La sola lectura del titular de esta noticia aparecida en el diario digital The Objective el pasado 21 de marzo y el párrafo extraído del mismo –podíamos haber escogido cualquier otro-, sobre la esposa del presidente del gobierno de España, es suficiente para darnos una idea del nivel de calidad de algunos medios de comunicación que proliferan por las redes sociales y que, sin embargo, son para buena parte de la ciudadanía su principal fuente de información.
«Una de las piezas claves del manual trumpista es conseguir crear un totum revolutum para que la opinión pública meta todo, y a todos, en el mismo saco», que en palabras de la politóloga y socióloga Cristina Monge (Zaragoza, 1975- ), lo que viene a poner de manifiesto es ese continuo machaqueo por parte de cierta opinión pública con que todos los políticos y sus respectivos partidos son iguales.
Que venga a ser lo mismo que un concejal plante a un pariente desempleado a barrer las calles de su pueblo de manera furtiva, que una trama millonaria en las altas esferas de la política. Que ambas cosas sean reprochables pase, pero de ahí a ponerlas en el mismo plano nunca podrá resultar igual de significativo.
El problema es que desde numerosas formaciones políticas arraigadas en esa misma órbita del trumpismo, se está alimentando ese discurso más allá de los habituales ambientes discordes con la democracia -desde antes incluso de la irrupción en política del propio Donald Trump-, en un claro interés por agrietar esta última.
Haciéndose valer para ello de un desmedido uso de expresiones referidas a la libertad y la propia democracia con la falsa apariencia de ser los principales valedores de las mismas.
En general lo que se pretende con ese «todos son iguales», despreciando a la clase política es deslegitimar el modelo de sociedad actual –esgrimiendo los conocidos argumentos en aras de la virtud, la seguridad, la identidad nacional, etcétera-, para acabar dando paso a lo que también se ha dado en llamar la «ilustración oscura», un movimiento anti democrático que rechaza el igualitarismo y propone un regreso al Antiguo Régimen.
No en vano, en las manifestaciones organizadas por Vox en España y, en general desde el ámbito conservador, es habitual ver como entre sus participantes ondea la bandera con la cruz de Borgoña, emblema que en las guerras carlistas de la España del s. XIX portaban los partidarios de la monarquía absoluta.
Actualizado a los tiempos modernos algunos autores ya propusieron que durante el mandato de Donald Trump este derogara la Constitución de los EE.UU., aboliera buena parte de las libertades y actuara como si el país al completo se constituyera en su propia empresa.
Bien condujera al país por un modelo de anarco liberalismo donde el papel del estado quedara reducido a la mínima expresión cuando no del todo inexistente permaneciendo todas las infraestructuras y servicios en manos de la gestión privada. En definitiva otra redefinición de la famosa novela de Philip K. Dick en la que sus androides soñaban con ovejas eléctricas.
Un riesgo todavía mayor con la irrupción nuevamente en escena de personajes como Steve Bannon, antiguo asesor de Trump, o Jack Posobiec, un conocido activista y comunicador de la extrema derecha estadounidense quien recientemente ha dicho: «¡Bienvenidos a la muerte de la democracia! Estamos aquí para derrocarla por completo. No lo conseguimos el 6 de enero, pero esta vez vamos a acabar con ella».
Unas palabras de las que inmediatamente se ha hecho eco el propio Trump asegurando su «venganza absoluta», contra sus adversarios políticos y para los que habría llegado «el día del juicio final», si logra la victoria en las próximas presidenciales.
De ahí que en nuestro ensayo «2024 y El Cuento de la Criada», hayamos plasmado nuestra preocupación sobre el actual marco político en occidente y los numerosos procesos electorales abiertos durante este año en todo el mundo; especialmente las elecciones europeas de junio donde se prevé un fulgurante ascenso de la extrema derecha y las presidenciales norteamericanas de noviembre con un Donald Trump desatado.
