De las cosas del campo, agricultores y ganaderos.

A fuerza de ser sincero, vaya por delante que uno es urbanita por devoción, además de nacimiento, y el campo es algo por lo que apuesto poco más que para dar rienda suelta a mi afición por la fotografía.

Pero, claro que sí, hay problemas que son conocidos desde hace tiempo y que las políticas propias del modelo económico propician todavía más su recrudecimiento. No en vano, acá por mi tierra, recuerdo desde hace años, la carretera a la capital cubierta en innumerables ocasiones de tomates arrojados por los agricultores ante la sucesión de agravios contra los mismos.

Para colmo, el cambio climático y sus consecuencias traducidas en épocas de sequía cada vez más repetidas y duraderas acrecientan todavía más las dificultades de productores y ganaderos.

Aunque las protestas hayan comenzado en Francia, como el devenir de la historia nos tiene acostumbrados, el que hayan acabado ampliándose a toda Europa pone en evidencia que el problema resulta mayúsculo y, con las particularidades de cada caso, común a la mayor parte de los implicados.

Puesto uno a investigar sobre el asunto, según datos oficiales de la propia Comisión Europea, un 20 % de personas acaparan el 80 % de las ayudas comunitarias al campo –la famosa PAC-, y se trata de grandes explotadores en detrimento de pequeños agricultores y la ganadería extensiva de siempre que aun siendo mayoritarios son a la vez los grandes damnificados.

No ocurre solo en España aunque, como siempre, se quiera hacer creer lo contrario. El gran capital ha ido tomando el campo, primero en EE.UU. para pasar después a Europa a través de poderosos fondos de inversión, también españoles, que en su política de diversificación están abriéndose paso en un sector al que consideran un valor refugio en caso de inestabilidad geopolítica y al que pueden dotar con altos márgenes de rentabilidad con las estrategias habituales de la economía de escala.

Otra cosa es el uso impúdico que gente de todo tipo quiera hacer de las protestas. En España, por ejemplo, otro motivo más de la oposición conservadora para echarle la culpa al gobierno rojo-satánico de Pedro Sánchez de todo cuanto acontezca aunque, en este caso también, a las autoridades europeas.

Pero, se les olvida decir que son ellos mismos, liberales y conservadores, los que gobiernan la Unión Europea desde la llegada del milenio, la inmensa mayoría de los países que la integran y en España buena parte de sus CC.AA.

Que son quienes vienen aplicando las políticas que ahora quedan en entredicho, incluso con el respaldo de la familia socialdemócrata y el de sus propios votantes. En resumidas cuentas que todos son responsables del entuerto, por mucho que algunos pretendan escurrir ahora el bulto.

Al menos, sí que ha servido el jaleo para que en el caso de España el ruido mediático y político habitual se interese más por las cosas del comer y deje un poco de lado el lío de la amnistía y el terrorismo. Los dos temas que ocupan en primera instancia y a todas horas la agenda diaria de políticos y periodistas aunque según la demoscopia para los españoles el primero ocupa el último lugar de sus preocupaciones y el segundo ni siquiera aparezca entre ellas.

Ya se justificaba al respecto un columnista de un conocido diario conservador que si bien esto último es rigurosamente cierto en virtud a los datos, la actualidad es lo que manda. Aunque ello, quiérase o no, también tenga su importancia.

Pero eso no quita que haya muchos que quieran sacar rédito electoral del jaleo, se llenen la boca en exceso, apuntándose de paso al carro negacionistas, conspiranóicos y agitadores de toda índole tan de moda los últimos tiempos.

En definitiva que no nos vamos a extender mucho en el asunto porque la cosa tiene demasiadas variables, pero si lo haremos en las más evidentes y que alimentan los problemas del sector desde hace tiempo.

Al grano, nunca mejor dicho.

• El libre mercado

Entre otras supercherías, el modelo neoliberal vigente se fundamenta en el libre albedrío del mercado. Así la Unión Europea ha ido firmando tratados de libre comercio con buena parte de países en todo el mundo más allá de sus limítrofes, recientemente incluso hasta con nuestras antípodas y de manera inminente con Mercosur que agrupa la mayor parte de países sudamericanos.

Este último paralizado momentáneamente a raíz de las protestas de los agricultores europeos cuando ya había sido aceptado por los principales grupos de la Eurocámara entre los que se integran el PP y el PSOE. De hecho el PP ha venido haciendo alarde y necesidad de dicho acuerdo hasta el inicio de las revueltas y el propio ministro Planas, del PSOE, había esgrimido también hace poco que el saldo era favorable a las exportaciones de los productores españoles.

Como quiera de dichos acuerdos y la libertad de las grandes cadenas de distribución ávidas de un mayor beneficio, estas han desviado sus adquisiciones a productos procedentes de países extra comunitarios que no están sujetos a las normativas medioambientales de la U.E. pero con costes muchos más bajos lo que les permite aumentar de manera sensible sus márgenes comerciales.

Toda una contradicción en si misma de las reglas comunitarias desde el momento que, por una parte, exige a sus agricultores una serie de controles de calidad a sus productos en base a criterios medioambientales mientras que, por la otra, permite a las grandes cadenas de distribución importar mercaderías a un coste muy inferior sin los mismos requerimientos.

«Es el mercado, amigo», que diría el ínclito Rodrigo Rato y que simplifica de manera llana esa «libertad» de acción que tanto oímos una y otra vez de boca de conocidos signatarios. Desde el otro lado del Atlántico con tipos como Trump en EE.UU. más recientemente con inusitada vehemencia de boca de Javier Milei en Argentina y sin ir más lejos por estos lares a Díaz Ayuso, la presidenta madrileña.

