«Protección especial de la ganadería extensiva. La ganadería extensiva es una de las actividades agrarias más fragilizadas hoy en día por la lógica de los mercados y su coexistencia, no exenta de tensiones, con la fauna salvaje, y ello a pesar de su papel decisivo en la prevención de incendios, la conservación de los ecosistemas y la gestión de los paisajes. (…) Se promoverá un modelo de producción ganadera extensiva sostenible en cuanto al consumo de recursos y sensible con los animales y con el medio ambiente».
«Queremos montes vivos, pueblos vivos. Queremos un sector forestal fuerte y dinámico capaz de aprovechar los recursos forestales (madera, corcho, biomasa, resina, setas,..) mientras se mantienen los servicios ecosistémicos y se fija población en las zonas rurales. Un sector forestal que conviva con el sistema agrario y ganadero moderno y sostenible, capaz de producir alimentos de calidad respetando el agua y el suelo».
«(…) la ganadería extensiva es, en Europa, una forma relativamente marginal de producción ganadera, comúnmente gestionada a nivel familiar, y caracterizada por el uso de praderas y pastizales naturales o seminaturales (frecuentemente en zonas de Alto Valor Natural) como fuente primaria para alimentar al ganado. Aunque producen una minoría del total de productos de origen animal, estos agroecosistemas pastorales son los que nos muestran en los medios cuando quieren destacar las bondades de la ganadería. Además, cuando están bien gestionados, estos sistemas no solo producen alimentos, sino una variedad de beneficios públicos que pueden ir desde el mantenimiento de paisajes heterogéneos hasta la prevención de incendios».
El primer párrafo pertenece al programa que presentó para las últimas elecciones generales el Movimiento Sumar. El segundo es de la organización Greenpeace. El tercero de Ecologistas en acción.
¿Recuerdan cuando al ministro Alberto Garzón le llovieron palos de todos lados, incluso de su socio de coalición el PSOE, por decir que la carne que sale de las llamadas «macrogranjas» es de peor calidad que la que se produce a través de la ganadería extensiva?
Garzón abandonó la política activa en 2023 y un año más tarde acabó afirmando que «La política es una trituradora de personas».
Una institución tan poco sospechosa como la Cruz Roja –o a lo mejor también, vaya usted a saber-, se hace eco de las nuevas categorías de incendios que se están produciendo a lo largo y ancho de todo el planeta: los mega incendios o incendios de sexta generación y de lo que España ha sido, es y consecuencia del continuo aumento de las temperaturas, seguirá siendo pasto de los mismos.
La propia web de la Cruz Roja se hace eco de las palabras de Mariona Borràs, ingeniera de montes: «No existe una definición estandarizada sobre lo que es un mega incendio, pero que a la hora de abordarlo no se tiene en cuenta la superficie quemada sino otros parámetros como velocidad, intensidad o altura de llamas. Un gran incendio forestal es aquel que está fuera de capacidad de extinción, por muchos recursos que se pongan. Solo se consigue abordar cuando ocurre un cambio de combustible o mejoran las condiciones meteorológicas».
En este sentido la investigadora del CSIC Cristina Santín, del Instituto Mixto de Biodiversidad de Mieres –igual otro elemento subversivo-, afirma: «Cada vez son más frecuentes paisajes más secos y calurosos que son más susceptibles a quemarse y, además, con más severidad, lo que incrementa el riesgo de grandes incendios forestales, también llamados megaincendios o incendios de sexta generación. El número de días con riesgo extremo de incendios ha aumentado en todo el mundo y se ha duplicado en la cuenca mediterránea en los últimos 40 años».
«Entre el año 2009 y el año 2022 el gasto en prevención de incendios se ha hundido a la mitad. El Estado y las comunidades autónomas pasan de destinar 364 a 176 millones al año a prevenir los fuegos», (Antena 3, 14/08/25). Al menos hasta ahora, la cadena no infundía sospecha alguna.
La Ley de Montes 43/2003 dice que las Comunidades Autónomas elaborarán planes forestales que establezcan objetivos y estrategias para la gestión sostenible de los bosques, incluyendo la zonificación de usos y actividades, la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos como incendios y plagas.
Aunque la gestión es competencia autonómica, dice la misma ley que existirá colaboración con propietarios forestales públicos y privados, así como con el Gobierno central, para asegurar la coordinación y eficacia de las políticas forestales.
Y que la gestión forestal busca alcanzar objetivos ambientales, económicos y sociales, como la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, la producción de bienes y servicios forestales y el desarrollo rural.
Sin embargo, Paco Castañares, actual presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medioambiente, denuncia con absoluta rotundidad la falta de prevención en materia de incendios por parte de las administraciones públicas, más preocupadas en el material necesario para la extinción de los mismos que de dicha prevención.
Por poner un ejemplo, Castañares, que fuera también director general de medioambiente de la Junta de Extremadura, afirma que el pasado incendio de la comarca de Las Hurdes donde han ardido cerca de 3.000 hectáreas ha supuesto un coste de unos 6 millones de euros en medios aéreos. Si en los 10 años anteriores se hubieran invertido solo 3 millones en labores de prevención en esa misma zona, es posible que el incendio no hubiera podido evitarse pero sus consecuencias hubieran sido mucho menos desastrosas y con mucho menor coste para las arcas públicas.
Vamos que ni son los pérfidos rojos satánicos que nos gobiernan desde “lejanas montañas”, ni las organizaciones ecologistas los culpables de la enorme acumulación de incendios forestales y megaincendios que están sacudiendo todo el mundo, desde California a Turquía, pasando por Canadá, Portugal, Francia, España, etcétera, etcétera.
Sino que se trata de una consecuencia más del cambio climático –aunque la mayor parte se atribuyen a causas humanas evitables-, pero que, en muchos casos como el de España, se intensifican consecuencia de la continua reducción de inversiones en prevención, una desidiosa y deficiente gestión de la masa forestal, la despoblación rural y con ella la falta de recursos agrícolas y ganaderos por falta de incentivos.
En definitiva, una vez más, el desprecio por los servicios y los recursos públicos.
Por último, no deja de provocar, como poco, cierta curiosidad que se tache de ideológico, como si fuera ello un insulto, la defensa de los servicios públicos y no lo sea cuando el PP pone al frente de la gestión forestal en algunas CC.AA. a los negacionistas de Vox, los mismos que corean a Javier Milei al grito de «la justicia social es una aberración y los impuestos un robo».
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