En el mes de septiembre, antes de que saliera la anterior administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo de manera apresurada la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación por parte de la Cámara de Diputados en su mayoría, perteneciente al partido de Morena conformando la mayoría relativa dentro del Poder Legislativo.
Con la aprobación de la reforma, se daba por iniciado el proceso para que los magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación y de los Estados de la República, entraran a un procedimiento de elección popular, algo que para muchos era considerado como algo adecuado y bien visto debido a la gran cantidad de corrupción que permea en dicho poder, sin embargo, conocedores del tema se veían preocupados ante la aprobación de dicha reforma ya que consideraban que se trastocaba el principio de división de poderes y que este proceso solo iba encaminado al sometimiento de uno de los poderes que hasta entonces se mantenía autónomo y arbitrario ante el Ejecutivo y el Legislativo (gobernados por Morena).
Dicho lo anterior, el proyecto de ley trajo consigo en los meses posteriores a septiembre una serie de movilizaciones, paros y protestas por parte de personal que labora en las distintas instancias correspondientes a dicha instancia judicial, estas movilizaciones estaban enfocadas al rechazo de la reforma, la cual, veían como golpe certero a la vida democrática de México.
De acuerdo con el columnista del periódico El País, Alejandro López, en un artículo publicado en septiembre del 2024, refiere una seri de claves que son fundamentales para el entendimiento de dicha reforma y las modificaciones que trae consigo.
*Elección popular de 1,600 cargos públicos, entre ministros de la Suprema Corte, consejeros de la Judicatura Federal, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados de circuito y jueces de distrito. Estas elecciones están propuestas para que sean iniciadas en el año 2025 con lo cual, a partir de diciembre del presente año se comenzaría con los registros correspondientes de aquellas personas que cumplan con un perfil adecuado para poder ser propuestos en alguno de los cargos antes mencionados.
*La reforma refiere también a que ningún ministro, magistrado o juez podrá ganar un salario mayor al presidente o presidenta del país. Además, se agrega que los magistrados y jueces estarán en el cargo por un periodo de 9 años con la opción a una reelección consecutiva.
Con lo antes mencionado, el paso final para su ratificación se daría en el mes de octubre y noviembre, para lo cual, el partido en el gobierno no le generaría problema alguno para concretar la aprobación, ya que de acuerdo con el proceso político, esta reforma debía ser aprobada por 17 congresos estatales, un aspecto del cual Morena tendía 24 estados gobernados en su mayoría relativa tanto en el ejecutivo estatal como en lo legislativo.
En el mes de noviembre, el debate de la reforma judicial se enfrascaba en una contienda de interpretaciones entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes durante un largo proceso de dimes y diretes, terminaron por sentenciar al Poder Judicial y aceptar las modificaciones que el partido de Morena como gobernante federal, imponía y establecía con los cambios constitucionales antes mencionados.
Entre las ministras que estaban en contra de revertir desde el recurso de inconstitucionalidad el proyecto reformador se encontraban Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes rechazaron en concreto estar a favor de revertir la reforma y aceptaron el mandato presidencial. Por otro lado, el ministro Alberto Pérez Dayán, mencionaba que el recurso de inconstitucionalidad no era válido al querer tratar de fondo el proyecto e invalidar una encomienda reformadora, por tal motivo, la Suprema Corte al no alcanzar los votos suficientes, optaron por la aprobación de la reforma constitucional y aceptar los cambios propuestos por el ejecutivo federal.
¿Estará el pueblo de México preparado para un cambio tan drástico en este nuevo proceso reformador? Y el pueblo sabio ¿sabrá elegir adecuadamente a los próximos encargados del poder judicial, desde ministros, magistrados y jueces? ¿Se acabará de tajo la corrupción y privilegios de los colaboradores de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal? Preguntan sin respuesta, pero que con el tiempo se sabrá.
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