Francamente, me importa un bledo.

Ya sé que suena repetitivo pero por si alguno de mis sufridos lectores no lo sabe quien suscribe es republicano, vamos que no tiene nada de monárquico y no lo es por cuestión baladí si no por el mero hecho de que la jefatura del estado sea una cuestión hereditaria. Pero en ningún caso por lo que pueda parecerme a título personal esta o cualquier otra familia real que se tercie.

Dicho esto pues sí, a un servidor le importa un carajo que Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón, rey emérito para más señas, se haya ido a vivir fuera de España, aunque no sé yo que pensar si lo siguiera haciendo en La Zarzuela a costa del erario público que igual, por el momento, hasta nos costaba más barato.

A fuerza de ser sincero no creo que haya que explayarse mucho con esto, si fuéramos capaces de entender que por encima de rey Juan Carlos es un ciudadano y que como tal debe rendir cuentas como el resto y no como hasta ahora que, presuntamente, parece que se ha valido de su carácter de inviolable para cometer un buen número de tropelías. Mientras los que estaban a su alrededor, incluidos presidentes de gobiernos varios, miraban a otro lado.

Las sospechas.

Lo que sorprende, es que todavía a estas alturas y con la que lleva cayendo para la mayoría de españoles desde hace una friolera de años, anden algunos con un quítame allá esas pajas por un tipo que lo tenía todo: un sueldo de muy señor mío, vivía a tutiplén en un palacio –como un rey vamos-, una esposa sumisa con las correrías de su marido, que para colmo tenía hasta reconocimiento y que, a pesar de todo eso presuntamente otra vez, se haya dedicado a escaquearle dinero al fisco que es como quitárselo a todos los españoles a los que decía tanto querer.

Por otro lado, comparar al emérito con la vulgar clase política como algunos en su inusitado deseo de salvarle el trasero a toda costa pretenden resulta absolutamente infundado. Y lo es por varias razones fundamentales.

La primera porque un político cualquiera ocupa su cargo de forma temporal. Es decir es el pueblo quien tiene la potestad de evaluar su conducta en cada cita electoral e incluso las propias leyes, entre medias, a través de sus representantes y mediante una moción de censura facultan hasta el cese del mismísimo presidente del gobierno.

En segundo lugar porque cualquier político por mucho que algunos se empeñen en despotricarlo está sujeto a las leyes y si se las salta a la torera y le pillan, el que más y el que menos, lo acaba pagando de un modo u otro. Y si no, en el mejor de los casos para el que consiga evadir la justicia, las urnas le acabarán pasando factura en la forma que entienda el pueblo.

Y en tercer lugar, por quedarlo ahí y no hacer más leña del árbol caído, el tan citado estos días «criterio de ejemplaridad» es directamente proporcional al cargo que se ocupa. O sea, que no es lo mismo que la cague un concejal cualquiera por enchufar al hijo de su primo de barrendero, que un rey utilice a su concubina para escamotear una millonada de euros a la hacienda pública. Si es que ese fuera el caso.

Y si para colmo uno se encuentra amparado por una legislación que le permita hacer lo que le de la real gana, nunca mejor dicho, calificándolo de irresponsable e inviolable cara a la justicia, valerse de semejante privilegio para hacer de su capa un sayo, pues qué quieren que les diga.

Los hechos.

Menos mal que ha sido un tribunal extranjero el que ha puesto el dedo en la llaga de una vida tan tumultuaria como excesiva de un monarca que hasta ahora casi todo el mundo había intentado tapar como fuera y al que entiendo que no habría que agradecerle tanto y, menos aún, que se le adulara en la forma que se ha hecho a sabiendas de quien era y como se las gastaba.

De hecho he de reconocer que aun mi espíritu republicano llegue a caer también víctima de tales artimañas y hasta en algún momento me arrogue de forma inconsciente el eufemismo juancarlista.

En lo político Juan Carlos I ha tenido dos momentos destacados en su vida. Uno donde tenía que elegir entre perpetuar o no la dictadura militar tras la muerte del general Franco o decidir respaldar un golpe de estado en el otro. En ambos casos eligió la democracia porque no cabía otra cosa, que de no haberlo hecho se hubiera llevado una buena patada en el trasero de la sociedad española y haría mucho tiempo que habría recalado en cualquier otro puerto.

En lo humano, hombre no es que uno quiera dárselas de santo, pero de un rey cuyas correrías y líos de faldas son voz populi desde que se le conoce, ya me dirán ustedes dónde queda ese criterio de ejemplaridad que tanto se habla.

En cualquier caso todos pasaron un tupido velo sobre la vida de Juan Carlos I. No solo los sucesivos presidentes de gobierno y ministros que le acompañaron durante su reinado si no la propia prensa que prefirió también pasar de puntillas sobre los trapicheos del monarca y ahora lo reconoce hasta avergonzarse de ello.

Eso, sin tener en cuenta la gama de amistades peligrosas que ha tenido el mismo a lo largo de su vida, entre ellas toda una variedad de despiadados sátrapas que forman buena parte de la realeza de Oriente Medio.

Lo que queda pendiente de hacer.

Algún día habrá que replantearse de una puñetera vez la cuestión de la monarquía, no por completo del estado como dicen algunos tan interesadamente pretendiendo mezclar churras con merinas para que sigamos aferrados a la tradición dinástica. Que no digo yo también si monástica, viniendo de quienes viene tanta adulación y condescendencia mientras destripan a otros con la mayor saña por cualquier falta.

Los mismos que ahora se deshacen en halagos con Felipe VI –que sigue manteniendo prácticamente la misma opacidad de siempre en la institución-, de igual modo que lo hicieron durante 40 años con el que ahora sale de su país por la puerta de atrás con la cabeza gacha y cogiendo el camino del exilio.

Un país que quiera avanzar no puede mantenerse aferrado a leyes que se dictaron en un contexto histórico determinado y que han quedado fuera de lugar con el devenir de los tiempos. Es el caso de la Constitución del 78 que salvo en un par de ocasiones y por necesidades de la UE no ha sufrido modificación alguna siendo un caso excepcional en su entorno.

Lo que debería hacernos intuir que determinados sectores de la sociedad española se mantienen empeñados en que nada cambie, probablemente para no perder ciertos privilegios, por lo que desde hace más de cuatro décadas siguen propagando miedos y temores infundados para evitar los retoques necesarios en una norma tan esencial.

A buen seguro que no es ahora el momento con la que está cayendo pero no estaría de más ir poniendo al menos a una institución propia de otros tiempos en el sitio que le corresponde poco más allá de su rol novelesco.

Mientras sí, mientras no, exigiéndole una transparencia de la que ha carecido siempre. Y que de una vez por todas, más pronto que tarde, quede en manos del pueblo decidir cómo y quién quiere que le represente en la jefatura del estado.