Política vs antipolítica

Imagínese usted, por un momento, multimillonario. Que estamos a finales de los años 70 y que su carga fiscal es del 60, el 70 % o incluso más y ahora aparece una nueva clase política que les dice a usted y a los suyos que esta se la van a rebajar a la mitad y que, prácticamente, va a poder hacer a partir de ese momento con la economía, la industria, el comercio y las finanzas de su capa un sayo.

Ahora volvamos a la presente década, 50 años después, y su gobierno le dice, más bien a sus herederos claro está, los que se han hecho muchísimo más ricos que lo fue nunca usted y que han acumulado un poder omnímodo en todas las facetas, incluidos los medios de comunicación y unas cada vez más influyentes redes sociales, que tomen el camino de vuelta medio siglo atrás.

Hagamos pues un ejercicio de convicción y veremos que es mucho más sencillo dar un paso adelante en aras del sensible aumento de los beneficios con una visión cortoplacista del asunto que un paso atrás para volver a formar parte de eso que se llamó en su día solidaridad y bien común.

Peor todavía en países como España, Grecia o Portugal que se perdieron la primera parte del enunciado.

Tanto es así que recuerdo como hace casi 50 años, en mi primer trabajo fuera de casa, me despidieron por insistir reiteradamente a mi jefe tras cuatro años en la empresa que me diera de alta en la Seguridad Social.

Mientras que en el segundo de mis empleos, decidí abandonar el mismo cuando el dueño de esta me dijo que su obligación como empresario era pagarle lo menos posible a los trabajadores.

Al fin y al cabo, la lógica de la doctrina actual, que en España no faltó nunca y que, curiosamente, se ha acabado imponiendo aunque por otros motivos en la cultura occidental.

Plegados pues al modelo, una vez desaparecida la socialdemocracia así como aquellos liberales progresistas que tras el cataclismo de la II Guerra Mundial intentaron hacer de la democracia y el estado del bienestar su bandera, cualquier intento por recuperar semejante órdago ha sido sepultado por la forma más egoísta y calumniosa del capitalismo.

Eso, ni más ni menos, es lo que viene ocurriendo los últimos años tras los repetidos fracasos y crisis desencadenadas en todos los sectores por el modelo económico actual sobre todas aquella personas que pretendan poner coto al mismo.

Es lo que le sucedió a Syriza en Grecia, a Jeremy Corbyn al frente del Partido Laborista británico a Lula da Silva en Brasil, a Antonio Costa en Portugal, a Podemos en España como está a punto de sucederle a Yolanda Díaz, ha puesto contra las cuerdas a Pedro Sánchez y puede acabar con Joe Biden en los EE.UU. el próximo mes de noviembre.

Y lo peor de todo que esto que pudiera parecer una aberración es aplaudido por millones y millones de personas en todo el mundo. Es toda una cultura que se ha creado basada en el egoísmo, el odio al diferente y contra el que no piensa como uno mismo.

«Todos son iguales»

Son numerosos los lemas exitosos propiciados por el sistema que han consolidado esa especie de cultura reaccionaria que condiciona la sociedad actual.

Desde el «no se puede hacer otra cosa», como si ninguna otra manera fuera posible de entender la política, la economía, las finanzas, la sociedad o la propia libertad de mercado al «todos son iguales», en un pretendido acto de provocar el desafecto por la política a la ciudadanía.

Tanto es así que hasta las ONG son vistas con recelo por multitud de personas, degradadas en las redes sociales y en la prensa amarilla por su carácter solidario. Vilipendiadas en extremo cuando alguno de sus miembros, por pocos que sean entre millares, comete actos reprochables.

Asumir alguna responsabilidad en cualquier tipo de organización, desde una de carácter empresarial, la asociación de vecinos o la peña del fútbol son vistas con recelo por una multitud que se consume a sí misma entre el odio y la envidia.

Todo ello encaminado a la supervivencia de un sistema donde el «todo vale» y el «es el mercado amigo», en pos del beneficio rápido es su principal paradigma.

Solo el cumplimiento de las leyes es el límite que se impone el sistema a todo ello; el equívoco radica en que es éste mismo quien las inspira.

El Lawfare o el partido de los jueces

Claro que el lawfare, «la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente», es un hecho y lo ha sido desde la profundidad de los tiempos.

El que esto ha venido ocurriendo de forma velada es una realidad irrefutable pero el problema se ha hecho mayúsculo cuando los jueces se convierten en una especie de partido político para a través de los recursos que les proporcionan sus poderes desviar la opinión pública de manera manifiesta en favor de una u otra opción política.

