El Gobierno español para defender a los ciudadanos de los problemas que ha creado la inflación pensó crear un impuesto transitorio a las petroleras y a la banca. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) manifestó que no estaba de acuerdo con el impuesto a la banca.
En un artículo de opinión, publicado en EL PAÍS (7 de noviembre de 2022) bajo el título Impuestos asumibles, se indica que el Banco Central Europeo (BCE) «ha asestado esta semana un duro golpe a la intención del Gobierno de imponer el nuevo impuesto que la banca deberá abonar durante dos años. El informe es inusualmente crítico con el nuevo tributo transitorio, y a pesar de que no es vinculante y no frena en ningún caso su tramitación parlamentaria obliga al Ejecutivo a buscar el modo de evitar un choque con el supervisor bancario europeo y la máxima autoridad monetaria». Si no entendí mal, además, el BCE se mostró a favor de que sean los clientes quienes finalmente sufraguen el coste del nuevo tributo.
Todo lo anterior me ha recordado la crisis financiera que sufrimos los ciudadanos en 2008. Paco Roca, Premio Nobel de Comic 2008, en un trabajo que tituló Crónica de una crisis anunciada, explicó que fueron los bancos los que, queriendo aumentar sus ganancias, llevaron a cabo el proceso de ingeniería financiera causante de la crisis.
En este caso, la solución a la crisis corrió a cargo del Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad creada, junto con el Banco Mundial, en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial, y presidido, en ese momento, por la misma persona que ahora preside el BCE, es decir, por Christine Lagarde. Según el FMI, los causantes de la crisis financiera habían sido los ciudadanos, no los bancos.
Lagarde no dudó en obrar cómo habían hecho los anteriores directores gerentes: rescatar a los bancos con dinero público, es decir, practicando la «virtud» de la austeridad presupuestaria. Esa austeridad presupuestaria, en este caso, consistió en una rebaja de los sueldos de los trabajadores y unas reformas estructurales en educación, sanidad y pensiones.
¿Qué supuso la reforma estructural en las pensiones? Antes de la crisis financiera, las pensiones eran gestionadas por la Seguridad Social. La reforma estructural que consideró necesaria el FMI suponía su privatización. Ello supuso crear fondos de pensiones. Un fondo de pensiones es lo mismo que un fondo de inversión, con la única diferencia que el dinero procede de las aportaciones que mensualmente realice la persona, pensando en su jubilación.
La Seguridad Social era sustituida por profesionales privados. En un artículo periodístico, titulado «Lo que el Gobierno sabe hacer mejor» (El País, 12 de abril de 2015) Paul Krugman, economista estadounidense nacido en 1953 y laureado con el Premio Nobel de Economía destacaba: «La verdadera seriedad consiste en observar lo que funciona y lo que no. Los planes de jubilación privados funcionan mal. La Seguridad Social funciona muy bien. Y deberíamos aprovechar su éxito».
Las reformas estructurales que indicó el FMI suponían también una rebaja de los sueldos de los trabajadores y recortes en sanidad y educación.
El FMI no fue capaz de recordar que hay cosas como la sanidad y la educación que son derechos humanos y que su revisión en el contexto de esas reformas estructurales supone que de estos derechos solo podrán disfrutar quienes tengan dinero para pagarlos.
En el caso del impuesto a la banca que pretende llevar a cabo el Gobierno durante dos años y el rechazo del mismo por parte del BCE, la noticia más reciente publicada en EL PAÍS del pasado 29 de noviembre llevaba por título: «La banca confía en tumbar en los tribunales el nuevo impuesto al sector financiero». En esa noticia se indica que se trata de un tributo al que se oponen los bancos. María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, se mostró contundente en un reciente foro financiero organizado en Madrid: «Lo recurriremos al día siguiente de pagarlo».
La misma noticia añade: «En julio, el Ejecutivo anunció por sorpresa un impuesto extraordinario para compañías energéticas y bancos. El conjunto de las entidades mantiene que es injustificado y que tendrá un impacto negativo sobre la economía. Y se añaden multitud de bancos que están dispuestos a recurrir el tributo tras pagarlo».
¿Qué piensan los ciudadanos que no pueden comprar alimentos por culpa de la inflación?
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