El calificado como «histórico» acuerdo para la reconstrucción europea tras la crisis desatada por la Covid-19 aun siéndolo en parte al ponerse esta vez la mira en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos por encima de los intereses del mundo financiero y el gran capital, al contrario de como ocurriera en 2008, en realidad se ha quedado bastante lejos de las previsiones iniciales vista la magnitud de la tragedia.
Del mismo modo que en el Foro de Davos –la cumbre de las élites que se celebra cada año en la ciudad suiza-, que viene reiterando la necesidad de una renta básica universal, entre otros motivos en aras de prevenir situaciones de inestabilidad consecuencia del aumento de la precariedad, se diría que Ángela Merkel, la misma que hizo sucumbir en la pobreza a millones de personas en todo el continente con sus recetas de austeridad, ha podido advertir el mismo riesgo en estos tiempos de coronavirus.
La cumbre.
En el pasado mes de Mayo, el Parlamento Europeo solicitaba de la Comisión un paquete de medidas en torno a los dos billones de euros para consolidar la economía y responder a las necesidades ciudadanas. En la línea de lo que muchos analistas venían a presupuestar por los destrozos causados por la pandemia en toda la Unión.
Solo tres días después la propia Merkel y Emmanuel Macron, proponían un paquete de medidas de carácter inmediato cifrado en unos 500 mil millones de euros en forma de subvenciones con el mismo objetivo. No sabemos si con miras a un primer tijeretazo sobre la propuesta del europarlamento o como primer paso de un proyecto más ambicioso pero, en cualquier caso, una propuesta sobre la que han girado los debates de las últimas semanas y que ha acabado finalmente en los 390.000 millones ya conocidos más otros 360 mil en forma de créditos blandos.
De paso con un aumento de los conocidos cheques descuentos de los países frugales –Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca-, contribuyentes netos de la Unión, que reciben en compensación a su aportación a la misma. Un trato discriminatorio con el resto de sus socios o cuanto menos discutible ya que, al fin y a la postre ello contribuye a un mayor saneamiento de sus propias cuentas en detrimento de las la Unión.
Una vez en camino esta primera entrega –aún no sabemos si será la primera o la última-, parece también haber quedado claro que «las condiciones» que exigía especialmente Holanda para que los países tuvieran acceso a su parte de dichas subvenciones a fondo perdido, han sido desestimadas aunque, en cualquier caso, se mantendrá un seguimiento del destino de dichos fondos que podrían ser suspendidos temporalmente en el caso de que se desviaran de su cometido principal: la reconstrucción de las economías nacionales.
Las premisas.
En tal sentido se habrán de contemplar premisas ya conocidas en cuanto a la estabilización del empleo, de los sistemas de pensiones, así como las necesarias inversiones en cuanto a educación, transición digital, medio ambiente, etc. y especialmente de manera más inmediata en el ámbito sanitario que ha quedado tan en evidencia durante la presente crisis.
Lejos, en todo caso, de los rescates que Bruselas exigiera durante la pasada recesión propiciando la huida hacia adelante del gran capital pero en cuanto a lo que se conoce como economía real, la de a pie de calle, han supuesto un auténtico varapalo para los hogares de las clases medias y más bajas.
Al margen de meras cuestiones de orden político, como es el tema de las decisiones por unanimidad o por mayorías en el seno de las instituciones comunitarias, otro de los temas de debate ante la manera de materializar dicho acuerdo, lo que ha aflorado de manera muy clara en este caso son las diferentes sensibilidades en materia social y económica entre los participantes en la cumbre.
Incluso la de ciertos economistas y parte de la prensa conservadora que, ensimismados con la teoría neoliberal, a pesar de los desastres ocasionados por la pandemia y las duras consecuencias tanto en términos sanitarios como económicos para la población en general, sobre todo para los que parten de situaciones más débiles, siguen aferrados a un modelo económico que ha provocado los mayores desequilibrios en las últimas décadas, que ha arrastrado a la población a la mayor crisis económica como fue la de 2008 desde la 2.ª Guerra Mundial y está propiciando una crisis medioambiental que está poniendo en vilo la salud del planeta.
Los datos.
¿Por qué no es comparable la situación de un país como España con, por ejemplo, la de Holanda? ¿Es posible que en un plazo inmediato puedan darse las mismas condiciones en ambos países? ¿Es razonable la reducción del déficit público a costa de una rebaja de rentas para la mayor parte de los ciudadanos?
La respuesta a estas preguntas está en la mera concepción de uno u otro modelo de sociedad. Bien el que se apoya en los datos macroeconómicos o el que lo hace en esa economía real que citábamos antes. Es cierto que ciertos parámetros pueden llegan a ser equiparables, pero evidentemente no en el corto plazo de la manera que exigen los aduladores del integrismo neoliberal y menos aún en países con necesidad de reformas estructurales de amplio calado como es España y cuyos resultados necesitan para poder apreciarse más de una década.
Para dar más cuerpo a todo esto, veamos brevemente las sensibles diferencias en materia estructural entre el caso de Holanda y el de España.
El índice EPA (Estándar de poder adquisitivo) de la Unión Europea lo que hace es a partir de la renta disponible en cada país y teniendo en cuenta los precios de valores básicos, establecer una tabla que nos permite medir la calidad de vida de sus ciudadanos. (*) Mientras los Países Bajos (Holanda), ocupan el 3.º puesto en el ranking, España queda relegada hasta el 13.º lugar en el mismo.
