Por enésima vez, Isabel Díaz Ayuso con sus explosivas declaraciones se ha convertido en el foco de atención de la política española. En esta ocasión a cuenta de la pretendida «armonización fiscal» entre las diferentes CC.AA., otra de las asignaturas pendientes de este país desde hace más tiempo del debido.
Con su habitual descaro Gabriel Rufián se ha dedicado al asunto calificando de dumping fiscal la metodología utilizada por la comunidad madrileña en cuanto a la recaudación de tributos. O lo que es lo mismo, el más desmedido ejemplo de esa especie de competencia desleal entre las CC.AA. que hace más favorable para grandes empresas y grandes capitales asentarse en una u otra zona de España en virtud a sus ventajas fiscales.
Es obvio que Madrid no es un paraíso fiscal al uso como puedan ser el caso de numerosos países y otros parajes del mundo pero no anda muy lejos de fenómenos tan singulares como los de Luxemburgo, Holanda o Irlanda que, desde el mismo seno de la Unión Europea, vienen a actuar como tales, con el consiguiente perjuicio para el resto de sus socios mientras las autoridades comunitarias hacen la vista gorda al respecto.
Una más de las contradicciones de la Unión Europea, ensimismada en la cuestión económica dejando de lado una verdadera unión política que velara de manera debida por los intereses y necesidades de sus ciudadanos.
El caso de la Comunidad de Madrid resulta especialmente flagrante y aunque como no podía de ser de otro modo dadas sus capacidades debido a la acumulación en su territorio de las principales rentas, multinacionales y grandes empresas de este país sea la que más aporte a la solidaridad fiscal del conjunto del estado, no es menos cierto que su modus operandi en el ámbito tributario redunda básicamente solo en beneficio de las clases más altas.
Basta echar un vistazo a los datos para darnos cuenta que la primera consecuencia de esto es que, a pesar de su capacidad de recaudación, Madrid es la comunidad que menos gasto público per cápita revierte en sus ciudadanos en ámbitos tan esenciales como la sanidad, como ha quedado palmariamente demostrado durante la actual pandemia, con una sensible falta de recursos y las trágicas consecuencias derivadas de ello.
Y que, para colmo, los recursos existentes se han derivado hacia inversiones fuera de lugar como el famoso hospital de pandemias junto al aeropuerto que la presidenta madrileña pretende promover como recurso turístico, por muy esperpéntica que resulte la cita, además de haberlo ofrecido ya como almacén de las deseadas vacunas que habrán de hacer frente a la Covid-19.
Mientras, se las ve y desea para contratar al personal sanitario necesario para dotar dichas instalaciones después de haber venido expulsando a buena parte del mismo durante muchos años, obligado a encontrar trabajo fuera de la Comunidad ante la falta de una mínima estabilidad laboral en esta.
Madrid, Siglo XXI
Madrid, desde el arranque del segundo milenio ha venido siendo una especie de laboratorio del neoliberalismo, un modelo económico basado en el laissez faire, la contención del gasto público, una especie de moratoria fiscal indefinida para los grandes capitales, una manera de entender la libre empresa que ha puesto en la picota al pequeño comercio y, entre otras muchas cuestiones, ha favorecido una incontenible especulación del mercado de la vivienda.
Pero que no olvidemos ha sido votado mayoritariamente por los ciudadanos elección tras elección.
Por mucho que se hayan despreciado servicios públicos tan esenciales como la sanidad o la educación -produciéndose en este último caso un fenómeno de segregación escolar sin precedentes en nuestra democracia-, los ciudadanos madrileños han demostrado de manera mayoritaria y reiterada su inclinación hacia el mismo.
Si tenemos en cuenta que la mayoría de madrileños no pertenecen a estratos sociales elevados que en muchas ocasiones se vanaglorian de no hacer uso de los servicios públicos, la pregunta es evidente ¿qué puede empujar a un ciudadano de clase media y en algunos casos de clase trabajadora a depositar su confianza en un modelo que le perjudica de manera tan manifiesta?
