«Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».
Constitución Española, Art. 35.1.
Desde los tiempos de la Transición el acuerdo al que han llegado gobierno, CEOE y sindicatos para la modificación del marco laboral es el primero que redunda en beneficio de los trabajadores.
Se queda corto, sin duda, pero afronta cuestiones tan importantes como la recuperación de la ultra actividad en los convenios colectivos y, sobre todo, intenta frenar la temporalidad, una cuestión en la que España es líder destacada en la Unión Europea.
Otro dato trascendente es que CEOE y sindicatos han logrado un acuerdo histórico. Histórico porque con los mimbres del mercado laboral español donde el desempleo, la precariedad, los salarios bajos y la citada temporalidad son sus principales señas de identidad, que la patronal se muestre dispuesta a corregir alguno de esos aspectos se sale de los cánones habituales de la misma.
La trayectoria de la CEOE desde los primeros compases de la pandemia ya parecía distanciarla de sus posiciones clásicas. Lo que se ha visto traducido en los sucesivos acuerdos con el gobierno en las negociaciones de los ERTE.
Su absoluta correspondencia, hasta ese momento, con el espectro más conservador del tablero político español, ha ido quedando diluida de alguna manera con la llegada a la dirección de la CEOE del equipo de Antonio Garamendi.
De hecho ello le ha significado los duros reproches del Partido Popular por mucho que las risas y los abrazos entre ambas partes se escenifiquen cara a la galería de cuando en cuando.
La patronal
No obstante, resulta difícil encomendarse a un decidido cambio de rumbo de la patronal española. Su devenir histórico, la consolidación del marco neoliberal las ultimas cuatro décadas y su arcaica insensibilidad en materia laboral hasta quedar asumida resignadamente por los propios trabajadores y arraigada en buena parte de la población, no puede inspirar excesiva confianza.
Pero no es menos cierto que, en lo que toca, suena una ligera brisa en otra dirección en la ejecutiva de la CEOE y ello no puede quedar en vano.
El arte de negociar radica en la virtud de ceder y no es posible dejar pasar la oportunidad para avanzar en un mercado laboral tan deliberadamente perjudicial para la clase trabajadora en España.
Decía a principios del verano pasado una asociación de hosteleros de Almería que no se encontraban camareros para acometer la temporada estival por culpa de los subsidios. Desde la misma, de manera pública y notoria, algunos de sus miembros advirtieron que sí que había trabajadores suficientes, que el problema radica en que la mayoría se han cansado de contratos de 4 horas a cambio de trabajar 8 o más horas al día.
Y eso ya resulta especialmente significativo cuando se trata, precisamente, del sector más decisivo de la economía española.
Esperemos que, del mismo modo que estos empresarios almerienses expresaron tan sinceramente su sentir al respecto, la CEOE acometa la necesidad de un cambio de panorama en el mercado laboral español que, a la larga, les beneficiara sin la menor duda hasta acabar dando de lado su habitual cortoplacismo.
La postura de la izquierda
Por eso mismo, cara a la próxima aprobación de la reforma, la izquierda en su conjunto no puede cometer el error de rechazar la misma. Deshacer nuevamente lo tan sumamente difícil andado sólo acabará en perjuicio de los propios trabajadores.
Los aliados que dan soporte al gobierno e incluso el PNV, un partido que ha sabido por lo general estar a la altura, necesitan tener mayor amplitud de miras de la que están manifestando los últimos días amenazando al gobierno con noquear el acuerdo en la decisiva votación del Congreso.
Es cierto que el poder de legislar está en manos del Gobierno, pero si no existe consenso entre los agentes sociales es darle alas a cualquier otro venidero para, en cuanto tenga la oportunidad, revertir lo pactado tal como viene advirtiendo desde el primer momento el Partido Popular bajo el conocido mantra de la flexibilidad laboral.
Sin embargo, en el caso de valorarse ahora positivamente el acuerdo, le resultaría sin duda mucho más difícil a la oposición nadar contracorriente contra todo y contra todos llegado el momento.
Por una vez la izquierda, sin renunciar a ese carácter crítico que le caracteriza, debería recurrir al más puro pragmatismo para no entorpecer sus propias intenciones como le ha ocurrido tantas veces.
Antes que volver a empezar de cero habrá tiempo el próximo año, el siguiente y el siguiente, con la norma ahora propuesta aprobada, para seguir ahondando cada vez más en mejorar las condiciones de una clase trabajadora tan menospreciada desde la profundidad de los tiempos.
Mirar hacia adelante
España necesita acometer de una vez por todas esas tan cacareadas reformas estructurales de las que tanto se habla, del mismo modo que poner en pie la Constitución Española en lo referente al derecho a disfrutar de un trabajo digno.
La misma Constitución de la que tanto se habla solo cuando se trata de la monarquía y la unidad de España y que los que más la emplazan se ponen por montera en cuestiones tan fundamentales para los ciudadanos como el trabajo o la vivienda.
Esta reforma, adecuación, modernización de las normas laborales o como quiera llamársele puede ser solo un pequeño paso adelante pero debe representar el primero para facilitarles una vida mejor a cuantos viven en nuestro país.
Nos hemos perdido muchas oportunidades a lo largo de nuestra historia por la intransigencia de las élites en ceder cualquiera de sus privilegios y en muchos casos con resultados trágicos.
Por eso no podemos perder la primera ocasión en los últimos 40 años en que estas parecen dispuestas a hacerlo.
«No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, sino tan sólo si marchamos por el mismo camino».
Goethe (Escritor alemán, 1749-1832)