(*) Tanto en esta tabla como en las siguientes están referenciados 28 países en la Unión –incluido R.U. por la fecha de los estudios-, pero, por lo general, estos trabajos pueden simplificarse agrupando dichos países según su nivel de desarrollo. España quedaría en ese caso dentro de lo que se llama la UE-15, los países más desarrollados de la Unión.
La Renta per cápita de un país o el PIB Per Cápita (Producto Interior Bruto per cápita), es uno de los principales indicadores de su desarrollo económico. Es el resultado de dividir el PIB por la población existente y, de forma comparativa, viene a dar una idea del nivel de riqueza de cada país. Similar al anterior, Holanda aparece en esta ocasión en 5.º lugar y España repite en el 13.º puesto.
En esta ocasión comparamos el Salario Medio en los diferentes países de la UE. El salario medio en Holanda en 2019 fue de 53.198 € (4.433.17 €/Mes), lo que sitúa al país de los tulipanes en 3.ª posición del ranking. En España fue en el mismo periodo de 27.537 € (2.294.75 €/Mes), lo que la relega nuevamente a la 13.ª posición de la tabla.
Habría que añadir que en España, el salario más habitual es de 1.642,30 € mensuales, mientras que en Holanda es de unos 3.000 €. Y que el Salario Mínimo en aquel país es de 1.635.60 € mensuales y en España de 1.108.33 € en 14 pagas.
Los datos resultan tan evidentes y son tan contundentemente favorables a Holanda que no es necesario alargarse en el análisis. Además el índice que más nos importa es precisamente el primero de toda la serie. El que nos permite medir el poder adquisitivo de los ciudadanos de ambos países, su margen de maniobra, capacidad de ahorro y endeudamiento y por ende su calidad de vida.
A vuelta con las pensiones.
En el caso de las pensiones tampoco es un dato a considerar por muy recurrente que resulte para los integristas neoliberales el de la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del último salario percibido por un trabajador en forma de pensión. En España ese porcentaje es del 72.30 %, mientras que en Holanda es del 29 %, incrementando dicho porcentaje a través de planes de pensiones privados.
Resulta meridianamente obvio que si, como hemos visto anteriormente en relación al poder adquisitivo de los españoles de a pie, su capacidad de ahorro es nula o en cualquier caso infinitamente inferior al de sus homólogos holandeses, es por completo inviable contraer planes privados que apuntalen del mismo modo su pensión y permitan una reducción de los haberes públicos. Baste mirar a nuestro alrededor –a pie de calle, claro está-, para ser conscientes de ello.
El futuro.
En definitiva, a España le queda un largo camino por recorrer para homologarse a buena parte de sus vecinos europeos. Este país ha tenido históricamente un extraordinario déficit salarial, se diría que de carácter caciquil, que se pierde en la profundidad de los tiempos y cuya larga sombra ni siquiera la Transición y el retorno de la democracia han sido capaces de actualizar debidamente.
A mayor nivel de rentas, más capacidad de gasto, de ahorro, de aportación fiscal y de mejores pensiones, de ahí que todas nuestras debilidades sean consecuencia de unos salarios que nunca han estado a la altura de las exigencias de un país como España.
Hoy por hoy resulta complejo y dispar que el nivel salarial pueda aumentar de manera sensible en el corto plazo en términos generales. Afortunadamente las subidas del SMI más recientes han alejado a los perceptores de este último de situaciones más propias de otros tiempos. Sin embargo ello, nada o casi nada, ha repercutido todavía en los convenios sectoriales impidiendo tan necesario incremento del nivel de rentas.
Por otra parte resulta igualmente inviable que el pequeño comercio –primer empleador de este país-, autónomos y pequeña empresa en general, de la noche a la mañana, puedan asumir notables subidas salariales, máxime en una coyuntura de crisis permanente desde 2008 y que agravará ahora el coronavirus.
Pero es indudable que, de una vez por todas, hay que asumir entre todos especialmente aquellos a los que se ha encargado la tarea de gobernar, que hay que cambiar definitivamente la manera de enfocar tan desastroso modelo económico y facilitar un cambio de rumbo que fortalezca sectores menospreciados tradicionalmente pero vitales para el desarrollo, siempre en el candelero, como la educación, la ciencia o la manufactura pero sin acabar nunca de dar pasos significativos en dicho sentido.
Son cuestiones, entre otras muchas como por ejemplo en el ámbito fiscal también, que precisan de asumirse con valentía y audacia por parte de los representantes públicos pero huyendo del cortoplacismo, asumiendo y haciendo entender a la población que nos queda un largo y sinuoso camino por recorrer en un proceso que llevará tiempo en experimentar mejoras que puedan empezar a ser visibles para el conjunto de los ciudadanos.
En cualquier caso el tiempo pasa inexorable y no permite mayores dilaciones ante amenazas como la del cambio climático que pueden poner en riesgo hasta nuestra propia supervivencia. Un problema de tales dimensiones que solo con las condiciones y cualificaciones debidas podrán hacer frente los ciudadanos.
Será en ese momento cuando podremos tachar de verdaderamente histórico el paso dado ahora en Bruselas.
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