Una pregunta de difícil respuesta y que, a buen seguro, serviría de propuesta a todo un estudio sociológico de la materia.
En EE.UU. Donald Trump ha obtenido, a pesar de haber perdido las elecciones, más de 70 millones de votos. Más de los que consiguió hace cuatro años cuando se alzó con la presidencia a pesar de sus infames proclamas durante todo su mandato.
Entre las propuestas que le facilitaron la presidencia en su día figuraba derogar el Obamacare, esa especie de seguridad social para los más necesitados que les facilitaría un mejor acceso a la sanidad acordado por la anterior administración.
Sin embargo Trump, en aquella campaña, captó el voto de un buen número de desempleados a los que perjudicaría la cancelación del Obamacare con el argumento de que los impuestos derivados de las rentas de los ciudadanos no deben subsidiar a otras personas independientemente de cuales sean sus recursos.
Un principio basado en ese mantra de la libertad individual y de oportunidades al alcance de todos. La extensión del sueño americano que se ha convertido en una de las prédicas fundamentales de la teoría neoliberal. Tal como ha arraigado en Madrid durante las dos últimas décadas, como si se tratara de un auto de fe.
A pesar de la probada devaluación de los servicios públicos o el paulatino aumento de la precariedad laboral y un endiablado modelo fiscal que favorece a las rentas más altas en detrimento de las más bajas y, por ende, de la capacidad de gasto y de prestación de servicios de la administración pública, buena parte de la ciudadanía madrileña ha seguido apostando por ello.
Más allá de Adam Smith
En el SXVIII tanto los fisiócratas encabezados por François Quesnay como Adam Smith, padre del liberalismo económico y del principio de la mano invisible, entendían que, como la naturaleza, la economía formaba un ecosistema perfecto que se guiaba y auto regulaba por sí solo. Y que la codicia humana, aun sin proponérselo, propiciaría un beneficio generalizado para todos.
Para lo que preconizaban igualmente la mínima intervención del estado por cuanto este coarta la libertad del individuo y no es propietario de los bienes en que interviene.
Sobre esa premisa fundamental del liberalismo económico, el neoliberalismo como su versión más ortodoxa, se consolida con la llegada del segundo milenio.
Es el momento de la irrupción de las diferentes burbujas financieras e inmobiliarias que al amparo de una reglamentación de lo más laxa, calarán profundamente en todas las clases sociales. Quedando estas abducidas por una inusitada voracidad consumista y de propiedad que de alguna manera les incentive a promocionar en el ascensor social.
Pero la teoría, parte de dos premisas falsas. Ni la economía actúa de motu proprio ni el egoísmo procede de manera responsable. La codicia y la avaricia de muchos no tienen límites y por tanto su vorágine acabará desembocando en la crisis económica de 2008.
En cualquier caso es difícil aventurar las razones de tan reiterado éxito electoral pero, qué duda cabe que la capacidad de persuasión de las huestes neoliberales y conservadoras basada en esas supuestas oportunidades laborales y con ello el ascenso de clase social han servido como un acicate muy importante a la hora de lograr la confianza de sus votantes durante más de dos décadas.
Los datos objetivos ponen de manifiesto que el tan cacareado ahora dumping fiscal de la Comunidad de Madrid no ha contribuido a una mejor calidad de vida del conjunto de sus ciudadanos. Aunque otra cosa muy distinta sea la percepción de los mismos y su grado de confianza en la supuesta gratitud de unas élites tan beneficiadas por ello.
Unas élites que, a pesar de su ajustada aportación respecto a la del resto de ciudadanos, quieran o no, utilizan también del mismo modo que estos las calles, plazas, avenidas, carreteras, aeropuertos y otros tantos servicios de la Comunidad de Madrid y del resto de España.
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