«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.»
(Constitución Española 1978, Artículo 47)
Hace un par de semanas, cuestionado el portavoz del Partido Popular, José L. Martínez-Almeida, acerca de las expropiaciones forzosas de viviendas del govern balear a bancos y fondos buitres, desocupadas desde hace años y a cambio de un alquiler de unos 400 € mensuales durante los próximos 7 ejercicios, acusaba al gobierno de su ineficacia a la hora de construir viviendas suficientes para cubrir la demanda social.
No le falta razón al también alcalde de Madrid, que debe conocer de primera mano las extraordinarias dificultades para adquirir o alquilar una vivienda en la capital de España –lo que se ha ido agravando conforme la precariedad laboral ha ido en aumento-, acorde a las tesis neoliberales dominantes que promueve su propio partido desde hace décadas en aras de la libertad de mercado y la austeridad en el gasto público.
Es más que obvio que el gobierno actual de la nación no ha hecho los deberes al respecto, como dice Almeida, aunque no es menos cierto que en poco más de 12 de meses del gobierno de coalición, varios años con los PGE del último gobierno conservador prorrogados y la mayor pandemia universal de nuestro tiempo de por medio, le hubiese costado a cualquiera ponerse al día ante el monumental desfase del parque público de viviendas existente en el país.
Pero del mismo modo no debemos olvidarnos que tanto CC.AA. como Ayuntamientos tienen también plena potestad y así lo han hecho, aunque haya sido esporádicamente, para la edificación de viviendas de carácter social.
Algo que, curiosamente, ha ocurrido a la inversa en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en los últimos tiempos que, en su día, vendieron 5.000 viviendas de este tipo a diferentes fondos con las lamentables repercusiones para los inquilinos conocidas hasta el momento.
Los datos
En España la vivienda de titularidad pública representa el 2.5 % del parque total, frente al 9.3 % de la media de la U.E. y a años luz de países como Reino Unido, Suecia, Austria, Holanda, etc. Todos ellos con porcentajes entorno al 20 % que en el caso de Holanda llega al 30 % sobre el total de las mismas.
Como tantos otros, el problema de la vivienda social en España se pierde en la profundidad de los tiempos. En 1960 la vivienda destinada al alquiler social tenía un peso sobre el total del parque inmobiliario del 2 %, mientras que 60 años más tarde ese porcentaje apenas si ha crecido en medio punto como veíamos antes.
Por desgracia la borrachera capitalista ha hecho que en otros países, tradicionalmente más susceptibles al respecto, dicho porcentaje haya disminuido sensiblemente, dándose casos tan expeditivos como el de Alemania que desde los años 70 del siglo pasado ha caído del 22 % al 3.9 % esa misma participación.
A pesar de eso y volviendo a los que más nos toca, si lo que tomamos como referencia es el número de viviendas públicas por cada 100 habitantes, la diferencia resulta todavía más escandalosa por cuanto la media europea cuadruplica a la española.
Ahora, conforme se ha ido deteriorando todavía más el tejido social a consecuencia de la crisis financiera de 2008, resuelta solo en el aspecto macroeconómico y con pocas o nulas repercusiones en la economía real donde se han mantenido las mismas recetas en cuanto a precariedad y contención del gasto público, el problema de acceso a la vivienda ha seguido en aumento.
La actual pandemia y sus derivadas económicas aún por ver, han venido a agravar una situación ya de por si de lo más acuciante en un país como España que, para colmo, está a la cabeza de la U.E. en el llamado Índice de sobreesfuerzo, que tienen que realizar los inquilinos para sufragar el alquiler. Que en el caso español llega al 43,3 %, frente a la media comunitaria del 27 %, cuando, por lo general, las entidades financieras estiman que dicho porcentaje no debería superar el 30 % de los ingresos.
Más propietarios y menos proletarios
«Queremos un país de propietarios y no de proletarios», proclamaba en 1959 José Luis Arrese, un antiguo secretario general de la Falange metido a ministro de la vivienda, dando el pistoletazo de salida de lo que será uno de los pilares del desarrollo español desde entonces y hasta nuestros días: la especulación inmobiliaria.
En 1961 arrancaba un plan de viviendas para la venta con el que, durante los 15 años siguientes, se construyeron en España 6 millones de pisos. Con todo el aparato del estado a su servicio, permitiendo a los constructores todo tipo de prerrogativas e incluso llegando a las expropiaciones para ceder terreno a los mismos.
España entera se convirtió entonces en un gigantesco solar pero solo en venta, no en alquiler.
