Domingo 23 de octubre, 11:45. Españoles en Brístol, Gran Bretaña, se reúnen en el sótano de una cafetería. Han quedado para poner en común los últimos anuncios del Gobierno en materia migratoria y los primeros efectos del Brexit. 122 días después de que los británicos votaran irse de la Unión Europea, el mandato que recibió el Gobierno continúa siendo objeto de debate, aunque la primera ministra May insiste en que «Brexit means Brexit» (Brexit significa Brexit).
La inmigración fue el principal blanco de la campaña que precedió al referéndum del pasado junio. Aunque algunas organizaciones quisieron poner el foco en otra parte (la Unión Europea como introductora y garante de derechos sociales, o el contrario, como empuje de políticas neoliberales), la prensa sensacionalista responsabilizó a los extranjeros de abusar del sistema y de prácticamente todos los males del país. Los referentes políticos de los partidarios del Leave (salir) fueron Boris Johnson, ex alcalde conservador de Londres, y Nigel Farage, ex líder del UKIP, un partido de derecha populista que recoge sus frutos en el descontento de la población, que ve como aumenta la brecha entre ricos y pobres y como sus condiciones de vida cada vez son más precarias.
Presionado desde fuera por el UKIP e, internamente, por un sector nostálgico del pasado imperial, el Partido Conservador de David Cameron comenzó su cruzada contra los inmigrantes en su primera legislatura (2010-2015). Entonces dificultó su acceso a subsidios o restringió la expedición de visados a los no comunitarios, que en la actualidad requieren de un salario anual de más de 35.000 libras para poder optar a la residencia permanente (el sueldo medio es de 26.500). Además, el ex primer ministro logró un principio de acuerdo con la Comisión Europea para defender la permanencia en la UE, donde se ponían límites a la libre circulación de personas y se limitaba aun más el derecho a ayudas sociales.
La victoria del Brexit ha sido interpretada por el nuevo gobierno de Theresa May como una carta blanca en política migratoria. Así, este ha anunciado medidas como forzar a las empresas a publicar listas con los empleados extranjeros en nómina (de la que se retractaron a medias, puesto que las listas se elaborarán, solo no serán publicadas); la restricción del acceso de estudiantes internacionales a la universidad; la no garantía de residencia a los inmigrantes en el país y, en el caso de los doctores, hablar de “interinidad” hasta su reemplazo por nacionales; penas de cárcel a los propietarios que alquilen viviendas a inmigrantes ilegales; o medidas ya en funcionamiento como un registro de las nacionalidades de los niños y niñas en las escuelas. Y es que, en palabras de la primera ministra, «el paro o los bajos salarios (de los ciudadanos británicos) son causados por los inmigrantes».
Para un maestro que acude a la reunión, la demonización no solo afecta a los inmigrantes, sino también a las clases trabajadoras, que se ven ridiculizadas desde los medios de comunicación. Según un estudio de Ipsos MORI, el 30% de la población considera que la inmigración es el principal problema del país, aunque solo el 10% reconoce verse afectado personalmente. «Tenemos que desmontar los mitos», proponen varios asistentes. Entre ellos, una pareja de colombianos, que ponen el ejemplo de Stop Rumores en Bilbao, un proyecto que tiene por objetivo quitar de la circulación las mentiras sobre el colectivo extranjero.
Los ataques racistas y xenófobos también han aumentado. Solo en el mes de julio hubo un 41% más respecto al mismo mes en 2015, con las imágenes frescas de una agresión a un español en Bournemouth. No obstante, entre los presentes, solo se mencionan un par de casos, donde el ataque xenófobo viene originado por la dificultad del inmigrante para desenvolverse con el idioma. «Los racistas y xenófobos se sienten legitimados tras el referéndum», se escucha. Por eso, en Exeter, desde donde han venido tres personas, los días posteriores al 23 de junio se puso en marcha una acción para hacer sentirse acogida a la comunidad inmigrante. Uno de los desplazados, profesor en la universidad, incide en que la mayoría de la población británica no es racista, «la gente se disculpaba ante mí por el resultado».
«Yo lloré cuando me enteré de que el Brexit había ganado», confiesa otra asistente, que admite sentirse fascinada por el «pasotismo» de sus amigos, a los que «les da igual su futuro». Sin embargo, la mayoría apunta que «hay que hacer algo».
Un miembro de la Marea Granate, el colectivo de migrantes españoles que ha protagonizado las campañas contra el voto rogado y que organiza esta asamblea, expone varias iniciativas que han surgido en las últimas semanas en respuesta a las medidas anti inmigración. Entre ellas, The 3 Million (Los 3 millones), una plataforma que quiere asesorar a los extranjeros y actuar como lobby frente al Gobierno; y One Day Without Us (Un día sin nosotros), una llamada a la movilización el próximo 20 de febrero (Día Mundial de la Justicia Social), cuando se convoca a inmigrantes (y nacionales) a faltar a sus puestos de trabajo para visibilizar y reivindicar la importancia que tienen para el país.
A las 14:30 se da por terminado el encuentro. Los veintisiete que acudieron han acordado volver a reunirse, pero esta vez con gente de otras nacionalidades y organizaciones, y sin olvidarse de los británicos. Quieren impulsar un espacio donde los mitos sobre la inmigración se pongan en entredicho, haciendo pedagogía entre la comunidad local. Asimismo, buscan resaltar el papel de los extranjeros en Reino Unido. La cita será el 4 de diciembre.
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