«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
(Constitución Española de 1978. Título I: De los derechos y deberes fundamentales, art. 47)
Resultan tan evidentes las gráficas que con ello bastaría para hacernos una idea de la casuística de la vivienda en España y en la Unión Europea.
Es evidente: a mayor renta disponible menos vivienda en propiedad y más vivienda pública en alquiler. A menor renta más vivienda en propiedad y menos vivienda pública en alquiler.
O lo que es lo mismo cuando los salarios son más bajos se utiliza la vivienda como valor refugio y las administraciones públicas tienen menos capacidad para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.
Tanto es así que, en España, uno de los diversos factores que está haciendo que suban los precios del alquiler es que muchas personas que han adquirido una segunda vivienda pensando en el futuro de sus hijos ante su falta de confianza en el mercado laboral, como quiera de la inusitada subida de los tipos de interés, se ven en la necesidad de aumentar el precio del alquiler para soportar una carga que de otro modo les resultaría inasequible.
Malos augurios: según los datos facilitados por el INE a primeros del presente año, son ya el 16,1 % de los hogares españoles en alquiler –casi 500.000-, los que destinan más del 40 % de sus ingresos a pagar el mismo. 10 puntos porcentuales más del máximo recomendado para mantener unos estándares mínimos de calidad de vida.
La vivienda en España
Tal y como vemos también en las gráficas, España vuelve a situarse tras los países más avanzados socialmente y por delante del pelotón de cola de la Unión Europea.
Más flagrante todavía en el caso de la vivienda en alquiler construida. En especial porque, dada su influencia en la economía y política española, la venta de viviendas siempre ha resultado un mercado mucho más provechoso para los promotores inmobiliarios y las entidades financieras.
Lo que ha devengado en un sector de la vivienda que se mercantilizó desde el primer momento sin que nunca haya constituido realmente un derecho.
Tanto es así que han sido los constructores, promotores inmobiliarios y los presidentes y principales accionistas de los bancos los que han compuesto desde siempre y de manera mayoritaria las élites de este país en detrimento de otros sectores industriales.
La cosa no viene solo del falangista José Luis Arrese, ministro de la vivienda entre 1957 y 1960, quien acuñara aquella legendaria frase de «antes propietario que proletario», sino que ya en 1911 la Ley de casas baratas puso en marcha un sistema de financiación pública, que el franquismo retomaría después con el sobrenombre de Viviendas de Protección Oficial.
De lo que se trataba con las VPO era de financiar a los compradores de viviendas bien privadas o públicas que al final también acabarían en manos privadas al completarse su adquisición.
Un fenómeno que dio luz a 7 millones de viviendas desde 1952 hasta 2016 –aunque a finales de los 80 el ritmo descendería bruscamente-, de las que poco más de una cuarta parte sería de titularidad pública. Todas o casi todas acabaron cayendo definitivamente en manos privadas bien fruto de su propia iniciativa o porque, como decíamos antes, se acabó ejecutando la opción de compra en el caso de las públicas.
A partir de ahí, en medio de la borrachera neoliberal, decenas de miles de viviendas públicas en alquiler fueron vendidas por las propias administraciones a fondos buitres, con las desastrosas consecuencias conocidas –un brutal incremento de los precios de alquiler y desahucios a tutiplén-, y su construcción se paralizó prácticamente por completo.
Un fenómeno que sacudió a toda Europa pero que en España fue todavía más notorio por cuánto el desarrollo del mercado de alquiler ha resultado siempre raquítico en comparación al de sus vecinos y donde su tradicional caciquismo se ha aferrado a ese fundamentalismo capitalista que ha hecho tambalear los logros sociales de la posguerra europea en aras de una libertad de mercado tan superlativa que ha acabado convertida en auténtico libertinaje.
La referencia sueca
El PSOE y Pedro Sánchez, a pesar de los numerosos requerimientos de sus coaligados, aliados y organizaciones representativas, han ido aparcando la cuestión con su característico «sí, pero no», como cada vez que se trata de cualquier propuesta que pueda poner en un brete a las élites del país.
La vorágine especulativa desatada tras la pandemia, acentuada con las derivadas de la guerra de Ucrania, la inusitada subida de los tipos de interés, la explosión de los pisos turísticos y otros perversos factores, ha hecho que por fin reaccione el PSOE al parecer tomando como referencia el conocido modelo sueco de vivienda.
Pero pretender aproximarse, aunque solo sea de cerca, a una metodología con más de 80 años de existencia, donde los precios de alquiler son virtualmente topados de manera vitalicia, que dispone de un parque de 8 viviendas públicas por cada 100 habitantes cuando España no llega ni siquiera a una y con un gasto social en vivienda de aproximadamente 180 €/habitante mientras en España apenas si ronda los 35 €, resulta poco menos que una quimera.
Todo ello en un contexto donde la renta per cápita sueca dobla a la española.
Por su parte, en el caso de Suecia, ha sido el gran arraigo popular el que ha logrado a pesar de las continuas embestidas neoliberales, que dicho modelo siga resistiendo; aunque, de hecho, estas últimas han provocado un cada vez más alarmante déficit en la construcción de viviendas públicas y por ende una mayor demora en la entrega de las mismas.
Una cuestión que, en cualquier caso, no se han atrevido a consumar de manera definitiva los gobiernos conservadores suecos en aras de liberalizar el mercado. Al menos hasta la fecha.
