«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
La cita no forma parte del relato de una novela de ficción sino que es un fragmento del tan cacareado artículo 47 de la Constitución Española de 1978 que se han venido saltando a la torera todas las administraciones públicas de este país desde el refrendo de la misma.
En base a esa misma lógica, el reciente caso de Maricarmen, una anciana de 87 años que ha sido desahuciada en Madrid a pesar de estar al día de sus obligaciones, ha sido referido de manera absolutamente distante y obscena por determinados medios de comunicación, cierta clase política y unas cada vez más arrebatadas redes sociales como uno más de los 25.000 «lanzamientos», -que ya de por sí la expresión produce grima-, que se dan en España cada año y según estas mismas fuentes solamente ha servido para que la pérfida izquierda lo haya utilizado como una maniobra de distracción.
Como cierto es que en ninguna de las manifestaciones que se han sucedido a raíz del desahucio de Maricarmen, hemos visto esos españoles de bien envueltos en la bandera de España -sea con la efigie constitucional o el aguilucho de marras-, ni a los que ondean con entusiasmo la cruz de Borgoña, símbolo de los absolutistas de las guerras carlistas del s. XIX y que abrazaron más tarde los requetés a principios del pasado siglo.
Tanto como que algunos de sus privilegiados vecinos le hayan acusado de pretender seguir viviendo en una de las zonas más chic de la capital por solo 500 € al mes, que viene a ser como decir «qué coño hace esta miserable vieja por aquí».
La cruel realidad es que todas las administraciones públicas, sin excepción, han fallado de manera estrepitosa en el caso de Maricarmen en particular y en todo lo referido a la vivienda en general.
Solo ahora, a toro pasado, el gobierno de España y en lo que le toca al Ayuntamiento de Madrid que por el mero hecho de vecindad tenía que haber sabido reaccionar con premura ante semejante desatino, parecen tomar algunas iniciativas. De la Comunidad, ya sabemos por boca de su presidenta que ni está ni se le espera.
Pero en cualquier caso se llega tarde. En lo particular, como decíamos antes, Maricarmen ha sido víctima primero de unas leyes franquistas que impedían que una mujer casada pudiera firmar un contrato de alquiler a su nombre cuando sus padres llegaron a esa casa allá por 1956, lo que hubiera impedido esa doble subrogación a la que se ha agarrado el tribunal para echarle de la misma. A lo que cabe añadir las consecuencias de un modelo económico desalmado y por último de la negligencia de las propias leyes.
Estamos pues ante el fracaso de toda una sociedad que ha sido incapaz de dar respuesta a una anciana con 87 años que tras permanecer 70 en una vivienda y pagar puntualmente su alquiler no ha podido evitar que se le ponga en la calle sin mediar con antelación suficiente alternativa alguna.
La vivienda es un problema que está sacudiendo a toda Europa a cuentas de un modelo especulativo resultas de la mercantilización de todas las facetas de la vida que ha deparado el modelo capitalista dado desde finales del siglo pasado. Y que, entre otras cosas, se está llevando por delante a buena parte de gobiernos europeos.
Pedro Sánchez no va escapar a ello, sobre todo en un país como España donde como ocurre por lo general en todos los países del sur y el este de Europa la vivienda ha sido siempre un activo financiero, es decir un negocio, mientras que en el centro y norte del continente es un derecho.
Una tormenta perfecta que excepcionalmente -en medio de una vorágine donde la derecha ultra liberal y nacionalista está copando cada vez más puestos de poder-, fenómenos como el de Die Linke –La Izquierda-, en Berlín o el propio Zohran Mamdani, del ala más izquierdista del Partido Demócrata en Nueva York, han conseguido sus respectivas alcaldías impulsados por sendos programas donde el acceso a la vivienda son uno de sus pilares fundamentales.
Pero España no es Berlín donde el 85 % de la población vive de alquiler, ni siquiera Nueva York donde la mitad de sus moradores lo hace del mismo modo. En España, por el contrario y debido a esa percepción cultural de la vivienda, «antes propietario que proletario», esos porcentajes se invierten en tanto en cuanto casi un 75 % de las mismas son en propiedad. Un porcentaje que llegó a ser más alto pero que se ha reducido tras el estallido de la crisis inmobiliaria de 2008.
No digamos ya cuando se trata de vivienda pública donde, a la hora de los análisis suelen compararse las dos capitales antagónicas por naturaleza en Europa. Por una parte Viena, donde gobierna ininterrumpidamente el Partido Socialdemócrata desde 1945 –con una larga tradición de políticas de izquierda-, y donde el 60 % de la ciudadanía reside en viviendas públicas de alquiler; de otra Madrid donde estás apenas si superan el 1 %, dato tan elocuente que poco más hay que decir.
Con esos mimbres, el citado modelo cultural y una perspectiva donde, precisamente, los partidarios de la más completa desregulación de lo público van a hacerse con el gobierno de la nación así como la casi totalidad de Autonomías en solo unos meses, hace imposible creer que la actual situación pueda revertirse.
De quedar entonces la resolución del problema en manos privadas tal como auspician las recetas liberales, facilitando suelo para fomentar la construcción a tutiplén, ya quedó demostrado de forma palmaria a principios del presente siglo no solo que no rebaja los precios, sino que por el contrario los sube debido precisamente a ese carácter especulativo del mercado de la vivienda en España y en buena parte de Europa.
Prueba de ello y tal como decíamos antes que lo peor, más allá del drama personal de Maricarmen, que muchas personas, sobre todo aquellas que rezuman españolismo a diario, se ponen de perfil en asuntos como este asumiendo con naturalidad y disciplina la apabullante crueldad de la libertad de mercado.
La misma libertad que exhiben los más fuertes con la sumisa condescendencia de las leyes. Los mismos a los que una muchedumbre enfervorizada les está entregando los gobiernos del mundo con la fe puesta en que alguna vez podrán ser como ellos sin darse cuentan que la avaricia y la codicia de estos harán lo imposible para evitar que puedan conseguirlo.
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