Se han escrito ríos de tinta durante décadas sobre la educación en España y sus pobres resultados, por eso he intentado ser muy gráfico con el mismo y en unas pocas líneas plasmar mis impresiones al respecto y evitar el ruido mediático desatado tras la aprobación de la enésima ley educativa en España.
Por eso, desde mi modesto punto de vista, solo echando un vistazo a los tres cuadros que encabezan este artículo podemos ver fácilmente cual es la principal falla del sistema educativo español y cuáles sus repercusiones.
Ahora que acaba de aprobarse la octava ley de educación desde el retorno de la democracia, como el resto sin el debido consenso y en medio de la polvareda habitual, a la vista está que el gran problema de la educación en España, el elemento diferenciador con el resto de nuestros socios comunitarios, es la falta de inversión pública.
Por cierto, hay que aclarar que el caso de Bélgica que cierra la primera tabla es singular. Aunque el 56 % del alumnado belga recurre a la enseñanza concertada, se trata de instituciones sin ánimo de lucro subvencionadas que no pueden cobrar ningún tipo de cuota a las familias.
Muy al contrario a lo que ocurre en España de manera irregular, lo que además es motivo de segregación del alumnado en los centros concertados.
En los años 80 y ante la tradicional incapacidad de los centros públicos para absorber la demanda de alumnos existente, al gobierno de Felipe González se le ocurrió instaurar la enseñanza concertada a través de centros privados, mediante la cual la administración se hacía cargo de determinados gastos integrándolos de paso en la red pública para dar mayor cobertura a la misma.
Y así hasta el día de hoy. Los resultados, como podemos ver en el tercer cuadro son demoledores y aunque la nueva ley parezca ir en la dirección debida, vuelve a quedarse corta tanto en la inversión –aunque ahora pueda servir de excusa que estamos en tiempos de pandemia-, como en cuestiones fundamentales como son los currículos, las ratios y la formación profesional.
En el caso de los currículos, resultan tan insensatamente extensos que son inabarcables durante el curso, lo que en el mejor de los casos hace que se traten los temas de manera superficial sin la profundidad suficiente.
O el de los ratios de alumnos por aula que, aunque España quede dentro de la media europea –ya de por si alta-, la juventud actual debido a su diversidad, los cambios en la estructura social y con nuestro actual modus vivendi precisa cada vez más de una atención más personalizada.
Y no digamos ya de la formación profesional, tan cacareada como menospreciada un año tras otro, legislatura a legislatura, sin que realmente se adopte una actitud decidida con la misma.
Todas ellas cuestiones que resultan directamente proporcionales conforme al nivel de inversión pública.
La misma inversión pública que resulta la principal garante de esa libertad de enseñanza que ahora tanto se demanda. Pero para la que se necesita un modelo formativo basado en el conocimiento científico, consensuado por toda la comunidad educativa y no confiscado por intereses partidistas y de clase.
En definitiva el problema básico y fundamental de la educación en España es que buena parte de la misma no deja de ser más que otro provechoso negocio en poder de unos cuantos que de un modo u otro arrastra todo lo demás. Y que, como tal negocio, mira ante todo por sus intereses empresariales y algunas cuestiones más cuando es la iglesia católica la que regenta el 60 % del mismo.
Lo demás, como siempre, ruido y más polvareda. Tanta como la que por ejemplo ha levantado algún partido político en defensa de la educación especial mientras retiraba apresuradamente de su web oficial las continuas referencias que hacía de la misma en su contra. Cosas.
El año del descubrimiento. Antidisturbios.
Se alzan animales de silencio
