Christine Lagarde, la actual presidenta del Banco Central Europeo, fue directora general del FMI en uno de los intervalos más duros de la Gran Recesión de 2008 y una de las principales instigadoras de las políticas de austeridad
Por su parte, su vicepresidente, Luis de Guindos, fue ministro de economía durante el gobierno de Mariano Rajoy; para más señas aquel que repitió por activa y por pasiva que los 60.000 millones que se les iban a prestar a los bancos era solo eso «un préstamo», que tendrían que devolverlos y que no nos iba a costar un euro a los españoles.
Los mismos 60.000 millones que hace tiempo se oficializó que no nos iban a devolver en su mayor parte pero que bien que nos habían sacado a todos el pellejo a costa de ello.
Durante un tiempo, la imperiosa necesidad de salvar el euro y la economía europea obligó al BCE a despachar dinero «gratis» a diestro y siniestro, sobre todo cuando una inesperada pandemia, además de llevarse por delante la vida de millones de personas, paralizase la mayor parte de la industria y el comercio.
Es el eterno anacronismo del liberalismo económico que desprecia lo público cuando las cosas van bien pero suplica el auxilio del estado cuando estas se tuercen e incluso cuando se queda con el culo al aire después de haberla liado parda como ocurriera con la crisis financiera de 2008.
La receta
Así que con tales mimbres «la cabra tira al monte» y a las primeras de cambio el BCE ha vuelto a hacer uso de las recetas de la más pura ortodoxia en forma de subidas de tipos de interés y ahora acaba de sacar su habitual monserga cada vez que un gobierno propone un nuevo impuesto para la banca.
Sino que se lo digan a los que tienen la desgracia de tener un crédito hipotecario a interés variable que están viendo cómo puede subirles su cuota mensual del orden del 30 o el 40 por ciento. Y eso que, como reconocía desde el primer momento la misma entidad, el aumento de la inflación se debe en buena parte a una cuestión de oferta y no de demanda, por lo que no tiene sentido repercutir los tipos de manera tan zafia sobre los consumidores.
Con respecto a los impuestos y al igual que ocurriera con Eslovaquia, Polonia y Lituania –también el Reino Unido en su momento-, cuando hicieron lo mismo, como lo hacen desde hace tiempo Francia, Austria, Bélgica o Suecia y a los que están en ello como Hungría, República Checa, Italia o Grecia, es curioso que uno de los argumentos que esgrime el BCE para criticar dichos gravámenes es que pueden provocar una limitación en el crédito, cuando precisamente su decidida apuesta por subir los tipos de interés tiene ese propósito.
Por si no fuera suficiente no solo es que de tan manera tan «magnánima» para los de siempre ponga de vuelta y media la apuesta, sino que insta a los propios banqueros a repercutir dicho impuesto directamente a sus clientes.
Vamos, que de lo que se trata es de seguir haciendo pagar los platos rotos a los que menos tienen y pasar de lejos de los verdaderos culpables de la situación que, de paso, se están haciendo todavía más ricos de lo que ya por sí lo eran.
Los que ni siquiera se cortan lo más mínimo y no dejan de restregarnos por las narices cómo de bien les está viniendo esta nueva crisis. Ahí tienen a la banca en España que suma beneficios como nunca, sus ejecutivos son los mejores pagados de la U.E. y vuelven a repartir magníficos dividendos entres sus accionistas mientras siguen despidiendo a miles de empleados.
La cosa patria
No iba a ser menos el Banco de España, al fin y al cabo los bancos centrales son por lo general de lo más conservador, que pronosticó un descalabro en el empleo cuando las huestes del ministerio decidieron dejar atrás aquellos pírricos 750 € del salario mínimo en 2019 y el banco acabó quedándose con el culo al aire al respecto.
Porque la realidad es que, a pesar de tan nefasto vaticinio, por aquellos entonces la tasa de desempleo era casi del 17% y en la actualidad –con tanto jaleo de por medio-, ha caído hasta el 12.5 %.
Pero, hoy que andamos echando mano del refranero, «vuelta la burra al trigo» y una vez más nuestro afanado Hernández de Cos, el tan preciado gobernador de la institución, aplaude las medidas del BCE aun reconociendo para más inri que el 50 % del aumento de la inflación es consecuencia del aumento de los precios de la energía y no por la susodicha demanda.
Lo cierto es que cuesta trabajo oír a un tipo con un salario público cercano a los 200.000 euros anuales que se permita el lujo de decir que sean los de abajo los que más tengan que sacrificarse de nuevo evitando el aumento de sus ya de por sí precarias retribuciones, propias de un modelo laboral y profesional tan aciago como el español.
O cómo los más fieles a tan desesperante ortodoxia ponen a caer de un burro a la ministra de trabajo por entender que los sindicatos se echen a la calle por ello.
Cuando estos últimos repiten por activa y por pasiva que ni siquiera pretenden que en lo que les toca se indexe la subida de salarios a la inflación, tan solo que suban solo un punto más de ese 2,6 % establecido por la patronal; pero se contemple una cláusula de recuperación del poder adquisitivo a lo largo de los próximos años cuando la cosa vaya mejor.
En resumidas cuentas, en la pasada crisis de 2008 tanto se arguyo la premisa que gran parte de la población llegó a creerse responsable de la misma «por haber vivido por encima de sus posibilidades» y, por tanto, pagar el pato del asunto mientras los verdaderos culpables se ponían una vez más las botas a costa de ello.
Ahora, con el mismo resultado, tendremos que darnos por satisfechos con que al menos esta vez en medio de tanta sórdida indecencia no nos hayan hecho culpables del estropicio aunque tengamos que seguir siendo las víctimas propicias del mismo.