El retorno de la democracia no vino a aliviar la cuestión y con la consolidación del neoliberalismo el gobierno de José M.ª Aznar puso en marcha una gigantesca burbuja inmobiliaria, esta vez apoyada en los entramados del mundo financiero, que el posterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se encargaría de culminar años más tarde.
Burbujas tras burbujas hasta que la cruda realidad acabó con la ficción, primero en EE.UU. en 2007 y un año más tarde en el resto del mundo. De lo que sucedió después ya conocemos sobradamente la historia.
El contexto
Tras la crisis, cuando una nueva cultura empezó a fraguarse en la ciudadanía española, las condiciones de acceso a las hipotecas empezaron a resultar más difíciles y la precariedad laboral fue aumentando en consonancia al tradicional modelo intensivo hispano de salarios bajos, la demanda de vivienda se ha ido reconduciendo al alquiler.
En respuesta a ello y al hilo del patrón inmobiliario de nuestro país se ha ido formando una nueva burbuja, esta vez sobre los precios del mismo.
Si a esto añadimos la proliferación de pisos turísticos, fruto del otro gran pilar de la economía española que es el turismo, y la entrada en el mercado de fondos de inversión –con su habitual visión cortoplacista y sin los menores escrúpulos, de ahí su apelativo de fondos buitres-, haciéndose con parte del enorme parque acumulado por las entidades bancarias e incluso con escandalosas operaciones inmobiliarias propiciadas desde las administraciones, recientemente revocadas en algún caso por la justicia, se han acabado disparando el precio de los alquileres.
El problema, aunque no tan peliagudo como en España por su casuística diferenciada de la historia europea reciente, también está causando estragos en algunas ciudades europeas, conforme a la doctrina económica actual.
De ahí que algunos países estén tomando cartas en el asunto, por el momento con desigual resultado. Aunque la regulación de los precios en el alquiler es un hecho consolidado desde hace mucho tiempo en otros países de nuestro entorno.
En este mismo contexto y en estos duros tiempos que corren, cuando esta tan al día la problemática de los tan cacareados «okupas», resulta inadmisible que desde determinados grupos políticos y mediáticos se criminalice del mismo modo a una banda de traficantes que violente una vivienda donde consolidar sus fechorías que a una familia desahuciada, sin recursos, que no tiene donde ir y sin el auxilio de las administraciones públicas se vea obligada a ocupar un piso vacío gestionado con fines especulativos por una entidad financiera de cualquier índole.
Más bien se diría que tanto ruido en lo que verdaderamente nos importa, el problema de tantas y tantas familias desamparadas por un modelo económico tan deshumanizado, no responde más que a esa ofuscación por un derecho desmedido de la libertad individual y de la propiedad privada que se erigen por encima de cualquier otra consideración aunque conlleve la marginación y abandono de terceras personas.
La respuesta
«Seguridad jurídica», proclaman los defensores del modelo mientras proponen que hasta que haya un parque público suficiente, mediante ayudas, sufraguen las administraciones el alquiler a los inquilinos que lo necesiten aún se trate de mercados tan exageradamente sobredimensionados como los de Madrid o las islas Baleares.
España necesita provisionarse de un parque de viviendas de carácter público que, entre otras cosas –como por ejemplo regular de manera indirecta los precios-, pueda dar cobertura a las víctimas de tanto desastre. Pero me temo que en el estado actual de las cosas eso va para largo.
En lo inmediato, dar con una solución al problema aunque tenga carácter temporal resulta altamente complejo. Incluso habría que ser muy cuidadoso, para no provocar el efecto contrario al deseado, a la hora de establecer límites a los precios; por cuanto puede resultar erróneo formular los datos en base a las comparativas de ejercicios anteriores sin tener en cuenta una situación de pandemia tan larga por medio que, por lo general a la baja, incide de manera distinta en los mismos.
Pero obviamente lo que no es de recibo es que los ciudadanos, exenciones fiscales mediante, sufraguen los beneficios de los tenedores en un sector tan meramente especulativo como el del alquiler tal como pretende el PSOE. Un recurso que sería más propio de las tesis liberales y una vuelta de tuerca más al sentido de sus propias siglas.
Mientras tanto, no estaría de más que a aquellos que provocaron la crisis, eludieron todo compromiso y han multiplicado su patrimonio a precio de saldo para seguir especulando apremiarles a paliar, al menos en parte, tanto daño causado por su ambición desmedida durante años y años.
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