Viviendas «a tocateja»

Al margen de la habitual escandalera política y mediática, la semana pasada se ha despachado con dos cuestiones de lo más significativo sobre las cosas del comer. Por un lado los extraordinarios beneficios de la banca a pesar del impuesto especial que el gobierno ha practicado sobre la misma y la amenaza de huelga de sus empleados a cuenta de la negativa de la patronal de subirles los salarios en consonancia a dichos beneficios y al aumento de las retribuciones de sus altos directivos.

Por otro la imparable subida de los precios de la vivienda y que, sorprendentemente, 6 de cada 10 que se venden en España se pagan al contado.

Sí, la verdad que el dato resulta del todo una sorpresa en un país donde las retribuciones salariales andan siempre bajo mínimos, salvo como decíamos antes las de la alta dirección de la banca y en general de las grandes empresas españolas que esas sí que están al nivel e incluso por encima de sus homólogos europeos.

Claro, cuando uno indaga al respecto resulta que todas esas adquisiciones vienen del fruto del ahorro de los que pueden permitírselo pero también de inversores extranjeros. Pero en todos los casos como segunda vivienda e inversión. Por eso donde los precios andan disparados son, aparte de los habituales como Madrid o Barcelona, en las islas y costas de gran afluencia turística.

Valga un inciso para señalar que el que buena parte de esta inversión proceda de capital extranjero da al traste con la continua cantinela de parte de los altavoces mediáticos sobre la presunta inestabilidad de la economía española porque precisamente las inversiones de capital foráneo rehúyen siempre tales extremos.

Sobe todo cuando se trata de inversiones con fines especulativos de las que en el caso de España sabemos mucho ya que, precisamente, ha sido siempre el sector de la construcción un baluarte fundamental de la economía del país tras el turismo.

Lástima que no lo haya sido la educación y la manufactura y España esté siempre condicionada por los vaivenes del turismo y las sucesivas burbujas inmobiliarias que trae el mercado de la vivienda.

La burbuja inmobiliaria

¿Vuelve entonces la burbuja inmobiliaria a España? Pues sí, aunque en esta ocasión es cuestión de las élites económicas en zonas muy concretas y no generalizadas entre todos y en todas partes como ocurría en las décadas de los 90 y 2000 hasta que el fenómeno explosionara en 2008.

Además si a todo esto añadimos que las hipotecas de los bancos españoles son de las más caras de la eurozona –uno de los motivos por lo que ganan lo que ganan-, es fácil suponer que aquellos que puedan prefieran pagar a tocateja eviten pasar por Caja.

Claro, el problema viene en esas zonas tensionadas para el resto de mortales, la gente normal, de a pie para que nos entendamos. Para los jóvenes treintañeros que quieren emanciparse de sus padres o para las jóvenes parejas que quieren iniciar una vida en común. Para ellos las dos opciones posibles, alquiler o compra, están disparadas y, como ya sabemos, ni siquiera la suma del salario de dos personas da para tanto en muchos casos.

Así que volvemos al eterno rompecabezas de siempre, de nuevo ese artículo de la Constitución con el que finaliza ésta perorata que no se cumple y del que aquellos que más la enarbolan se olvidan siempre y aunque este gobierno ya propuso en su día una ley, con sus defectos y virtudes, para intentar frenar tales abusos la realidad es que no acaba de lograrlo por dos razones fundamentales: por el interés del peculio y por la escasez de viviendas públicas disponibles.

Las sucesivas políticas de vivienda pública en España, desde la Ley de casas baratas de 1911, hasta el retorno de la democracia en 1978, pasando por las famosas VPO del franquismo, han ido encaminadas básicamente a la adquisición de las mismas lo que, aun partiendo de un fin encomiable este al final quedaba desvirtuado al completarse la compra y pasar a convertirse igualmente en otra vivienda objeto de especulación.

En España durante los años 70 y 80 del siglo pasado llegaron a construirse viviendas públicas al ritmo de 100.000 al año, hasta que el patrón de los nuevos neoliberales pasó a ser el principal santo de devoción, la inversión pública se frenó cuando no se paralizó por completo y todo quedó en manos del dios mercado.

No solo en España, países modélicos en tales sentidos y referentes como Suecia, Austria, Países Bajos, Alemania, etcétera con un parque público de viviendas, especialmente en alquiler, infinitamente superior al nuestro, sufrieron también un enorme frenazo hasta el punto que puede llegar a tardar varios años el acceso a las mismas, desembocando igualmente en un problema para la ciudadanía.

Por fortuna el fenómeno parece estar revirtiendo por esos lares y los indicadores muestran que en algunos casos se está volviendo a retomar la construcción de viviendas públicas viendo el aumento de carestía y las necesidades de los más jóvenes.

La cosa pública

Una vez más las políticas neoliberales han demostrado su ineficacia en cuestiones vitales para las personas como la de la vivienda, ya que esa drástica reducción impositiva a las élites con la intención de que ello repercutiera en el bienestar común a través del famoso «efecto derrame», ha supuesto un angustioso problema en el caso de la vivienda por la falta de inversión pública y una redistribución salarial que solo ha beneficiado a los que más tienen.

Para colmo, históricamente en España el desigual reparto de la riqueza se ha traducido siempre en un mercado de bajos salarios para las clases trabajadoras, lo que unido al enorme peso del sector de la construcción y unas políticas afines a ello ha desembocado en considerar la vivienda un bien patrimonial a futuros más que un derecho en sí mismo.

En cualquier caso la respuesta al problema se antoja extraordinariamente difícil en el corto plazo ya que la opción más efectiva no es otra que construir viviendas públicas de fácil acceso a nuevos propietarios e inquilinos –sobre todo esto último-, pero por mucho que todas las administraciones públicas se pusieran al unísono a ello se tardaría varios años en subsanar el problema actual.

Pero no queda otra si queremos que el problema deje de ser el auténtico hándicap que ha sido siempre para la sociedad española y frustre de una vez la deriva especulativa habitual en una necesidad tan básica como es la vivienda.

Mientras tanto tendrán que pronunciarse normas lo suficientemente contundentes que favorezcan dicho acceso a la vivienda y, en consecuencia, la vida a los ciudadanos y ciudadanas de este país que es, al fin y al cabo, la labor y responsabilidad que cabe exigir de los representantes públicos.

«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».

(Constitución Española de 1978. Título I: De los derechos y deberes fundamentales, art. 47)