Democracia plena

Es una obviedad que a pesar de los estragos que esté causando la pandemia un país no puede centrarse solo y exclusivamente en eso. Que, de una manera u otra, tiene que seguir actuando en todos los niveles y, por supuesto, legislando. No en vano el BOE nos sacude cada día con infinidad de disposiciones, normas y decretos, pero de ahí a perdernos en debates forzados en exceso no viene muy al caso en estos duros tiempos que corren.

La verdad que no ha de sonar nada bien que un miembro de su propio gobierno afirme sin tapujos que España no es una democracia plena. Pero que se forme un guirigay por eso cuando son precisamente mayoría los ciudadanos españoles que lo piensan igualmente, todavía resulta más chocante.

En el sondeo del Eurobarómetro del Parlamento Europeo publicado el pasado 12 de febrero, sobre una muestra realizada los meses noviembre y diciembre del pasado año, el 53 % de los españoles dice que «no está muy satisfecho o nada satisfecho», con el funcionamiento de la democracia en su país. Frente al 41 % de media, que ya es bastante, sobre los encuestados en el conjunto de la UE.

Más bien parece entonces que el revuelo organizado al respecto no es más que otro episodio de esa especie de cacería que tiene declarada el sistema a través de sus palmeros y voceras sobre todo aquel movimiento que le haga quedar fuera de la foto, le acabe colocando en un brete y ponga coto a los pingües beneficios de los que lo alimentan.

¿Es por tanto España una democracia «plena» o no? Pues mire usted España sí que es una democracia en toda regla como se han apresurado a decir personajes como nada menos Felipe González, que en su caso particular estaría demás. Pero lo que es modélica pues francamente no creo que lo sea ni más ni menos que nuestros vecinos europeos, norteamericanos, japoneses y el resto de los que como tal se entienden a lo largo y ancho del planeta.

Los hechos

En relación a este tema la portada del ABC del pasado viernes 26 de febrero resulta bastante didáctica al respecto:

«Don Juan Carlos paga cuatro millones en otra regularización»
«PSOE y PP se reparten RTVE y restan poder a Podemos»

Con ambos titulares un diario tan decididamente monárquico y conservador como ABC a buen seguro que habrá pretendido blanquear de alguna manera la figura del rey emérito por un lado y de otra desacreditar las aptitudes de un partido tan distanciado de su línea editorial como es Podemos. Pero si miramos más allá observaremos con meridiana claridad que el ABC, sin quererlo, está poniendo en duda la calidad de la democracia española. Veamos.

Por una parte parece evidente el trato de favor que está recibiendo Juan Carlos I de la Agencia Tributaria, según denuncia el propio sindicato de técnicos de la misma. Ya que por segunda vez el emérito ha satisfecho de manera voluntaria sus presuntas deudas con Hacienda sin que, a estas alturas y ante la sorpresa de propios y extraños, todavía no se le haya incoado el oportuno expediente, como le habría ocurrido a cualquier contribuyente a la vista de las irregularidades denunciadas.

A más ver, en su enésima rectificación, Pedro Sánchez se ha posicionado en contra de la inviolabilidad del Rey. Esa norma que de manera tan singular contradice la propia Constitución cuando ésta, en su articulado, recoge por un lado que todos los españoles son iguales ante la ley y por otro viene a decir que el monarca puede hacer con total impunidad de su capa un sayo.

Volviendo al ABC en el caso de RTVE aún resulta más flagrante que el principal medio de comunicación del estado esté en manos de grupos políticos que, de una manera u otra, acaban coartando la libertad de expresión de los profesionales del medio, cuando no quedando estos sujetos a la directa manipulación del servicio.

¿Acaso no ponen ambos manifiestos en duda los atributos de nuestra democracia? Pues, a primera vista, diría yo que desde luego no la queda en muy buen lugar. Pero visto tales excesos patrios veamos ahora que ocurre en nuestro entorno.

La democracia de los demás

Mohamed bin Salmán es el príncipe heredero de Arabia Saudí. Recientemente la CIA ha publicado un informe en el que le acusa directamente de haber ordenado el asesinato de Jamal Khashoggi, un periodista saudí exiliado y crítico con el régimen en su columna de The Washington Post.

De sobra es conocida la brutalidad del régimen saudita al que Freedome House le coloca muy cerca de Corea del Norte -el último en la clasificación de los 194 países que reconoce la ONU-, en cuanto a sus índices de libertad. Tanto como su capacidad de ejecutar, crucificar y desmembrar a cualquier reo sin el menor miramiento.

