El día domingo 1 de junio del 2025 México comenzó una jornada electoral sin precedente. A nivel nacional se llevó a cabo lo que ya se esperaba y se deducía desde meses antes, el proceso de elección de los futuros jueces y magistrados que integrarían los cargos del Poder Judicial tanto a nivel estados como en su rama federal. El día comenzaba como todos, una mañana tranquila que parecía ser como cualquier otro domingo, no obstante, en distintas partes del territorio nacional desde muy temprana hora se comenzaban a instalar las casillas electorales, el objetivo, que la ciudadanía ejerciera el derecho al voto para elegir a quienes serían sus próximos representantes judiciales, es decir, aquellos encargados de la impartición de justicia en todas sus variantes (civil, laboral, penal o familiar).
Lo anterior era algo que comenzó a impulsarse desde la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, durante su gestión como presidente de México, argumentó en todo momento que la corrupción en nuestro país se debe a que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, se encuentran coludidos con la delincuencia organizada y por tal motivo, aceptan sobornos para dejar en libertad a quienes comenten delitos de alto impacto. Sin embargo, desde el inicio de dicha administración muchos medios periodísticos nacionales denunciaban que todo lo argumentado por el ex presidente era debido a un capricho político en el que se buscaba restarle poder a las instituciones, especialmente a las electorales como el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial (instancia que siempre estuvo en contra de las políticas del ejecutivo nacional desde entonces).
En ese tenor, la actual presidenta Claudia Sheinbaum continuaría con la presión política de aplicar la Reforma Judicial y con ello, instaurar el proceso de elección popular de quienes se encargan de impartir justicia en México. Así pues, durante la mañana y tarde del pasado domingo 1 de junio, se vio una pobre participación de la ciudadanía en el proceso electoral, como primer factor, muchos sectores sociales debatían en que esa no era la manera de aplicar una reforma y que todo el proceso de elección impulsado por el gobierno de Morena se debe a querer establecer una tiranía de control político en todas sus vertientes, debido a que muchos políticos han metido mano en el proceso judicial y que algunos de los candidatos a juez o magistrado, son simpatizantes o pertenecen al grupo político en el poder. Por otro lado, hubo algunos municipios en donde se efectuó una serie de acusaciones por fraude o robos de casillas para evitar con ello que se llevara a cabo la participación de la sociedad en una elección que, desde su implementación como reforma, no fue bien vista por una gran parte de la sociedad y de algunos actores políticos de oposición al actual gobierno.
Mucho se ha hablado de la reforma judicial, pero también durante la jornada del pasado 1 de junio, se vio una total preocupación y desconocimiento de mucha gente que no sabía cómo votar y ni tampoco tenía conocimiento de quiénes eran los candidatos a jueces, su trayectoria ni el funcionamiento que cada uno tendría que hacer si llegaban a ganar el cargo. Entre las voces se llegó a escuchar cuestionamientos como el ¿Qué es magistrado? O, ¿Qué diferencia hay entre un juez civil, uno laboral, uno mixto, uno familiar y uno en materia penal? Ante ese grado de desconocimiento fue que la ciudadanía mexicana salió a emitir su voto, ignorando por completo la función que hace o que atiende cada una de las materias antes mencionadas. Así pues, solo falta esperar a que concluya el proceso de conteo de votos para conocer a detalle quiénes fueron los elegidos bajo la primicia popular y el tiempo nos dirá si realmente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora la actual presidenta de México Claudia Sheinbaum tenían razón en que solo eligiendo a quienes representan el Poder Judicial es que la corrupción en nuestro país se erradicará o simplemente este proceso solo era una cortina que oculta la verdadera razón del gobierno de Morena, la de mantener un control político de todas las instituciones gubernamentales y erradicar los contrapesos que puedan generarle ataduras a sus propuestas de ley.
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