Por eso, el estado actual de la escena política española, embarrada en un auténtico lodazal de corrupción, crispación y barriobajerismo parlamentario está contribuyendo, de manera consciente en algunos casos pero de otra completamente irresponsable entre la ciudadanía, a que la sombra de un futuro aterrador para la democracia se vaya alargando cada vez más sobre la misma.
La corrupción
Vaya por delante que España no puede considerarse un país corrupto como se pretende casi a diario desde numerosos e interesados foros. En España no se le planta un billete de 100 euros a un funcionario en la ventanilla de un registro para que acelere un trámite o se le sueltan otros tantos a un agente del orden para esquivar una multa de tráfico.
Menos aún se puede, como se pretende invocar desde esos mismos ámbitos, mirar con el mismo rasero los comunes y pequeños fraudes fiscales de muchos mortales en la adquisición de bienes de cualquier tipo. Una práctica inducida en una parte por las propias debilidades humanas pero sobre todo por la ímproba carestía y deficiencias de unos debidos servicios públicos.
Pero de ahí a que por ello se considere la corrupción un mal generalizado de la condición humana y más aún de carácter endémico de la sociedad española, con el inquietante ánimo de poner en tela de juicio las virtudes de la democracia, dista todo un abismo.
España es un país avanzado, posicionado en los ámbitos referidos a su progreso social y económico entre los 40 primeros del mundo. Pero que tiene sus problemas y es víctima de una trayectoria histórica donde, por el contrario a lo sucedido en su entorno, se mantuvo al margen de las revoluciones liberales y por consiguiente de las debidas transformaciones industriales del pasado; mientras resultaba castigado por dilatados regímenes absolutistas y despóticos en los dos últimos siglos a la vez que la democracia suponía un rara avis en todo ese tiempo.
De hecho España, con sus defectos y virtudes, ha avanzado más en estas últimas cuatro décadas por la vía democrática que durante los doscientos años anteriores, con un extraordinario esfuerzo de la sociedad pero no por ello ausente de fallas y vicios heredados por unas élites que se resisten a perder sus privilegios.
Para colmo, la democracia regresa a España en 1978 pero es precisamente durante su consolidación, bien avanzada la década de los 80, cuando se produce un cambio en la organización económico social en occidente con la irrupción del modelo neoliberal y la derogación del modelo capitalista anterior que había alumbrado el desarrollo del estado del bienestar en su entorno europeo.
Tanto es así que en virtud a los informes de todas las instituciones públicas y privadas más relevantes cuantas crisis de orden económico que han tenido lugar a partir de ese momento, en especial tras la llegada del segundo mileno, han aumentado los desequilibrios y las desigualdades sociales entre dichas élites y las clases populares y ha puesto al pie de los caballos a una próspera, hasta ahora, clase media.
Un fenómeno que si bien ha sacudido a todas las sociedades occidentales, se ha manifestado con más crudeza en España al carecer de un estado benefactor con unos recursos públicos lo suficientemente fuertes y un modelo de desarrollo acorde a sus necesidades. Todo ello fruto del retraso en su incorporación a las democracias occidentales.
Además, bajo el auspicio de esas mismas élites, el modelo político español ha girado de forma mayoritaria en el ámbito nacional entorno a dos partidos hegemónicos el PP y el PSOE que insuflados por esa misma corriente neoliberal han dominado casi la totalidad de la escena política española.
Ello ha devengado en numerosos casos de corrupción política que cada vez que han hecho aparición en alguna de las partes ha sido respondido con otro en su lado opuesto de similar naturaleza; en un continuo apogeo del conocido «y tú más» que solo acaba generando desafección entre la ciudadanía.
Que es donde nos encontramos ahora con un continuo ir y venir de acusaciones por corrupción entre las dos formaciones mayoritarias de la Cámara lanzándose día sí y otro también dardos envenenados, uno tras otro, cuando no a navajazo limpio.
En un momento crucial, sobre todo en un contexto como el actual en toda la escena internacional, que solo sirve para dar pábulo a teorías que ponen en entredicho el concepto de estado y el de la propia democracia.
