La conocida como LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, el Urbanismo y el Paisaje) desde el pasado verano del año 2014 se ha presentado como continuista, una norma que pretendía simplificar el amplio cuerpo legal al que nos ateníamos anteriormente.
Sin embargo, otros han detectado que esta ley viene a reforzar todavía el modelo de hacer ciudad basado en el crecimiento y olvidando las necesidades de apoptar ya un Urbanismo Social que otorgue la soberanía a los ciudadanos sobre el futuro de lo que etimológicamente les pertenece.
En la sociedad industrial se consolidó el modelo teórico de urbanismo moderno que justificaba la intervención de la Administración en el Urbanismo; modelo cuyo objetivo es la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, mediante la garantía de equipamientos, infraestructuras y servicios públicos capaces de promover el dinamismo económico y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, esto evidentemente en escasas ocasiones ha traspasado el marco teórico y el Urbanismo actual está muy lejos de atender a los intereses de los ciudadanos.
Desde la consideración de que seguiremos creciendo se adopta el término sostenibilidad atendiendo a la demanda. Seguimos por tanto, sustentando nuestro modelo en la economía del ladrillo, sin reales soluciones para lograr resolver los grandes problemas urbanísticos que se dan en muchos territorios.
Lo que muchas leyes europeas y los modelos de ordenación del territorio más admirados defienden, en esta LOTUP ha sido de nuevo ignorado. Las Administraciones Públicas Locales han visto reducidas sus competencias y obligaciones, mientras los conflictos han aumentado y éstas administraciones, siendo las más cercanas al ciudadano, observan su incapacidad para contribuir a la resolución de sus problemas. Todavía recordamos cómo los medios de comunicación resumían la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Pública en esa Ley que iba a reducir el déficit como jamás se había logrado, iba a convertir a la Administración Central y Autonómica en impermeable, iba a evitar cargos y sueldos inflados en la Administración, la recentralización de la Administración, etc.
Mientras la Ordenación del Territorio sea entendida como un motor de crecimiento económico lejos estará de cubrir y atender las necesidades de los ciudadanos. Aceptar desde la legislación este enfoque ha ido de la mano de una permisión por parte de la mayoría de la sociedad de la corrupción urbanística como norma y cuya única solución es criminalizar a agentes urbanizadores particulares.
La toma de conciencia y la proactividad de la participación ciudadana en el modelo de ciudad en la que habita supone un desafío, que a corto plazo será polémica y foco de discusiones sin duda.
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