Durante la Transición española se decidió como proceso de elección a los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el modelo italiano. Es decir la mayoría de los mismos serían elegidos por los propios jueces y una minoría por el parlamento en representación del pueblo.
Como es de suponer, los jueces de aquella época no pueden decirse que fueran precisamente el paradigma de la democracia tras haber forjado toda su carrera al amparo de un régimen manifiestamente clasista y contrario a la misma.
De ahí que los jueces ya vinieran disfrutando de un estatus social altamente diferenciado que todavía hoy rechina después de varias décadas de democracia.
Tanta es su consideración que de manera excepcional en su entorno europeo más de 7.000 integrantes de la carrera judicial entre jueces y fiscales disfrutan también de un aforamiento que resulta abiertamente criticado en el caso de los políticos pero pasa de puntillas para la opinión pública cuando se trata de los jueces.
Por tanto no es de extrañar, hace 40 años, que de aquellos barros surgieran tales lodos que en 1985 el gobierno de Felipe González decidiera cambiar el procedimiento de elección del órgano en cuestión.
De los 20 miembros que lo componen, el gobierno socialista quitó la potestad a los jueces de elegir a 12 de los mismos que hasta ese momento les correspondía. Pasando entonces a ser la totalidad de sus miembros elegidos por el Parlamento de manera proporcional al reparto de escaños en las cámaras.
Lo que debería haber sido una reforma temporal mientras los órganos de la carrera judicial se renovaban de manera progresiva y la democracia se iba afianzando en todos los estamentos de la sociedad, se convirtió en una norma de hecho dada la posibilidad de «controlar» de algún modo la judicatura por parte de los partidos políticos.
En especial PP y PSOE que son los que han venido dominando la escena política española desde entonces.
Con ligeras modificaciones –hoy en día esos 12 magistrados son elegidos sobre la propuesta que realizan los propios jueces-, el sistema ha permanecido del mismo modo hasta ahora. Algo que tampoco difiere mucho de otros modelos en el resto de Europa ya de por si los suficientemente variopintos.
En cualquier caso y al menos conforme a nuestro modo de entender la democracia, si se quiere garantizar la verdadera independencia del poder judicial y una correcta separación de poderes, los órganos de gestión de los jueces deberían ser decididos mayoritariamente por los mismos pero también con una debida participación del pueblo.
En la línea que se aprobó en primera instancia en los albores de nuestra actual etapa democrática.
Justicia vs Política
Sin embargo, visto el reparto de sillones del Consejo, cada vez que se ha tenido que producir la renovación del mismo, las chispas han saltado entre populares y socialistas. Aunque solo en dos ocasiones se ha producido un bloqueo de hecho, la primera cuando los populares perdieron las elecciones de 2004 y ahora tras la caída del gobierno de M. Rajoy.
Una manera de mantener cuotas de poder, tras un cambio de gobierno, a través de la justicia y al margen del parlamento. El mismo trasfondo que mantiene al día de hoy la negativa del PP a negociar también la renovación del Tribunal Constitucional e incluso el Defensor del Pueblo.
O lo que es lo mismo una manera flagrante de saltarse las leyes por un partido que, precisamente, presume como nadie de constitucionalismo.
En cualquier caso, sería de agradecer que el Partido Popular se haya dado cuenta tras varias décadas de manipulación constante que el sistema de elección de los miembros del CGPJ no era el más acertado y pretenda ahora modificarlo.
Lo que sorprende es que hasta hace solo tres años tuvo la facilidad de hacerlo cuando gozaba de una formidable mayoría absoluta de la Cámara y contando entre sus diputados con la mayoría de los que en la actualidad integran la cúpula del mismo.
Más aún que tras varios años ya dirigiendo el partido hasta hace solo unas cuantas semanas no hayan caído en la cuenta del estropicio. Sobre todo cuando el bloqueo de dichas instituciones va ya para 3 años y a lo largo de todo ese tiempo se han ido sucediendo diferentes excusas por su parte sin proponer modificación normativa alguna como hasta ahora.
O, sobre todo, cuando ya cerrado el acuerdo entre Pablo Casado y Pedro Sánchez a finales de 2018, se filtró el mensaje de WhatsApp enviado a su grupo de la cámara por el entonces portavoz popular José Ignacio Cosidó en el que manifestaba sin tapujos que con el mismo su partido «controlaría por la puerta de atrás al Tribunal Supremo», haciendo saltar dicho acuerdo por los aires.
Lo que en definitiva nos induce a pensar que los populares ni tienen ni han tenido nunca el mayor interés en las modificaciones legislativas que proponen ahora más allá de demorar sine die la renovación de un CGPJ que hoy por hoy les favorece dada su mayoría conservadora.
Máxime la cantidad de casos pendientes por presuntos delitos de corrupción que su partido tiene con la justicia y para poder seguir utilizándola también como ariete contra el gobierno.
Y, si de paso, eso solivianta aún más a su potencial electorado y siembra la duda en el conjunto del mismo, mejor que mejor. Lo que viene a ser un episodio más en esa continua contienda electoral que se ha convertido la política española desde hace tiempo.
De ahí que, ante semejante evidencia, los responsables de la U.E. no se manifiesten claramente si fue antes el huevo o la gallina. Es decir si de lo que se trata es que se produzca la renovación primero y la modificación de la normativa después o viceversa. Lo que es interpretado de manera interesada por cada una de las partes.
Del gobierno y los jueces
Por lo que respecta al gobierno es obvio que no tiene tampoco excesivo interés, por no decir ninguno, que tan sensibles cambios de operativa se lleven a cabo en breve o al menos en la actual legislatura.
En cuanto a los jueces, que son los que en realidad podrían dar un golpe en la mesa al respecto, a pesar del griterío, tampoco parecen dispuestos a dar su brazo a torcer por cuanto si en verdad tuvieran tan manifestado y aireado interés en ello bastaría con la renuncia de los 20 miembros del Consejo para obligar tanto a gobierno como a la oposición a la inmediata renovación del mismo.
En lo que a uno respecta la cosa parece meridianamente clara. Procédase a la renovación de los cargos tal como marcan las leyes actualmente y después, si es posible –que en verdad que lo dudo-, no estaría de más que tantos unos como otros lleguen a un acuerdo para cambiar definitivamente dichas normas de elección.
Y si el gobierno actual persiste su negativa en ello, el PP tendrá que esperar a formar gobierno cuando le toque. En ese momento sí que tendría su oportunidad al respecto pero, francamente, visto lo visto, eso también cuesta mucho de creer.
Veremos.
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