Tras concluir el mandato 2019-2024 de la Comisión Europea, los ciudadanos europeos han acudido a las urnas para elegir cómo querían ser gobernados en los próximos cinco años y qué prioridades quieren que aborden la próxima Comisión y las instituciones europeas.
Los populares europeos, con Ursula von der Leyen a la cabeza, han conseguido respaldo suficiente para seguir dirigiendo la Comisión Europea. Sin embargo, las urnas han mostrado también un preocupante auge de los partidos extremistas y antieuropeos que, de una manera u otra, conducirá a la Comisión hacia la derecha.
Para evaluar cómo será la próxima Comisión y qué tipo de prioridades enfrentará quizá sea conveniente estudiar primero a qué se ha dedicado la misma durante el mandato 2019-2024 y cuáles han sido sus prioridades.
Como suele suceder en política, acontecimientos inesperados pueden influir mucho sobre las prioridades establecidas al comienzo. En el caso de esta legislatura europea, la guerra de Ucrania ha sido, sin duda, algo que ha impactado profundamente en la Unión Europea.
La guerra que no cesa
La UE puso en marcha durante esta legislatura pasada iniciativas que difícilmente hubiéramos podido imaginar como la Ley de Producción de Municiones (ASAP) aprobada en 2023 para dotar a Ucrania de un millón de proyectiles de artillería o, también novedosamente, el empleo de los recursos financieros de su Fondo para la Paz para financiar las compras de armamento destinadas a Ucrania, por no hablar de las severísimas sanciones impuestas a Rusia.
Aunque estas medidas han supuesto un hito en la transformación de la UE como actor comprometido con la seguridad y defensa de sus vecinos detrás de estos avances queda casi todo por hacer.
La incapacidad europea de coordinar eficazmente sus envíos de armamento a Ucrania, tanto en calidad como en cantidad, ha demostrado que, hoy por hoy, la seguridad europea sigue estando por completo en manos de Estados Unidos. A pesar de que los líderes europeos hayan definido reiteradamente la guerra de Ucrania como un evento estratégico de primer orden para la UE, del cual dependería su seguridad durante los próximos años, en la práctica ha sido Estados Unidos quien ha asegurado la capacidad defensiva de Ucrania con unos paquetes de ayuda militar que la UE no ha podido igualar.
El pacto migratorio y la transición energética
Las otras dos grandes cuestiones prioritarias en el mandato 2019-2024 han sido el cambio climático, es decir la transición energética, y las políticas migratorias. La negativa de algunos países a acoger solicitantes de asilo y refugiados llevó a la UE a una profunda crisis.
Quedó claro que el mandato 2019-2024 debía tratar de lograr un pacto en materia de asilo y migración que pudiera estabilizar a la Unión y permitirle dar una respuesta coordinada a los desafíos migratorios so pena de seguir impulsando unos movimientos xenófobos y a la vez antieuropeos que podían poner en cuestión el propio proyecto de integración europea.
El pacto migratorio y de asilo alcanzado al final de la legislatura muestra que los Estados miembros han sido conscientes de la necesidad de acordar una respuesta coordinada a un desafío de enorme magnitud e igual sensibilidad política.
También, desgraciadamente, hemos visto que muchos Estados miembros han pagado un precio muy alto por ese consenso sacrificando valores y principios comunes y aceptando un pacto migratorio y de asilo que enfrenta el problema desde un punto de vista casi exclusivamente punitivista y securitario en lugar de hacerlo desde un enfoque económico y, sobre todo, acorde con las características del verdadero ser humano.
Lo mismo sucedió con el apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia, La Unión Europea olvidó, después de años de paz, que en la guerra mueren multitud de personas y se destruye un trozo importante del planeta Tierra en el que viven junto con la especie humana multitud de otras especies animales y vegetales.
En cuanto a la transición energética, no ha hecho más que confirmar que la apuesta por la descarbonización, las energías limpias y la reducción de dependencias de combustibles fósiles era la política acertada tanto como las encuestas mostraban que una amplia mayoría de los europeos entendían y se preocupaban por las consecuencias del cambio climático.
Otra cosa diferente era la aceptación de cada sector, sean agricultores, consumidores o empresarios por los costes asociados a esa transformación. Así, como suele ocurrir en todo proceso de cambio, la ausencia de recursos presupuestarios para compensar a los perdedores de unas determinadas políticas convirtiéndose de este modo en el principal obstáculo para adoptarlas.
Europa se escora a la derecha
Las urnas confirmaron lo que la mayoría de las encuestas habían venido señalando: que la UE giraría a la derecha tras las elecciones. Dos de las principales víctimas de ese giro podrían ser la transición energética y las políticas migratorias.
La derecha conservadora y las derechas radicales europeas han mostrado en repetidas ocasiones su incomodidad con el ritmo y la velocidad de una transición energética que consideran perjudicial, sobre todo en sectores como el agrícola donde, como hemos visto, las movilizaciones han sido significativas.
Dicha agenda verde está siendo estigmatizada como una agenda ideológica por las derechas radicales y rechazadas por una parte significativas de la ciudadanía que la asocia a los incrementos en los precios de los alimentos y del combustible y al aumento de las desigualdades en el poder adquisitivo entre las clases medias y trabajadoras. En este contexto, el tipo de políticas climáticas que hemos visto en 2019-2024 van a ser más difíciles de aprobar y menos populares.
Algo parecido ocurrirá en el ámbito migratorio. Aunque, como se ha dicho, la UE ha alcanzado un amplio pacto sobre migración y asilo en la legislatura pasada, una amplia mayoría de Estados miembros quieren endurecer aún más la política migratoria de la Unión.
Esto se ha puesto de manifiesto en la carta conjunta que quince Estados miembros firmaron inmediatamente antes de las elecciones proponiendo adoptar los planteamientos sobre la gestión de solicitantes de asilo en terceros países que ha impulsado el Reino Unido (a su vez, copiados de Australia), consistente en disuadir a nuevos solicitantes de asilo tramitando sus demandas desde terceros países a los que previamente habrían sido deportados.
