Este era el grito que profería desde el graderío del Congreso la pasada semana una mujer mientras sus señorías votaban la prórroga de los alquileres. PP, Vox y Junts dijeron NO, la prórroga no salió y a la mujer la echaron del hemiciclo.
Pero aquella mujer tenía nombre, Irene, aunque podía ser cualquier otro. El de los miles y miles de personas que han visto como su vivienda ha ido a parar a manos de una empresa, un fondo buitre o un multi propietario sin escrúpulos que les está haciendo la vida imposible para echarlos de su casa por mor del peculio.
Lo que quizá resulte de lo más natural, a tenor de lo que afirmaba poco días antes Isabel Díaz Ayuso, desde su tribuna de la Comunidad de Madrid: “¿Quién es el Estado y quién es Pedro Sánchez para decidir qué precio le pongo yo a mi vivienda, que es mía, me la he ganado yo y haré con ella lo que me dé la gana?”.
Bien lo sabe ella y su adalid, José Luís Martínez Almeida, alcalde de Madrid, una capital europea donde la vivienda pública en alquiler no llega al 1% del total de las existentes. A buen seguro, si esta representará el 50% de las mismas, como en Viena, sus antípodas europeas, la cosa rezaría de otro modo.
Lo curioso del caso es que visto lo que dicen los madrileños, en Madrid no se puede vivir y no les falta razón cuando el alquiler roza ya casi los 23 €/m2 (en Viena lo público 8 € y 13 € el mercado libre*), una habitación cuesta del orden de 600 € al mes, y el precio medio de la vivienda ronda los 5.750 €/m²; pero sin embargo todas las encuestas pronostican que la libertina y deslenguada presidenta volverá a repetir mayoría absoluta en las elecciones del próximo año.
La realidad es que, de no poner remedio, sus señorías en el Congreso acaban de mandar a la calle a decenas de miles de personas que pronto acabarán mendigando un lugar donde caerse muertas o, en el mejor de los casos, regresarán a casa de sus padres.
Es el mismo problema de las grandes ciudades, de las «agraciadas», por el boom del turismo y a las que, poco a poco, se van sumando el resto. Un problema que se ha extendido a buena parte del continente los últimos años por obra y gracia del dios Mercado. Y eso que, tradicionalmente, allende de los Pirineos la vivienda ha constituido un derecho, mientras en el sur y el este de Europa se contempla como un negocio.
Por mucho que, en su caso, la Constitución en España diga aquello de que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y, ríanse, el Estado velará por evitar la especulación del suelo.
Sobre todo en un país como el nuestro donde si ya de por si apenas se construyen viviendas públicas, las llamadas de «protección oficial», estas acaban pasando al cabo de los años a convertirse en vivienda libre, entrando a forma parte de la especulación. Y así desde la profundidad de los tiempos.
Y mal vamos, aunque a tenor de las citadas encuestas, decir eso sea cosa de pervertidos rojos satánicos que como quien suscribe cree que si las administraciones públicas no pueden fijar precios y son incapaces de construir -o adquirir-, viviendas suficientes para regularlos indirectamente, está condenando a una gran parte de la población al ostracismo cuando no a la miseria salvo que la misma provenga de una herencia.
Eso, por mucho que Ayuso, Almeida y el resto de ensoñadores de la teoría neoliberal, le echen la culpa a los damnificados por no hacer correcto uso de su libertad.
Cuando no confíen en que liberando suelo a tutiplén sea la industria privada la que provea de vivienda asequible a los mortales, porque la historia y la empírica han puesto en evidencia, una y otra vez, que en el caso de la vivienda eso no baja los precios sino que, por contra, los encarece.
Y en esa estamos, un gobierno que quiere -al menos una parte del mismo-, pero no puede porque la mayoría parlamentaria se lo impide y las encuestas así lo predicen.
«Antes propietario que proletario», como dijera José Luis de Arrese, ministro de la vivienda franquista allá por principios de los 60 del siglo pasado o «A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga».
(*). Aunque no sea un concepto del todo diáfano por cuanto no representa la realidad de la mayoría de los pobladores de una zona concreta, el salario medio en Madrid es de 32.000 € anuales mientras que en Viena está en los 50.000 € en el mismo periodo.