Es muy loable por parte del gobierno de España situar ahí el objetivo, aunque para ello se precisa un esfuerzo continuo, decidido y una poderosa inversión al respecto por parte de todas las administraciones: gobierno central, CC.AA. ayuntamientos, diputaciones, etc.
Pero, lo más importante, es ineludible un cambio de paradigma del modelo económico, laboral y fiscal al que ya sabemos que, por el momento, ni la oposición conservadora ni las élites españolas parecen dispuestas.
Además, a buen seguro, en los primeros momentos encontraría también cierto rechazo en buena parte de una población víctima de su propia historia ante las frustraciones de su mercado laboral y donde, por contra a la sueca y obligada por la necesidad, lo que ha arraigado es una interpretación de la posesión de la vivienda como su única renta patrimonial.
Viena
Mención aparte merece también el caso de Viena -elegida reiteradamente como la mejor ciudad del mundo para vivir-, donde al menos la mitad de las viviendas son en régimen de alquiler, bien sean públicas o privadas.
En manos socialdemócratas desde hace más de 100 años -salvo en el periodo fascista entre 1934 y 1945-, el ayuntamiento sigue ejerciendo cierto control sobre los precios y en el modus operandi de las empresas privadas de construcción.
Como consecuencia de ello el precio medio de alquiler en la capital austriaca era en 2020 de 9.9 euros por metro cuadrado, mientras que en Madrid giraba en torno a los 17/19 € y en Barcelona un poco más. (Según la consultora Deloitte y el portal inmobiliario Idealista)
Pero no por ello han quedado exentos los vieneses de sufrir también los atropellos neoliberales de las últimas décadas. Tanto es así que ya en 1994 se reformó bruscamente la normativa en cuanto a la duración de los alquileres y quedo prácticamente paralizada la construcción de vivienda pública desde 2004, aunque a partir de 2015 tuvo un ligero repunte.
En cualquier caso también, en un país cuya renta per cápita es un 75 % superior a la española.
Tales políticas a las que los ortodoxos liberales tachan de intervencionistas, de atentar contra la propiedad privada y de ir en contra del libre albedrío del mercado, han sido verdaderamente útiles para una sociedad que pretendía dar respuesta al derecho a un recurso tan necesario como la vivienda y no a un uso mercantil de la misma.
Por el momento es la empírica la que prueba que en aquellos países donde se apostó de manera decidida por un modelo donde las administraciones públicas han ejercido un cierto control sobre la economía, el mercado laboral y determinados sectores tan sensibles como la educación, la sanidad o la vivienda, su nivel de vida ha alcanzado cotas superiores a los que han mercantilizado todas y cada una de esas mismas facetas de la vida.
La propaganda
Lo peor de todo, una vez más, el marketing electoral. Por una parte mal con respecto a Pedro Sánchez por haber anunciado esta ley a las puertas de una campaña electoral para servirse de ella cuando se tenía que haber resuelto mucho antes.
Lanzando nuevas promociones de viviendas a bombo y platillo que, aun en la dirección correcta, no deberían ponerse en pie en tanto en cuanto no se concreten en la forma debida. Ente otras cosas porque resulta inviable que un desfase de más de un siglo se pueda corregir en una legislatura, ni siquiera en el medio plazo.
Y en el caso del PP aun peor porque ya ha advertido que la derogará en cuanto llegue a la Moncloa, mientras se mantiene ensimismado en propuestas de orden neoliberal que han generado todavía mayores desequilibrios sociales en todos los ámbitos. Tal como ocurriera con la Ley del suelo del gobierno Aznar y la posterior burbuja y crack financiero derivados de las mismas.
Para colmo y en un momento tan crucial del mercado de la vivienda en España, poniendo casi todo el énfasis en lo referente al fenómeno de la «okupación», retorciendo torticeramente la interpretación de una norma incluida en la ley a instancias del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, por la que en aquellas viviendas propiedad de grandes tenedores, por lo general viviendas sociales, de fondos buitres y en su caso abandonadas por los bancos, aquellas familias que dejen de pagar el alquiler por su incapacidad para hacerlo o las ocupen ante una situación de extrema vulnerabilidad, con la mediación de los servicios sociales, no puedan ser desahuciadas hasta que la administración les encuentre una alternativa en los plazos establecidos.
Que la «okupación» u «ocupación» es un problema no cabe la menor duda pero de ahí a hacerlo el eje central de un problema de las dimensiones del de la vivienda en España es algo absolutamente desproporcionado y que queda fuera de toda lógica, más allá de los intereses de aseguradoras –otra especialidad de los bancos-, y empresas de seguridad.
Una vez más el PP se deja arrastrar por las falacias de Vox y los altavoces mediáticos más reaccionarios en busca de un elector que hace mucho debería haber dejado de corresponderle y que parece condenarle a no terminar nunca ese camino hacia el centro político que inicio desde sus mismos orígenes.
En lo más alto, tanto del actual gobierno como del que le suceda si es que ello suscita su interés, no se trata solo de apostar de forma resuelta por la construcción de viviendas públicas de alquiler y evitar que los precios de estos sigan subiendo, sino cómo promover una sensible disminución de los mismos ante la apremiante situación de miles y miles de familias, más allá de puntuales ayudas que en ningún caso servirán de acicate a los propietarios de tales inmuebles.
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