Hace años que decidí no atender las disquisiciones de los tan manidos estereotipos de contertulios y demás convidados de las veladas navideñas. Sí, ya se sabe que no está demás hacer acopio de la verdad para desmontar muchos de los juicios que se dictan en ellas pero dado el grado de polarización existente en la sociedad preferí abstenerme desde entonces por mucho que la realidad quede lejos de tales sentencias.
Quizá sea un error por mi parte, pero prefiero evitar el ruido y mirar a otro lado si cabe, que estropear un momento que debiera presumirse placentero.
Esta vez la palabra más repetida de las fiestas fue «paguita».
Ya hemos referido alguna vez desde esta misma tribuna la importancia del lenguaje. Lo ha sido siempre pero en estos tiempos que corren, donde buena parte de la sociedad esta espoleada por las flatulencias de unas redes sociales que actúan de referente para muchas personas, todavía cobra más significado por la eficacia de sus algoritmos en detrimento de los medios de comunicación habituales.
Qué duda cabe que buena culpa de ello lo tienen los propios medios, que lejos de atenerse a las premisas básicas del periodismo han caído presas de los retorcidos intereses de sus propietarios mientras escasean aquellos que se precien de facilitar información veraz y contrastada que hagan más difícil el caer víctima de las perversas distorsiones de las redes sociales.
Volviendo al motivo de la misiva o lo que es lo mismo al término «paguita», he hecho un inciso para ver que decía la RAE al respecto y cuál ha sido mi sorpresa al descubrir que no aparece en el vocabulario. A buen seguro, conforme las huestes reaccionarias tan de moda vayan haciendo acopio del poder, el famoso diccionario acabará acogiéndolo en su seno.
¿Por qué decir «paguita» y no «ayuda», que sería el término correcto? Quid pro quo. La respuesta a ello es tan sencilla cómo explícita. Cuando se pronuncia la expresión «paguita», lo que se pretende es repudiar el sistema, valiéndose para ello de la actitud de personas que se aprovechan indebidamente del mismo.
Mientras que si nos decantamos por la expresión «ayuda», lo que estaríamos haciendo es poner en solfa la actitud de los vividores y vividoras que se benefician de las virtudes de este.
A resultas, lo que se pretende y desde muy claras instancias es dinamitar el estado del bienestar aprovechando de manera fraudulenta los resquicios que involuntariamente este queda.
La palabreja del año pasado fue «okupa», -esa sí han conseguido añadirla al diccionario-. A saber, todo el mundo tiene un primo que tiene un amigo que conoce a un vecino que sabe de una viejecita que bajó a comprar fruta a la tienda, cuando volvió se encontró a unos tipos en su vivienda y desde entonces vive en la calle.
Nada de lo del allanamiento de morada y las diferencias con la ocupación ilegal de viviendas: “la viejecita sigue dando tumbos por las calles y los malhechores en su casa”, asegura quien dice saberlo a ciencia cierta.
Y de «okupa», a «inquiokupa», -ésta todavía no ha colado en la RAE-, es decir aquella persona que deja de pagar un contrato de alquiler porque le viene en gana o por causa sobrevenida. Vamos los morosos de toda la vida. De 10 a 20 meses para que le desahucie el juez y si se trata de una familia «vulnerable», el plazo según la ley se aumenta dos meses que para los jueces es un año más.
Los jueces, ya saben, los mismos que se manifiestan, toga en mano, contra una ley del gobierno antes de votarse en el parlamento pero no lo hacen para demandar más funcionarios y más jueces. Claro, si estos últimos proliferan se reduce ese aura de divinidad que para sí se arrogan.
¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pasar de puntillas sobre los gigantescos problemas de la vivienda: especulación incontrolada, fondos buitres, gentrificación, proliferación de pisos turísticos, escasez de vivienda pública, etc. etc. etc. Con una magnífica maniobra de distracción para hacer de la ocupación ilegal y los morosos sus principales culpables.
Y cuál será la del próximo año, puede que «externalización», -Acción y efecto de externalizar, dice el diccionario-, pero es demasiada compleja de pronunciar: ex-ter-na-li-za-ción, son seis sílabas y eso parece mucho para hacerla discurrir por las tertulias navideñas. Mejor si cabe: «gestión público privada», sí eso va mejor.
Pero ¿qué significan ambos términos? La privatización de los servicios públicos, ni más ni menos. Y es que suenan mejor, porque si decimos que vamos a privatizar un servicio alguien puede pensar que una empresa privada va a hacer caja a costa de los impuestos de los ciudadanos.
Ya se sabe también que para muchas personas cualquier gestión privada es mejor que la pública, aunque para lograr semejante objetivo lo primero que hay que hacer es hundir la segunda poniendo al frente del servicio a una panda de inútiles y por debajo de los mismos a otros más inútiles todavía.
A mi ciudad natal, una no tan pequeña capital de provincias, se la considera la capital más conservadora de España, no en vano pronto hará 32 años que gobierna el Partido Popular aunque, curiosamente, su alcalde más apreciado perteneciera a la izquierda –no, no es Tierno Galván-, y donde a pesar de las numerosas quejas de los vecinos de muchos de sus barrios gana una y otra vez gracias al poder de convicción de las palabras.
Sí, porque en mi ciudad, el partido dominante cada cuatro años se esfuerza sobre todo en proclamar que todo lo bueno acontecido en ese plazo es logro suyo y todas las deficiencias son culpa de la Diputación Provincial, la Comunidad Autónoma, el Gobierno de la nación y, si cabe, de los propios ciudadanos. Y, además, «no se puede hacer otra cosa» porque lo suyo «no es ideología», que lo ideológico es de los demás.
¡Hasta la próxima!
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