No en vano, son las propias élites económicas y financieras las que a través de sus recursos mediáticos desacreditan todo intento de regeneración de la vida pública restando protagonismo a propuestas como la realizada recientemente al respecto por la plataforma Sumar para la creación de una oficina de prevención de la corrupción, que, por el momento, ha caído en saco roto tanto para el PP como para el PSOE.
No solo y con esas, sino que incluso en un momento como el actual el Partido Popular con el apoyo de Vox se permite en medio de semejante escandalera, hacer saltar por los aires la oficina anti corrupción del gobierno balear, dando carpetazo a expedientes abiertos y poniendo a recaudo las normas de transparencia dadas hasta ahora en las islas.
Una jaula de grillos
No hay consenso entre los diferentes politólogos y analistas acerca de si el cambio de estrategia del gobierno de España tras lo acontecido en su anterior legislatura, con cierta impavidez ante los furibundos ataques de la oposición, si respondiendo ahora con la misma hostilidad a los mismos es una respuesta acertada o no.
De hecho Sumar, la parte minoritaria del gobierno, ha criticado también tal modus operandi acusando a PP y PSOE de convertir el debate parlamentario en un espectáculo grotesco, manteniéndose al margen de ello e incluso, como veíamos antes, proponiendo una oficina anti corrupción al efecto que sea capaz de hacer frente a la misma.
Sin respuesta por el momento de los dos principales partidos y menos aún de Vox, el más beneficiado cuanta mayor sea la crispación.
Cuando decimos que Vox es el partido al que más beneficia tal grado de deterioro de las instituciones no lo es tanto por su repercusión en votos para la formación como por la consolidación de sus ideas en la escena pública.
Ese particular duelo por la captación de electores en la derecha del tablero político en prácticamente toda Europa está provocando, sino ya el auge de estos grupos, más especialmente un escoramiento de la doctrina liberal dominante hacia posiciones extremistas que, eso sí, a juicio de la mayor parte de esos mismos analistas está poniendo en riesgo la democracia y con ello el modelo de sociedad dado tras la II Guerra Mundial en el marco occidental europeo.
En el caso de España, a esto se añade el especial concepto patrimonialista de la nación española que tienen los conservadores en este país consecuencia de su devenir histórico y de una Transición a la democracia tras la muerte del general Franco que quizá fuera la única posible pero resultó del todo incompleta y en la que se apropiaron de los símbolos nacionales sin mediar respuesta en otros actores políticos.
Ya vimos en nuestro reciente artículo con motivos de los 20 años de los atentados del 11M que estos marcaron un antes y un después en la forma de hacer oposición del Partido Popular aunque ya viniera asomando de algún modo desde la época de Felipe González.
Incapaz de asumir su papel de oposición el PP lo manifiesta de manera reiterada desde aquellos entonces cuestionando incluso la legitimidad de los diferentes gobiernos de sus rivales políticos y haciendo uso, como es el caso del Consejo General del Poder Judicial para lograr desde el gobierno de los jueces lo que no ha conseguido en la vía parlamentaria, de todas las armas posibles para impedir el correcto funcionamiento de las instituciones.
Si a esto añadimos cuando desde cualquier tribuna, se profieren adjetivos como los de corrupto y criminal contra el gobierno de la nación, ello causa aún más desasosiego en la parte más frágil del electorado.
Una forma de hacer política que, como es sobradamente conocido, el electorado de derechas asume con mucha mayor naturalidad que el de izquierdas, lo que genera aun mayor desafección en este último dejando el campo abierto para el extremo más conservador del mismo.
En definitiva no estaría de más, especialmente en el caso del PP y PSOE –en lo referente a Vox ello resulta imposible por cuanto forma parte de la estrategia para su proyecto político-, rebajar el tono, asumir propuestas para combatir la corrupción, fomentar un máximo de transparencia y un largo compendio de actuaciones en aras de la regeneración de la vida pública que, por el contrario a como viene sucediendo en los últimos tiempos, ejemplarice la política y con ello garantice la supervivencia de la democracia.