Vivienda y pre-campaña

Cuesta distinguir en España la pre-campaña electoral de la campaña como tal que dará comienzo el 13 de noviembre. En medio de un ruido cada vez más ensordecedor, sin embargo, es posible ir tomando nota ya de las diferentes propuestas en cuestiones claves que afectan de lleno a la población como puedan ser el caso de las pensiones, los salarios y la vivienda.

Pero para situarnos en el contexto de esta campaña se hacen necesarios ciertos apuntes, imprescindibles, tanto en el contexto nacional como internacional del que España en ningún caso resulta ajena.

En primer lugar cabe decir que nuestro país queda lejos, muy lejos, de ese paisaje apocalíptico que viene describiendo la oposición en extremo liberal y conservadora desde el inicio de la legislatura; tal como acostumbra hacer cada vez que no tiene el gobierno, aunque en esta ocasión con especial virulencia arrastrada por la extrema derecha como está sucediendo en la mayor parte de países europeos. A lo que se añade esa particular visión patrimonialista que tiene de la nación española y una excusa habitual para justificar la necesidad de recortar el gasto público evitando así el debate ideológico.

Del mismo modo que por mucho que dicha oposición de cuenta del país como si de un estado paria se tratara, la realidad es que España está integrada por completo en su entorno y como tal sujeta a todas las vicisitudes del mismo en prácticamente todos los aspectos y muy especialmente en el contexto político y económico de la Unión Europea donde goza de toda la legitimidad y reconocimiento.

Tanto es así que difícilmente puede ser acusado de dictadura un gobierno, como viene repitiendo machaconamente la oposición durante toda la legislatura, cuando tanto esta como sus medios de comunicación afines llevan poniendo a caer de un burro al mismo desde el primer día.

Así, en estos tiempos que corren donde la sociedad ha alcanzado un grado de deshumanización y polarización tal que recuerda en buena medida la antesala de la II Guerra Mundial, cabe añadir ahora la criminalización de las personas pobres o de bajos recursos, acentuado en el caso de los migrantes por su color, lengua y condición, contra las que las élites y gracias a su extraordinarios recursos mediáticos ha conseguido desviar el foco eximiéndose de cualquier responsabilidad y haciéndoles culpables de todos los males del momento.

Cuestiones todas que inciden de manera directa en las campañas electorales en el mundo occidental, en las que se han dado recientemente y las que se avecinan los próximos meses, además de la presión ejercida por los llamados tecnoligarcas que valiéndose de sus inmensos recursos pretenden influir en el electorado a través de las redes sociales y en favor de las tesis más reaccionarias.

Con estos mimbres y a pesar de tener los mejores índices de crecimiento de la Unión Europea durante los últimos años, España sufre también las derivadas de un modelo capitalista depredador que asola al conjunto de la misma desde hace décadas y del que la especulación en todos los sectores, desde la alimentación a la energía, pasando por los servicios y la vivienda es su principal exponente.

Como quiera que ha sido precisamente el problema de la vivienda el detonante del adelanto electoral, vamos a hacer un repaso hoy sobre cuáles son las posturas básicas al respecto de los dos bloques que se disputarán los comicios a finales de noviembre.

Sí que es cierto que al menos en lo que les toca a los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, cabría decir que poco o nada han aportado desde sus respectivas administraciones para evitar que el precio de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, haya sucumbido a los movimientos especulativos o, dicho de otro modo, la mercantilización de todo tipo de derechos fruto del citado modelo capitalista como ha ocurrido también a lo largo y ancho del continente europeo.

En especial en los países de la ribera mediterránea y el este de Europa donde se ha dado la tormenta perfecta, en tanto en cuanto la vivienda siempre ha constituido un activo financiero por contra a como ocurre en el centro y norte europeo donde, aún victimas también del órdago de este capitalismo desbocado, la vivienda es un derecho.

Las evidentes connotaciones culturales que esto último conlleva y se traducen en el llamado de manera tan sugerente «mercado de la vivienda», han quedado expuestas por nuestra parte en diferentes artículos, más recientemente en este, y han marcado de manera incuestionable el devenir del mismo desde que se pierde la memoria.

Por lo que respecta al bloque progresista o de izquierdas sus propuestas resultan bastante claras y van en línea con los modelos arraigados más allá de los Pirineos que, en su caso, han sido rechazadas siempre de plano por la mayoría conservadora del Congreso durante la presente legislatura.

De una parte el desarrollo de un suficiente número de viviendas públicas de alquiler asequible y de compra. Estas últimas con el blindaje adecuado para evitar que con el tiempo acaben formando parte también del parque privado de viviendas y pierdan el cometido para el que fueron dispuestas.

Mientras tanto e inspirada en los mismos principios, una regulación del mercado que ponga coto a sus abusos ante lo que ha de ser un derecho fundamental de los ciudadanos y que ya recoge de hecho la Constitución española.

Por lo que respecta al bloque liberal conservador y al margen de propuestas disparatadas como la de Vox de expulsar migrantes para que los nacionales ocupen sus viviendas, vuelve a sus habituales estereotipos basados en la desregulación, la liberación masiva del suelo, las bonificaciones fiscales generalizadas a constructores, arrendatarios e inquilinos así como otros tantos incentivos en la misma línea para facilitar la obtención y concesión de hipotecas con la fe puesta en que el incremento de la oferta haga bajar sensiblemente los precios.

La empírica ya ha demostrado una y otra vez que en el caso de la vivienda es el único o de los pocos «mercados», que el exceso de oferta no abarata los precios, sino que los sube y para eso no hay que irse muy lejos. Por ejemplo, en España ya que durante la última burbuja inmobiliaria que arrancara a finales del pasado siglo, en la que en apenas 10 años se construyeron 6 millones de viviendas, los precios no solo no bajaron sino que se dispararon un 150 %.

Por lo que la cosa se reduce a una cuestión de fe en un modelo económico radical que vuelve a tropezar una y otra vez en la falta de control y regulación pero en el que se viene ahondando día sí y otro también a pesar de las sucesivas crisis afloradas en todo el mundo consecuencia del mismo desde que alumbrara el milenio.

Lo que viene a dar lugar a un cada vez mayor aumento de los desequilibrios y por tanto los descontentos -el perfecto caldo de cultivo para la aparición de nuevas formas de fascismo-, del que la vivienda es uno de sus más certeros exponentes.

Por último, tal es el grado de contaminación en las filas liberales de las tesis elaboradas por su derecha más reaccionaria que les hace caer en la trampa del presunto problema de «la okupación» y otro nuevo supuesto «la inqui okupación», el moroso de toda la vida -como hemos referido muchas veces el uso del lenguaje es muy importante-, cuando no ya a la vista de los datos facilitados por las autoridades judiciales que evidencia que tales supuestos representan un porcentaje ínfimo en el conjunto de viviendas en España, sino que las oficinas abiertas en algunas Comunidades Autónomas al respecto a instancias de Vox apenas han tenido actividad desde su puesta en marcha y, en la inmensa mayoría de los casos, la poca habida se ha ceñido a consultas sobre los citados casos de morosidad.

En definitiva dos modelos antagónicos, el progresista basado en la empírica y el servicio público y otro liberal que redunda de nuevo en esa fe ciega puesta en una presunta libertad de mercado que hasta ahora y en el caso de la vivienda y al menos en cuanto a su asequibilidad se trata aún resta por ver. Dos modelos por los que en cualquier caso habrá de decantarse el electorado el próximo 29 de noviembre.