El cambio climático es una de las principales amenazas que
enfrenta la humanidad, con impactos devastadores y de largo alcance en
las personas, el medio ambiente y la economía. Los impactos climáticos
afectan a todas las regiones del mundo y a todos los sectores de la
sociedad.
La hoja de ruta para afrontarlo es la neutralidad climática
y la mejora de la resiliencia, un reto económico y social que necesita
de una sociedad informada y de un cambio en los modelos de producción
y consumo y en los comportamientos y hábitos de las personas. La
Asamblea Ciudadana para el Clima ofrece a los ciudadanos la
oportunidad de intervenir en el debate sobre cuáles deben ser los
caminos a recorrer para frenar el cambio climático, evitando y
minimizando sus riesgos.
La puesta en marcha en España supone cumplir con una de las
líneas estratégicas marcadas por el Gobierno en la Declaración ante la
Emergencia Climática y Ambiental en España, aprobaba por el Consejo de
Ministros en enero de 2020 y recogida en el artículo 39.1 de la Ley de
Cambio Climático y Transición Energética. El lanzamiento de la
Asamblea contribuyó a abordar sus retos sociales y ayudar a que
sea exitosa y se implemente en todos los ámbitos.
La Asamblea se configura como un ejercicio participativo
deliberativo para generar reflexión, conocimiento colectivo,
informarse, deliberar y generar consensos sobre cuáles deben ser las
soluciones a las grandes transformaciones que es necesario acometer
para alcanzar la neutralidad climática antes del año 2050 y para hacer
un país más resiliente a los impactos del cambio climático.
En un momento en el que ya están sentadas las bases del marco
institucional español de lucha contra el cambio climático, el mandato
de la Asamblea es dar respuesta a la pregunta “Una España más segura
ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos?”. Para ello los ciudadanos
tienen que abordar cuestiones clave relacionadas con las soluciones para que
podamos construir un país más sostenible, con menos emisiones de gases
de efecto invernadero, más seguro y resiliente y menos vulnerable ante
los riesgos y los impactos del cambio climático, y que requieren
considerar la solidaridad y la justicia social.
Las recomendaciones acordadas por la Asamblea ante el
Gobierno y al Congreso de los Diputados servirán para el debate a
todos los niveles de la Administración y de los actores de la economía
y la sociedad.
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