directa del entorno económico, como pretende articular la teoría liberal, ni una defectuosa concepción del modelo de familia, como pretende hacer ver la España conservadora.
De lo que se trata es de un modelo donde la mujer se ha liberado de lo que se consideraban sus funciones ancestrales, el cuidado de su marido, sus hijos y sus mayores -y los de su pareja si cabe-, y se ha convertido en una persona empoderada, con los mismos derechos que los hombres.
Aunque todavía no del todo –el enfermizo y renovado debate sobre la violencia de género por el lado más trágico y la incompleta equiparación de la mujer en el mercado laboral son síntomas de ello-, pero su incorporación de hecho a la esfera social, en buena parte gracias a la faceta educativa, ha propiciado un desarrollo sin igual a lo largo de las últimas décadas.
En España, hasta bien entrados los años 70 del siglo pasado, la mujer por lo general solo podía mantener sus aspiraciones laborales mientras estaba soltera, condición que perdía una vez consolidado el matrimonio quedando supeditada a las labores del hogar y los cuidados.
Hoy, en pleno s. XXI, aunque estemos al borde de una involución en dicho sentido, la mujer desempeña un papel fundamental en todas las áreas de la sociedad lo que ha propiciado un vuelco en el citado modelo de familia facilitando un mejor bienestar a la misma y garantizando mejores posibilidades a sus descendientes.
Por contra a la expresión «la miseria es fecunda», las parejas actuales conscientes plenamente de ello apuestan por una familia mucho más reducida que antaño en aras de mayor calidad de vida y de oportunidades para todo y para todos.
Otra cosa es el consabido aumento de los desequilibrios y con ello la precariedad laboral a la que está conduciendo el modelo capitalista dado a partir de finales del siglo pasado y que se ha ido consolidando durante el nuevo milenio y profundizando cada vez más a pesar de sus numerosas fallas puestas de manifiesto en una interminable serie de crisis.
Por eso que las políticas conservadoras basadas en dotar de incentivos económicos a las familias para fomentar la natalidad, resulten una y otra vez un fracaso.
Y es ahí donde entra el fenómeno de la inmigración. Qué duda cabe que una inmigración ordenada y regulada pero ¿acaso cabe duda de que buena parte de los inmigrantes que se están regularizando ahora en España no estaban ya trabajando en la economía sumergida? ¿Y qué otros tantos no podían hacerlo, tal como demandan muchas empresas, por su condición irregular?
Llegados a este extremo es donde desde el ámbito reaccionario, tan en boga en todo el mundo, se pone en entredicho el Estado del Bienestar en cuanto a los servicios públicos y sociales. Es aquí donde aparece también el término «paguita», el lenguaje es muy importante, de manera tan interesada como malintencionada para hacer recaer las culpas en el modelo social y no en quienes deliberada y fraudulentamente se aprovechan de las ayudas.
La pregunta que debemos hacernos es si en una sociedad cada vez más formada, con un modelo laboral sinónimo de precariedad y unos menoscabados servicios públicos cabe tener mayor número de hijos si la pretensión debería ser mejorar las condiciones de vida de todas las partes implicadas en el proceso.
No hay lugar a dudas que la inmigración, más aun en un país como España que basa buena parte de su economía en sectores de bajo valor añadido como el turismo, la hostelería y la construcción es una de las respuestas al problema.
Por ello mismo resulta contradictorio que mediante políticas reaccionarias se estén reduciendo las aportaciones a la cooperación internacional que, precisamente, una de las cosas que pretende es mejorar las condiciones de vida en los países más desfavorecidos para fijar población en su propio territorio y prevenir de mejor manera los flujos migratorios.
Lejos del más mínimo sentido común y de la mínima decencia puede caber entonces que la respuesta a las corrientes migratorias vaya a ser la creación de esos llamados Centros de Deportación -una nueva denominación de lo que realmente se tratan Campos de Concentración, volvemos a la cuestión del lenguaje-, que ha aprobado la Comisión Europea para trasladar a los inmigrantes irregulares a terceros países fuera del bloque europeo lejos de sus países de origen.
En definitiva ni las ayudas a la natalidad ni la deportación masiva de migrantes resolverán el problema demográfico ni servirán de freno a quienes huyen de la guerra, la miseria, el hambre y las condiciones climáticas, casi todas ellas causadas por los mismos que ahora les niegan cobijo, derecho a una vida digna y nuestro propio futuro.
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