Hace un par de semanas se ha publicado una imagen del rey Juan Carlos I en su retiro o exilio de los Emiratos Árabes Unidos, al objeto de clarificar su estado de salud. En la imagen uno de sus acompañantes es Mohamed bin Zayed, príncipe heredero del pequeño pero rico emirato.

Mohamed bin Zayed es otro conocido «amigo» de occidente que, entre otras cosas, ha favorecido la participación junto a Arabia Saudí de los EAU en los bombardeos de Yemen de manera indiscriminada sobre la población civil, ha armado a la guerrilla Libia saltándose las prohibiciones de la ONU y ha colaborado en el derrocamiento del régimen democrático egipcio.

No muy lejos de los Emiratos, 6.500 trabajadores han muerto en Qatar, desde que la FIFA le adjudicara la celebración del Mundial de fútbol. Qatar es otra monarquía absoluta del golfo, más sosegada que sus vecinos, pero que mantiene en vigor la sharia o ley islámica que, aun sin constar ejecuciones sumarias desde el año 2000, aplica toda clase de torturas físicas a los condenados. Además de una contumaz falta de libertad de prensa, discriminación racial y demás lindezas.

Podríamos extendernos mucho más allá de nuestros conocidos y buenos amigos de Oriente Medio y del peso de sus petrodólares a lo largo y ancho de todo el planeta, poniendo en evidencia numerosos regímenes absolutos y dictatoriales donde las vejaciones de todo tipo a sus ciudadanos son símbolos de su identidad, pero la lista se haría interminable.

Como el caso de China, la gran potencia industrial y comercial del momento, pero una dictadura en toda regla que es sobradamente reconocida como tal sin el menor reparo.

En el otro extremo de la balanza, el de las históricas democracias occidentales, resta el caso de Francia donde hace solo unos días parece haber quedado probado que prestó auxilio a los líderes del genocidio ruandés de 1994. O el fenómeno del intervencionismo de los EE.UU. en Latinoamérica a lo largo de todo el SXX. Entre tantos otros.

Del comercio «lícito» de armas que, según escuché a alguien decir una vez no crecen en los oasis ni en las frondosas selvas ecuatoriales, qué podríamos decir estando implicadas muchas de las potencias occidentales. Incluida España, por supuesto, pero todas ellas «dentro de la más estricta legalidad». ¡Faltaría más!

Lamentablemente son los recursos y la geo estrategia los principales factores que priman a la hora de establecer las relaciones multilaterales en el mundo. Por lo que en función de dichos intereses podremos considerar un país u otro nuestro amigo permitiéndole atropellos de todo tipo o censurarlo continuamente si no es de nuestra cuerda.

A pesar de ello, nadie pone en duda que tanto en los casos citados como en otros muchos, las grandes y centenarias democracias occidentales que mantienen fluidas interacciones con cada uno de esos estados, sean indignas adalides de la misma.

Las consecuencias derivadas de tanta inacción al respecto y sobre todo de tanto cinismo, dejan desamparadas a centenares de millones de personas en el mundo. Es la principal causa de unos flujos migratorios cada vez más proclives por el estado de desesperación de quienes los integran y que cada vez resultan más cosificados por parte de las sociedades receptoras en un contexto de crisis permanente.

Así como uno de los factores más determinantes de la actual crisis medioambiental que se propaga a una velocidad cada vez más vertiginosa.

No es razón de este artículo llegar a una conclusión sobre la calidad de nuestra democracia. Pero me temo que, cuando dejemos de mirarnos al ombligo y seamos plenamente conscientes de todo esto, quizá sea demasiado tarde.

La libertad de expresión

Mira por donde, en medio del griterío, va la justicia y decide meter entre rejas a un rapero llamado Pablo Hasél, un payaso más, por decir payasadas con un lenguaje de lo más soez. Aunque sin invitar ex professo a la acción criminal, motivo por el cual la propia sentencia resulta contradictoria tanto con la doctrina en su día del Tribunal Constitucional como la del Tribunal de Derechos Humanos de la U.E.

Algo que se viene repitiendo una y otra vez, a favor o en contra del procesado, según el tribunal que lo juzgue. Por lo que tampoco estaría de más que, visto lo visto, de una vez por todas se redactara una nueva ley acerca de la libertad de expresión –algo que, en cualquier caso, no es fácil delimitar-, evitando decisiones que puedan resultar arbitrarias ante la disparidad de las sentencias.