En lo que nos toca, probablemente no haya mayor evidencia de ello que la actuación de dichos jueces en el órgano de gobierno de los mismos y desde donde se nombran directamente los destinos de la mayor parte de los miembros de la judicatura.

Por regla natural los jueces tienen un carácter conservador en todos los países de nuestro entorno pero este se acentúa todavía más en países como España donde estos han procedido desde siempre y en la mayoría de los casos de una clase aristócrata excesivamente reaccionaria.

Así, con una Transición incompleta, la judicatura ha seguido marcando el paso de la política española desde el fin de la dictadura. Lo que se ha mantenido en el tiempo dando lugar a que, especialmente, tras los gobiernos del Partido Popular la renovación del CGPJ se ha demorado mucho más que cuando ha sido el PSOE el partido saliente.

Así hasta llegar al caso actual, con el mandato caducado desde hace más de 5 años del consejo rector de los jueces a pesar de las demandas no ya sólo del gobierno de España sino también de las instituciones europeas.

Para colmo publicitando informes sobre leyes que ni si quiera han sido aprobadas y sobre cuestiones que, en cualquier caso, ni siquiera son de su competencia con la evidente intención de deslegitimar al gobierno haciendo de oposición al mismo e interfiriendo así los poderes del Estado.

Otra cosa será el método de elección de los miembros del CGPJ, siempre discutible, pero esa es una cuestión que en ningún caso corresponde a los mismos sino al poder político –de ahí la máxima de la separación de poderes en democracia-, por lo que en aras de cumplir con la función que les corresponde que es la de impartir justicia en cumplimiento de las normas establecidas, no cabría otra cosa que la dimisión o el cese de sus miembros si tras un cambio de gobierno no hubiera acuerdo entre los responsables políticos en un plazo definido.

De no ser así sólo puede entenderse dicho órgano rector como un partido político dispuesto a ejercer como un actor más en un poder del estado que no le compete.

Pedro Sánchez y el PSOE

El partido del «sí pero no», tal como le califica un habitual comentarista de esta columna.

Colaborador con la dictadura de Primo de Rivera, para significarse posteriormente con la bandera socialdemócrata durante la II República para caer en las redes del socio liberalismo de los 90 hasta quedar abducido por la ortodoxia liberal con la llegada del presente siglo.

Pedro Sánchez es una prueba más de dichas contradicciones. Enfrentado y defenestrado por la rama más reaccionaria del mismo, encabezada por un Felipe González en las antípodas de aquel abogado laboralista que conquistó al grueso de la sociedad española, Pedro Sánchez fue capaz de recuperarse y arropado por buena parte de los afiliados de base del PSOE lograr la secretaria general del Partido tras un duro enfrentamiento con su propio aparato.

Pero la vieja guardia felipista y sus incondicionales de siempre se la ha tenido jurada desde entonces. Lo que se acabó acentuando cuando tras su fallido acuerdo con un ultra liberal como Albert Rivera, líder del casi extinto Ciudadanos, decidió arrogarse a Unidas Podemos, renovado guardián de los atributos de una socialdemocracia de la que el propio PSOE había adjurado.

A partir de ahí, Pedro Sánchez y el PSOE asumen un nuevo escenario y a regañadientes tienen que asumir las políticas progresistas de su coalición –laborales, sociales, fiscales, en materia de pensiones, etcétera-, hasta el mismo día de hoy.

Ni más ni menos que un nuevo giro de guion en la centenaria historia del PSOE.

Cuestión de empatía

Una vez más este mismo PSOE que ahora reclama unidad y empatía con el presidente del gobierno y secretario general de su partido ante los continuos envites de una oposición despiadada vuelve a poner en evidencia lo olvidadiza y paradójica que puede ser la acción política según sea el caso.

Todos los que andamos en esto del análisis de la vida pública y así lo manifestamos en su momento, éramos perfectamente conscientes que tras el arribo al poder de un gobierno presumiblemente con ideas de progreso y avances sociales en estos tiempos que corren iba a ser sometido al peor de los escrutinios por la clase dominante.

Que tan consabido sistema se iba a defender con uñas y dientes en aras de no perder un ápice del poder logrado, traducido una vez más en ingentes beneficios, a lo largo de las últimas décadas.

