Que la corrupción política es imposible de erradicar es evidente. Es un fenómeno que se da desde el principio de los tiempos en todo el mundo. Las debilidades del ser humano, la avaricia, la codicia, el poder y que es algo que depende de uno mismo hace imposible que pueda garantizarse la corrupción cero en ninguna parte.
Ahora bien, otra cosa es que se puedan poner los medios para intentar reducir ese riesgo al mínimo y que las sanciones, llegado el caso, sean lo suficientemente contundentes para desalentar a otros de seguir por el mismo camino.
Y esto incluye tanto a corruptores como a corrompidos, tanto a los que exigen una mordida por una adjudicación como para los que ofrecen una comisión para ganar una licitación. Sobre todo en las licitaciones públicas que es donde está, en la mayoría de los casos, el meollo de la cuestión.
Por estos lares son PP y PSOE los que de forma absolutamente mayoritaria acumulan los casos de corrupción que se han dado desde el retorno de la democracia a España. Dos son las razones fundamentales para ello: la primera que son los dos partidos que han acaparado todo el poder desde entonces y que ninguno de los dos, desde el primer momento, supieron romper con los vicios y costumbres adquiridos del régimen anterior.
No solo porque, como toda dictadura, se tratara de un régimen corrupto por naturaleza sino que los empresarios más vinculados a esta y que se habían engrandecido a su sombra, aun al día de hoy, medio siglo después, vienen siendo los herederos de los mismos con sus mismas perversiones y sin que se les haya puesto coto en ningún momento.
SEOPAN, la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras fue creada en 1957 y además de constituir un oligopolio en el sector funciona como un auténtico cártel que ya fue sancionado por la Comisión Nacional de la Competencia en 2022 por acordar sus ofertas ante el Ministerio de Fomento.
Pero aquellos poco más de 200 millones de euros era una cantidad ridícula para los beneficios que ello les reporta por lo que, en definitiva, como siempre ha ocurrido y sigue ocurriendo, se acaban yendo siempre de rositas.
En otro orden de cosas, resulta insultante que el PSOE exponga por bandera a tipos como Felipe González, con los Filesa, Roldán y Gal en su mochila y el PP haga lo mismo con un Aznar cuya buena parte de sus ministros resultaron manchados por la corrupción y la boda de su hija se acabara convirtiendo en la versión actualizada de «La escopeta nacional». O a un «M. Rajoy» que todavía no se sabe muy bien quién es pero lo que sí que es cierto es que buena parte de su corte está salpicada de numerosos delitos por los que ha sido condenada y está a la espera de otros pendientes de juzgar.
Que también es indiscutible, como afirmaba el ínclito Gabriel Rufián recientemente en el enardecido parlamento español, que «la izquierda no puede robar», por su propia naturaleza y, por tanto, el coste de ello en su electorado, mucho más crítico que el conservador, acaba resultando muy superior.
Sobre todo, como decía también el diputado catalán si se trata de una corrupción «cutre», con chicas de alterne de por medio y no de alto copete «Premium» que decía el mismo señalando la bancada popular.
Al margen de la cuestión particular, claro que hay opciones que pudieran permitir que semejantes desatinos quedarán sensiblemente reducidos pero para ello habría que afrontar la cuestión con valentía y, sobre todo, libre de cargas lo que parece ser el gran hándicap de PP y PSOE.
Y ahora esa pelota está en el tejado del PSOE con Pedro Sánchez al frente.
La oportunidad
Mucho más allá del «y tú más», con el que se han atiborrado de reproches socialistas y conservadores todos estos años, tanto el electorado como los socios por la izquierda del gobierno que se han partido la cara por el mismo con miras a mejorar la vida de la gente en un contexto absolutamente contrario para ello no solo en España sino en todo el mundo, todos estos se merecen que el presidente Sánchez presente una serie de propuestas que resulten creíbles para los mismos, sirvan para afrontar en la forma debida la lacra de la corrupción y salven de paso la legislatura.
El Movimiento Sumar, de la coalición de gobierno, ha presentado a sus homólogos del PSOE un documento en el que plantea un paquete de medidas contundentes para las empresas implicadas en tramas de corrupción como la prohibición de acceder a licitaciones públicas ante la administración durante 20 años, un control riguroso de las contrataciones y una legislación eficiente al respecto, entre otras.
Del mismo modo que para los protagonistas directos de tan turbios asuntos como directivos, políticos, funcionarios, etc.
Y es aquí donde tiene que apostar Pedro Sánchez para satisfacer tanto a sus socios como a su electorado. De no hacerlo meros cambios cosméticos en el organigrama de su partido no servirán de nada y casi podría darse por descontada la legislatura.
No estaría de más también hacer un repaso al tema de los aforamientos. Aunque la cifra pueda resultar abultada, 250.000 en el caso de España -un titular malintencionado en determinados portales de noticias-, no es menos cierto que la inmensa mayoría de los mismos, 232.000 personas, son miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que gozan de un aforamiento parcial en el ejercicio de su actividad.
De los 18.000 restantes, 2.000 son políticos y el resto miembros de la judicatura y otras instituciones del estado además de los miembros de la familia real a excepción del rey que goza de inviolabilidad.
Otra cuestión que habrá que revisar también en algún momento –depende en este caso casi de manera exclusiva del PSOE, la gran salvaguarda de la monarquía en España, por contradictorio que resulte tratándose de un partido de alma republicana-, al menos en lo que se refiere a diferenciar entre su actividad como rey y sus asuntos particulares para evitar que se dieran situaciones como las ocurridas con su antecesor.
En Europa la casuística es muy variopinta en relación a los aforamientos, pero es cierto que es una cuestión que habría que intentar reducir de manera sensible aun partiendo también de las premisas que lo justifican según sea el caso: por lo que reporta de positivo para el beneficiado al no poder ser juzgado por un tribunal ordinario a la vez que perjudicial por no poder recurrir ante una instancia superior.
Por último no se trata de ver como se retratarían al respecto las derechas patrias al respecto de tales propuestas porque eso poco o nada importa al resto, sino de devolverle la esperanza a toda esa gente que apostó por este gobierno y que cree que otro mundo es posible lejos de este furor capitalista desenfrenado que ha llevado al mismo al borde del precipicio.
El juego del calamar
Dos o tres cosas que creo saber sobre el caso Böll
