Isabel Díaz Ayuso, en su discurso de investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid, ha presentado como medida estrella un incentivo a la maternidad por el que su administración transferirá 14.500 € a toda joven menor de 30 años que quede embarazada, lleve empadronada al menos 10 años en la Comunidad y tenga una renta anual inferior a los 30.000 €.
Si bien la cantidad parece ciertamente generosa en relación a las ofertadas en otras CC.AA. la cuestión a plantearse es si realmente dicho incentivo puntual servirá para impulsar de manera sensible el crecimiento demográfico que es lo que presuntamente se pretende o se quedará solo en un adelanto en la edad de las embarazadas.
Teniendo en cuenta el hecho de que la futura madre deberá estar empadronada en Madrid un mínimo de diez años antes de cumplir los 30, quedan además descartadas todas aquellas migrantes españolas o extranjeras que se hayan afincado en la Comunidad después de los 20 años.
Lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos por cuestiones de estudios o laborales y que según el INE –en el escandallo entre los 15/29 años-, representan el 39 % de mujeres que residen en la misma.
El problema demográfico
A tenor de los expertos se necesitan 2,1 hijos por mujer para mantener un crecimiento demográfico sano. Esto es que exista un equilibrio entre la población que envejece y los más jóvenes en edad laboral. Contribuyendo estos últimos por una parte al desarrollo de la sociedad y por otro a facilitar unas mejores condiciones de vida a sus mayores con sus aportaciones tanto económicas como en especie.
Sin embargo la media actual en la U.E. según el balance presentado el pasado año por la Comisión Europea es de 1,55 hijos por mujer y en el caso de España de 1,26.
Para que nos hagamos una idea Europa perdió 23 millones de jóvenes entre 1980 y 2016 mientras que a la vez aumentaban en más de 36 millones los mayores de 65 años. De seguir así la tendencia en 2050 la situación será insostenible por cuanto una de cada tres personas será mayor de 65 años mientras que solo una de cada 7 será menor de 15.
Ni que decir tiene lo que ello representa no ya solo en cuanto a la falta de cotizaciones sino de la de las propias aportaciones vías impuestos para sostener el sistema y los servicios públicos.
El propio John Maynard Keynes, padre de la economía moderna y uno de los impulsores del estado del bienestar, ya advirtió durante la posguerra mundial que esta podría ser una deriva negativa del modelo sino se ejercía el control debido y que ello conllevaría un cada vez más desigual reparto de la riqueza generada entre todos.
Es evidente que la irrupción y consolidación del neoliberalismo en los 80 y el desprecio de las propuestas keynesianas ha acelerado de manera extraordinaria el proceso.
La inmigración ha venido a paliar solo en parte el problema. Pero mientras no se produzca un cambio de estrategia ello debilitará aún más las condiciones de vida en los países de salida mientras que en los de acogida, relegados en la mayoría de los casos a la precariedad, su aportación no será suficiente.
Además de acabar formando parte del propio sistema, con lo que esto significa de otra vuelta de tuerca sobre el mismo.
El problema por tanto no es solo nacional, ni siquiera europeo sino de índole mundial aunque es obvio que en las regiones más desarrolladas es donde está causando más estragos en el corto plazo.
El fracaso de la oferta
En cualquier caso la experiencia acumulada en este tipo de «cheques bebé», ha sido negativa a la larga tanto en España como en el resto de países.
Ello es debido a que la cuestión económica ni es la principal ni la única causa del llamado invierno demográfico. De hecho como viniera a decir Adam Smith allá por el SXVIII «la miseria es fecunda», pero casi cuatro siglos después hay otros factores determinantes que propician la maternidad conforme a la identidad cultural de cada zona del planeta.
En occidente la incorporación de pleno derecho de la mujer a la vida intelectual, laboral y social. Es precisamente en esa etapa, entre los 20 y 30 años, donde la mujer finaliza sus estudios, accede al mundo del trabajo e intenta encarrilar una estabilidad profesional.
Para colmo y entramos aquí en la variante económica, en España es donde precisamente las condiciones de precariedad laboral (más del 37 % de paro juvenil) y una altísima temporalidad (el 52 % de los contratos laborales entre los menores de 30 años) son las peores de la Unión Europea.
En definitiva un conjunto de situaciones que determinan de manera ineludible que el 90 % de las mujeres no tengan un hijo en España antes de los 30 y que la media se sitúe por encima de los 31 años a la hora de ser madre. Que en el caso de Madrid se eleva hasta los 32.
Si a esto añadimos la falta de los necesarios servicios públicos que favorezcan la conciliación como es la escasez de jardines de infancia, la falta de continuidad en las ayudas sociales o una difícil flexibilidad laboral –fruto de la inestabilidad-, todavía hará más difícil la procreación.
Prueba de ello es que España, según también un estudio del Instituto de Política Familiar de la UE, es el país donde más crecen las rupturas matrimoniales antes de los diez años de convivencia y donde se constituyen menos parejas, fruto en buena parte de ese carácter de estacionalidad y precariedad del entorno laboral que rodea a los menores de 30 años y que acaba propiciando un aumento de las tensiones familiares.
Por señalar un fenómeno más, ahora muy en boga en el debate político, en el caso de Madrid el problema del acceso a la vivienda resulta todavía más acuciante.
En un país donde el salario más frecuente son 18.000 € anuales (1.285 €/14 pagas), el alquiler medio en la comunidad madrileña es de 1.176 € mensuales a tenor del estudio presentado en 2019 por el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.
Eso por mucho que se quieran retorcer las cifras en cuanto a las rentas medias ya que si bien es cierto que la de Madrid es la más alta de España no lo es menos que también es donde se dan las rentas más colosales del país dado que es donde residen la inmensa mayoría de los grandes patrimonios nacionales y eso acaba desvirtuando los datos.
Por último y por si cupiera alguna duda al respecto la Encuesta de Fecundidad del INE de 2018 ya nos advertía que la citada cuestión económica queda por detrás de la salud, el no sentirse preparada, razones laborales y de conciliación y una relación estable a la hora de concebir la maternidad.
El hecho
En definitiva, a buen seguro, las administraciones públicas más que preocuparse de cheques bebés y ofertas puntuales de ese tipo deberían esforzarse mucho más por favorecer las condiciones que permitan el desarrollo y sostenimiento de las familias cara a un futuro estable.
La propuesta de Díaz Ayuso es posible que, como en otros casos, pueda surgir un efecto temporal más o menos acentuado en el acceso a la maternidad, pero queda lejos de propiciar un aumento sensible de la natalidad porque no cambia ninguna de las condiciones exigidas para ello.
Por otra parte, no hemos querido entrar, más allá de lo imaginable, en el supuesto de los diez años de empadronamiento en Madrid antes de cumplir los 30.
Es de suponer que con ello lo que se pretende realmente es limitar aún más el alcance de la medida, dentro de su carácter más efectista que práctico en la coyuntura política actual donde en un ambiente de continua guerra propagandística y electoral los fuegos de artificio tienen la máxima prioridad.
Quedémoslo en cualquier caso ahí porque pensar en otros motivos como la discriminación identitaria, lo que otrora se llamó «pureza racial» por otros lares, nos adentraría por terrenos muy pero que muy peligrosos.
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