La espectacular irrupción de Podemos en la vida pública con unas ideas y propuestas que venían a deslegitimar a este último intentando poner de nuevo en el centro del mismo el bien común por encima del de el individuo iba a encender todas las alertas en contra de este.

Así fue y Podemos, además de por sus propios errores, ha acabado siendo víctima de una persecución implacable desde todos los frentes a los que tan poderoso sistema tiene acceso. La judicatura por una parte, con decenas de causas abiertas, algunas de las mismas rozando lo inverosímil, para acabar todas y cada una de las mismas archivadas sin tan siquiera llegar a juicio y, casi siempre con el mismo juez como protagonista.

Por otro lado desde una ingente caverna mediática a través de numerosos medios de comunicación, unas infectas redes sociales y el acoso sistemático de la familia de su líder de cabecera durante años en su propio domicilio.

Pero el PSOE y el propio Pedro Sánchez en ningún momento mostraron la empatía que ahora solicitan para sí.

La carta

El que la tan manida carta del presidente del gobierno de España sea el resultado de una situación irrespirable para un ser humano y su familia, víctimas de una forma de ejercer la oposición política de manera tan despreciable y de la que ni siquiera existen precedentes en la democracia española, cuando se trata de un personaje como el de Pedro Sánchez y su propio partido nunca sabremos si en realidad responde a ello o a una nueva maniobra por ganarse el fervor popular.

Pero muy por encima de esto lo que viene a poner en evidencia que determinados grupos políticos y mediáticos no solo intentan hacer la vida imposible al presidente y todo su entorno hasta la extenuación propiciando su hundimiento y con él la derogación de su gobierno en una táctica propia del mismísimo Goebbels sino que pone al borde del abismo la propia democracia debilitando cada vez más sus instituciones.

Quizá incluso la demanda aceptada por el juez contra la esposa del presidente, sobre todo viniendo de organizaciones de más que reconocida poca o nula credibilidad, quede como en el resto de los casos en agua de borrajas y resulte archivada sin más al cabo de unos meses o años. Pero si otro gobierno progresista cae definitivamente, la operación habrá resultado un éxito y se habrán consumado sus objetivos.

Por citar el caso más flagrante y reciente, también en España, el de la ex líder de Compromis Mónica Oltra. La vicepresidenta del gobierno valenciano fue obligada a dimitir en 2022 encausada, a pesar de los informes de la propia policía y la guardia civil que probaban su inocencia, por presuntamente encubrir a su ex marido en un delito de acoso sexual todo ello basado en fuentes periodísticas y tras la denuncia de grupos de ultra derecha.

Sin embargo, hace solo unas semanas, dicha causa ha quedado definitivamente cerrada, resultando Oltra no solo sobreseída sino que la propia sentencia recoge que la ex política hizo en su día todo lo posible para que se esclarecieran los hechos. Ninguno de los medios que le acusaron ha pedido disculpas por ello.

Porque el objetivo estaba conseguido. Compromis y la coalición de izquierdas que gobernaba la Comunidad Valenciana perdió buena parte de su credibilidad y acabo siendo desalojada del gobierno en las elecciones del año siguiente.

No estamos ante un fenómeno único que se dé solo en España sino que se trata de una corriente que está poniendo al borde del precipicio la libertad y la democracia en toda Europa y en buena parte del resto del mundo.

Los profesores Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, de la Universidad de Harvard, en su libro «Cómo mueren las democracias», ed. Ariel, 2018, escriben:

“En su ensayo de 1964 «El estilo paranoide en la política estadounidense», el historiador Richard Hofstadter describía el fenómeno de la «búsqueda de estatus», que, en su opinión, tiene más probabilidades de darse cuando se percibe que la situación social, la identidad y la sensación de pertenencia de los grupos se encuentran amenazadas existencialmente. Ello lleva a adoptar un estilo de hacer política «sobreexcitado, receloso en exceso, exageradamente agresivo, grandilocuente y apocalíptico». Medio siglo después de su publicación, el ensayo de Hofstadter puede resultar más relevante que nunca. La lucha contra la merma de estatus de la mayoría de la población es, en buena medida, lo que alimenta la intensa animosidad que ha acabado por definir a la derecha estadounidense”.

Una forma de hacer política que ha acabado siendo exportada desde EE.UU. al resto del mundo con la irrupción y consolidación del trumpismo.

