Acabo de ver un anuncio de esos promocionados por el presentador de un programa de televisión en el que se publicita una conocida empresa de seguridad y sus sistemas de cerradura electrónica.
Lo curioso del asunto es que el anunciante donde hace especial hincapié es en los atributos «antiokupación», de su sistema tanto o más si cabe que a los casos de robo. Del mismo modo que en infinidad de campañas en todos los medios de comunicación protagonizadas por las principales compañías del sector.
Cabría entonces preguntarse si ese es el principal cometido de estos productos o si en España hay más ocupaciones que atracos en domicilios. A tenor de las cifras oficiales, en 2024, más de 95.000 atracos frente a 16.000 denuncias por ocupaciones y teniendo en cuenta que en estas últimas se suman las usurpaciones con los allanamientos de morada.
Otro nuevo concepto: «Inquiokupa». Cuando escuché por primera vez el término me resultó sorprendente por desconocido. Pero luego me sorprendió más cuando descubrí que el llamado «Inquiokupa», es el moroso de toda la vida. Es decir aquella persona que deja de pagar el alquiler bien por causa sobrevenida o simplemente por ser una jeta.
No vamos a entrar ahora en el gigantesco problema de la vivienda en España, como en el resto de países de nuestro entorno –el pasado jueves el Consejo Europeo ha reunido a los líderes europeos instando a Bruselas afrontar esta nueva crisis-, consecuencia de un modelo económico devastador basado en la especulación y que ha sometido al dios Mercado todos los aspectos de la vida económica, política y social a lo largo de las últimas décadas.
Por mucho que intenten hacernos creer, los que más interesados están en que todo siga igual para que nada cambie, que el problema de la vivienda es culpa de los tan manidos okupas y de la pretendida -o quizá interesada-, inseguridad jurídica que ello provoca pasando de largo por la verdadera realidad que sacude a todo el continente.
Pero no, nos vamos a hablar de eso.
Ni de la infinita lentitud de los procesos judiciales. Yo mismo, hace ya mucho tiempo, tardé más de un año en esperar una sentencia condenatoria contra un tipo al que alquilé un local y había pagado solo la mitad de la fianza. Y eso que la denuncia se interpuso de inmediato cuando nos enteramos de la calaña del mismo.
Tampoco de por qué la policía actúa en unos casos con absoluta premura y en otros, exactamente idénticos, redirigen a los propietarios a nuevas empresas «desokupas», en situaciones flagrantes de allanamiento de morada. Y eso que ya el Tribunal Supremo en 2020 delimitó aun con mayor claridad el sentido del término entendiendo por morada todo lugar al que se dé uso de vivienda, aunque se haga de manera intermitente o temporal y sin que la policía necesite instrucción judicial alguna para actuar de inmediato tras la pertinente denuncia.
Ni siquiera vamos hablar esta vez de que el gobierno de España legislara en su momento, en base a un criterio de vulnerabilidad, un plazo adicional de tres meses para que la administración pública facilitara una vivienda a familias sin recursos en caso de morosidad.
Otra cosa es qué sea la propia negligencia de la administración y la judicatura la que dilate el asunto hasta dos o más años en detrimento de la propiedad.
Ni, por supuesto, de esas miles y miles de viviendas de carácter social vendidas por las propias administraciones públicas a fondos buitres que han acabado doblando y hasta triplicando el precio del alquiler para expulsar a los inquilinos. Y otras que sin ser de titularidad pública son vendidas al por mayor a los mismos para hacer de estas pisos turísticos.
En definitiva que de lo que hemos venido a hablar hoy es que la vivienda no es solo un negocio para los propietarios que actúan de buena fe, algo del todo legítimo faltaría más, sino otro negocio en toda regla para una extensa fauna de especuladores, aseguradoras, empresas de seguridad y desokupas de dudosa legalidad que mediante el uso del lenguaje y la publicidad generan aun mayor inseguridad con la vista puesta en que se contraten sus servicios.
Peor todavía en el caso de las últimas, alguna declarada ya como organización criminal, a las que se recurre en numerosos casos no ya para desahuciar por la fuerza a un okupa o a un moroso de verdad sino a un inquilino cualquiera que aun al día de sus obligaciones se le exige la salida de su vivienda con fines espurios.
Ah y que no se nos olvide recordar puestos ya a ello y sobre todo a esos que se les llena la boca, día sí y otro también, con eso de la «constitucionalidad» que:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”
(Artículo. 47, Cap. III, del Título I. De los derechos y deberes fundamentales de la Constitución Española de 1978).
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