Pero que, valga recordarlo, no se trata de un caso puntual de nuestro tiempo, sino desde hace décadas y con el apoyo en las urnas de buena parte de quienes reniegan ahora de todo ello a lo largo y ancho del continente.

En definitiva que debería caber en buena lógica que los productos extracomunitarios para poder ser comercializados en suelo europeo deban cumplir, al menos, las exigencias que los producidos en el seno de la Unión.

• La Ley de la cadena alimentaria

Con los mejores deseos el gobierno en España dio a luz la pasada legislatura la llamada Ley de la cadena alimentaria. Una ley que pretende poner orden en las relaciones entre agricultores y ganaderos con las distribuidoras para, entre otras cosas, impedir las ventas a pérdida de los primeros.

Una ley que marca un paradigma dentro de la propia Unión Europea y cuya propuesta está en fase de desarrollo entre los socios comunitarios. Hasta ahí bien, sin embargo el problema viene a la hora de su aplicación, lo que han denunciado reiteradamente las principales organizaciones agrarias.

El motivo: la falta de inspectores suficientes para hacer velar la misma. Vamos, lo de siempre en este país. ¿Quién es el gran beneficiado de ello?, pues ya saben ustedes, los grandes supermercados y las cadenas de distribución.

El presidente del gobierno se ha comprometido a raíz de las protestas y en sede parlamentaria a un aumento de las inspecciones y en la dotación de la ley. El PP por su parte, que votó en contra de su puesta en marcha en 2021, ahora se apunta también al carro. Veremos.

• El cambio climático y la Agenda 2030

Aunque, como decíamos antes, se hayan sumado también al jaleo negacionistas de toda índole y los alborotadores de siempre, en busca de rédito para la extrema derecha europea como viene sucediendo los últimos años y que según pronostican las encuestas puede cosechar aun mayores éxitos en las elecciones del mes de junio, buena parte de pequeños agricultores son plenamente conscientes de los retos que depara el cambio climático.

No hay dato más evidente que el de las reiteradas sequías y los fenómenos atmosféricos extremos cada vez más usuales. Precisamente lo que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantean con la transición ecológica «lejos de ser el problema, son en realidad parte de la solución y del futuro de una agricultura sostenible, saludable y justa».

«Exigimos con urgencia un cambio de modelo agroalimentario que priorice la soberanía y la seguridad alimentaria, fomentando y apoyando la ganadería extensiva; que reduzca el regadío agroindustrial y, con ello, la sobreexplotación del agua; y que fomente prácticas de cultivo que reduzcan el impacto negativo en los ecosistemas y garanticen la justicia social para quienes producen nuestros alimentos, apoyando al mismo tiempo a los pequeños agricultores con modelos sostenibles y locales», apuntan igualmente desde Ecologistas en Acción.

E insisten: «Los acuerdos de comercio e inversiones, que han llevado a la desregulación de los mercados, la precariedad laboral y los bajos ingresos de agricultoras y agricultores suponen una nueva vuelta de tuerca de esta explotación. Acuerdos neoliberales obsoletos, como el que actualmente la Unión Europea está negociando con el bloque Mercosur, han causado la destrucción de miles de pequeñas y medianas explotaciones en beneficio de las multinacionales del agronegocio, sobre la salud de las personas y el planeta». Los datos al respecto avalan de manera incuestionable tales afirmaciones.

Por otro lado, no cabe, según dicta el sentido común, ecologistas, agricultores y ganaderos prestos a ello que la Unión Europea siga subvencionando cultivos que se han hecho imposibles, sobre todo en el sur de Europa, como en casos tan flagrantes como el del arroz.

No se trata de tapar el problema a base de ayudas para un cultivo que se sabe perfectamente cada vez más inviable en esta zona geográfica del mundo. De lo que se trata es de facilitar las mismas para cambiar la morfología del terreno y que este resulte presto para otro tipo de plantaciones.

La escandalera mediática.

Poco que añadir sobre la habitual escandalera que propician las redes sociales, día sí y otro también, sobre todo en un ambiente tan crispado como el actual y con el que se pretende mediatizar a la ciudadanía.

Sobre todo para aquellas personas que han hecho de estas su principal medio de comunicación y tienden a simplificar problemas extraordinariamente complejos y las soluciones a los mismos en unas pocas líneas.

Tanto es así, que decía el otro día un conocido columnista de un diario tampoco sospechoso como el ABC que no estaría de más que los tradicionales partidos de derecha europeos, liberales y conservadores, dejarán de mimetizarse en casos como el de las reivindicaciones de las gentes del campo entre las andanadas de una extrema derecha en apogeo, con la intención de recuperar votos ante la inminencia de las elecciones europeas.

Porque ello solo conduce a avivar la llama del extremismo –ante tal diatriba siempre ganará el original sobre la copia-, como recuerdan numerosos historiadores y sociólogos de experiencias pasadas.

Tan culpables son los Macron, Sánchez, Scholz o la propia Meloni de hoy en día–por citar solo a los primeros espadas de las cuatro principales economías de la Unión Europea-, como sus principales opositores en el terreno de las políticas agrarias nacionales y comunitarias que son las mismas y han sido aprobadas conjuntamente por los principales partidos del continente y con el refrendo de sus respectivos votantes desde que el sistema capitalista diera un giro de 180º en los años 80 y 90 del siglo pasado.

Mientras dicho modelo no se modifique, mientras el electorado siga persuadido por los mantras de un capitalismo desbocado, la agricultura y la ganadería en Europa y especialmente en el sur del continente, como es el caso de España, no solo no será sostenible sino que simple y llanamente será imposible.