El florero

Quizá no tenga que ver mucho con el caso pero en el mismo contexto podríamos recurrir a otra experiencia propia. Hace muchos años tuve un cliente en un pueblo de Cáceres que era un conocido activista de izquierdas. Tenía una pequeña tienda y poco a poco con mucho trabajo y esfuerzo fue progresando, ampliando el local, el número de empleados a los que, según ellos mismos, siempre trato de la mejor manera hasta reunir cierto capital. Más tarde creo otra empresa donde dio trabajo a desempleados con la mejor intención y desde la que, según he tenido reciente conocimiento, ha accedido a su jubilación.

Al cabo del tiempo, mi buen amigo, se compró un Mercedes. Cuando me lo enseñaba, lleno de satisfacción, le dije si ello no sería motivo de crítica en su pueblo y si no generaba cierta contradicción con sus creencias políticas a lo que me respondió que lo primero le importaba un carajo y lo segundo que no tenía nada que enmendar porque aquel coche era el fruto de un trabajo y de una trayectoria profesional de lo más honrada. Y tenía razón.

En relación al asunto de la esposa del presidente del gobierno, al margen de lo legalmente establecido para toda la ciudadanía, merecería la pena detenernos en una cuestión que apenas si ha pasado de puntillas sobre el caso y es el papel del entorno familiar de los responsables públicos.

Una cuestión que en numerosas ocasiones he debatido con amigos acerca del papel que han de jugar estos cuando un familiar allegado ostenta un cargo público.

Así y puestos a elucubrar de nuevo, imagine ahora usted que es el esposo, la esposa, hermano, hermana, tío o tía –a la esposa del presidente se le ha acusado de que un tío suyo regentaba prostíbulos hace más de una década-, primo o prima de un representante público. ¿Qué tendría que hacer usted en ese caso? ¿Podrá solicitar una ayuda pública para su negocio o empresa? ¿Tendrá que abandonar su trabajo si este conlleva cualquier tipo de relación directa o directa con las administraciones públicas?

Quizá, dado el caso, debería modificarse la Constitución y del mismo modo que esta permite el dislate de que el Rey pueda cometer cualquier acto delictivo con total impunidad establecer también la condición de «florero», hasta cierto grado de consanguinidad, para aquellas personas con un pariente muy allegado que adquiera responsabilidades públicas.

Pero ¿no se estaría vulnerando de ese modo nuestros derechos? ¿El que una persona allegada tenga un cargo público implica que su entorno más cercano pase a ser ciudadanos de segunda y no pueda cumplir con sus aspiraciones profesionales?

Quedémoslo para la reflexión, aunque lo que si sabemos que en el caso de las derechas tales acciones no tienen coste alguno; salvo en el caso del ex presidente del PP Pablo Casado que por solo decir que le parecía inmoral que el hermano de una presidenta de Comunidad Autónoma se hubiera forrado a costa de la pandemia fue fulminado de su puesto.

La decisión

Ayer lunes el presidente Sánchez, al menos por el momento, se ha reafirmado en su decisión de continuar al frente del gobierno de España, aunque si de lo que se trata es de una huida hacia adelante, necesita doblar la apuesta en cuanto a las reformas que necesita la sociedad española, que siguen aplazándose sine die, para acercar España a los países más desarrollados.

Lo que tampoco parece nada claro –la propia Yolanda Díaz ya le ha advertido de la necesidad de ello y no de tanta sobre representación-, ya que Sánchez dice quedarse por la necesaria regeneración democrática de este país. Tampoco estaría de más, pero la realidad es que para ello sería necesario el concurso de la oposición y resulta más que evidente que ésta no está por la labor porque aun siendo el objetivo Pedro Sánchez y el derrocamiento de su gobierno como estamos viendo en todo occidente la cosa va mucho más allá.

Uno puede entender que un presidente que lleva escuchando improperios de todo tipo desde el minuto uno que arribo al puesto hace seis años, que ni siquiera ha tenido nunca los cien días de gracia que le concede la oposición, ni siquiera con una pandemia de por medio, pueda llegar a estar cansado y tenga que parar un instante a reflexionar si merece la pena tanta animosidad y tanto odio.

Pero lo cierto que dicha reflexión, diferida en 5 días, parece ahora una nueva pirueta de Sánchez para poner el foco sobre él mismo y sobre un problema, la política de tierra quemada que viene practicando la oposición en todo ese tiempo y cada vez de manera más airada. Pero realmente no era necesario recurrir a dicho espectáculo para eso. O quizá sí, para todos aquellos que andan en Babia de lo que sucede en el mundo.