Una cuestión como es la de poner en tela de juicio la libertad de expresión ya de por sí hace un flaco favor a la democracia. Más aún cuando ni siquiera los tribunales se ponen de acuerdo a la hora de actuar en tal sentido.

España no es una dictadura por mucho que unos necios se empeñen en asegurarlo a un lado y otro del tablero con uno u otro pretexto. De serlo no podrían lanzar sus desmedidas y continuas andanadas contra todo bicho viviente y en particular contra sus adversarios y rivales políticos.

Pero es necesario dar un nuevo repaso a la legislación vigente para evitar aspectos que sean impropios de una democracia consolidada y de paso ofrecer mejor cobertura a los tribunales de justicia.

Los jóvenes

Quizá de manera algo inapropiada por tratarse de un sujeto poco propicio para ello, multitud de jóvenes se han echado a la calle a manifestarse en contra de la sentencia y en favor del condenado.

Por desgracia, la violencia desatada por grupos ajenos al caso, minoritarios como en otras ocasiones, ha desviado por completo el foco del problema y lo que es peor se diría que de manera muy interesada, por cuanto no solo se evita constatar el malestar en los jóvenes en cuanto al tema de la libertad de expresión sino todavía mucho más su desencanto y desesperación ante la falta de oportunidades para trabajar y labrarse un futuro digno.

Sobradamente conocidas las tasas del desempleo en España son de las más altas de la UE. Pero en el caso del desempleo juvenil los datos resultan aún más escalofriantes.

Como vemos en la tabla anterior, España encabeza de largo la tasa del desempleo juvenil en la Unión Europea, doblando la de países como Francia e Irlanda o cuadriplicando incluso la de Holanda.

Pero es que además la mayor parte de los que trabajan lo hacen en precario o en trabajos que no se corresponden de lejos con su nivel académico. La paradoja, como dice una buena amiga, de un país que forma ingenieros para acabar de camareros. De ahí que el recurso a la diáspora resulte tan recurrente para buena parte de los mismos.

Ante semejante diagnosis no es de sorprender que el grado de indignación de los jóvenes continúe in crescendo después de ser los primeros damnificados tras la crisis de 2008 para sin levantar cabeza de la misma volver a ser los más perjudicados en la desatada en materia económica por la pandemia.

Si los responsables de ello, en especial la clase política, no pone remedio a tamaña catástrofe –un país con jóvenes insatisfechos no puede tener futuro-, tal como rezaba una pancarta en una manifestación de estos días «Nos habéis enseñado que ser pacíficos es inútil», resulta más que una advertencia de la inevitable radicalización de millares de jóvenes que ven malograr su futuro ante la falta de oportunidades que les proporcionan sus mayores.

La violencia

Con respecto a la violencia desatada tras dichas manifestaciones pues lo de siempre: ultras futboleros, extremistas curtidos en la lucha callejera, bandas y los desalmados y delincuentes habituales que se apuntan a todas para formar el lío.

Porque nadie que se precie o se manifieste honestamente por cualquier cosa y menos aún por la libertad de expresión, en un país como este, va asaltar una tienda de Louis Vuitton. Lo que a un servidor no le hace falta condenar expresamente porque ya lo hacen ellos por sí mismos.

Pero sí que es verdad que cambiar las cosas no es cuestión de dos días. Para ello es preciso gobernar y para gobernar hay que saber armar el producto en aras de llegar al electorado con mayor fiabilidad. Sobre todo en un país como España donde hay que darle la vuelta a tantas cosas que, con pandemia o sin ella, no es cosa de una legislatura, a buen seguro ni de dos, y nos obliga a una mayoría remar en la misma dirección.

Por lo que no hubiera estado de más que en dicho sentido alguno de los que ejercen la responsabilidad de gobernar hubieran sido más explícitos en la condena de semejantes barbaridades desde el primer momento. Más aún a sabiendas que se trata de una minoría que aprovecha el enfado de terceros para generar confusión.

Así nos hubiéramos evitado otro episodio más de ese circo mediático –o no, como diría el ínclito M. Rajoy-, presto a lanzar todo tipo de fuegos de artificio para, además de desviar la atención, demonizar al rival político con la intención de evitar precisamente eso: cambiar el rumbo y el destino de un país que, de una vez por todas, debería merecerse algo mejor.

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