Poco o nada aporta entonces ese presunto efecto Sánchez si no se ponen en marcha medidas de calado para la ciudadanía. Especialmente cara a sus votantes y al electorado progresista porque pescar en cualquier otra parte es una guerra perdida por cuanto ya se ha encargado la oposición y su poderosa artillería mediática de hacer creer a esa parte de la población española que su país está en medio del apocalipsis por mucho que los datos demuestren lo contrario.

Lo tiene extremadamente difícil por dos razones. La primera porque a la vista del resultado de la misma noche electoral se vio claramente que la legislatura iba a ser de poco contenido legislativo por cuanto la mayoría progresista necesitaba apoyarse en el concurso de dos partidos alejados de sus propuestas programáticas.

Por una parte el PNV, aunque con este, el único partido que mantiene el apelativo demócrata cristiano, es posible llegar a ciertos acuerdos por su carácter liberal progresista también en lo político. Pero en el caso de Junts, además de su probado carácter extorsionador con el fenómeno Puigdemont, es un partido que su rol natural le sitúa por completo en la misma línea del Partido Popular en cuanto a cuestiones de índole de económico, social y laboral con lo que resulta prácticamente imposible llegar acuerdos desde posiciones progresistas con el mismo.

El segundo motivo y más importante que, como estamos viendo en todo el mundo occidental, la extrema derecha y muchos de los antiguos partidos liberales que han caído en su órbita, como es el caso del PP en España, están intentando sembrar el caos en las instituciones no se sabe exactamente con que cometido pero, evidentemente, en primer extremo con erradicar todo atisbo de gobiernos de carácter progesista y más aún con formaciones políticas que intentan retomar las propuestas de la socialdemocracia.

Las mismas a las que se les acusa en todos lares –hasta al propio Biden le acusan de traidor comunista-, de querer reconvertir los países occidentales de forma aparente con un símil de Corea del Norte, una dictadura chavista o incluso en un régimen como el de los ayatolás.

De ahí que como en el caso de Pedro Sánchez y su gobierno se recurra por parte de la oposición a términos como autócrata, bolivariano, déspota, caudillista o de gobierno ilegítimo entre otros muchos para descalificarle continuamente con alevosía y con la clara intención de crear inquietud en la ciudadanía.

Hay numerosos ejemplos de ello de manera reciente, de los cuales citábamos varios en este mismo artículo, como los casos de Costa en Portugal o de Mónica Oltra también en España. El propio Viktor Orban, primer ministro de Hungría en el discurso de apertura de la Conferencia de Acción Política Conservadora el pasado jueves en Budapest, en presencia de Santiago Abascal, Geert Wilders, Mateusz Morawiecki y demás líderes ultraderechistas europeos, seguro de su previsible éxito en las próximas elecciones europeas y norteamericanas ha dicho:

«Este año podremos cerrar una etapa infame de la civilización occidental, el orden mundial basado en la hegemonía progesista liberal (…) Estas elecciones coinciden con cambios importantes en las tendencias políticas y geopolíticas mundiales; el orden del mundo está cambiando, y debemos hacer que nuestra causa triunfe en medio de estos cambios (…) Los liberales progesistas sienten el peligro; reemplazar esta era significa reemplazarlos a ellos».

Así, tomara la decisión que tomara, el gobierno de Pedro Sánchez lo tiene casi imposible. Por mor a la verdad baste decir que hasta hace solo unos días hacía más de un año que a la ministra de trabajo no se le había hecho una sola pregunta desde la bancada de la oposición que, por cierto, solvento la misma sin mayor dificultad como es habitual; mientras que en el caso del ministro de economía tras 7 meses en el puesto tampoco ha sido solicitado por la oposición al respecto.

Si dos de los cometidos más importantes de la sociedad española no son motivo de debate por parte de la oposición al gobierno, qué es lo que puede esperarse entonces de las intenciones de la misma.

Esperaremos acontecimientos pero mientras los tradicionales partidos liberales no sean capaces de salir de ese bucle al que les ha arrastrado un modelo económico tan despiadado que decidieron hacer suyo a finales del siglo pasado, con el fatal resultado de las crisis del presente, hasta dejarse caer en los brazos de una nueva extrema derecha sumamente reaccionaria que está tomando cada vez más recursos de poder, va a ser difícil, casi imposible, que la sociedades que alumbraron toda esa serie de valores de libertad y democracia tras la trágica experiencia de la II Guerra Mundial, puedan seguir teniendo continuidad.