Se cumplió medio año desde que la actual presidenta peruana, Dina Boluarte, asumió al poder y que desde entonces su gobierno está atravesando un color de hormiga que al parecer no encontrará tranquilidad por cuanto presenta un estilo de gobierno lleno de represiones a sus opositores, o mejor dicho a la presión mayoritaria de la población peruana que pidieron y que aún piden su renuncia en diversas manifestaciones; y cuando el gobierno responde con severas represiones da mayores complicaciones a los Derechos Humanos.
En este sentido, hasta la fecha ya son tres informes internacionales que en sus argumentos coinciden que una característica principal de la conducción del gobierno de Dina Boluarte es la represión a los peruanos que realizan sus manifestaciones contra el gobierno, sin ser miembros, de ninguna manera, del terrorismo de Sendero Luminoso de los años 80 en el Perú.
Así, la presentación de un informe de fines de abril del presente año de Human Rights Watch (HRW), fue seguido por otro informe la siguiente semana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), igual con tono contundente de crítica al gobierno de Boluarte da referencias de represiones indiscriminadas cometidas por fuerzas militares y policiales. Y por si fuera poco, también últimamente un relator de las Naciones Unidas sobre derechos a la libertad de reunión pacífica, afirmó en esta misma línea.
Informe de Human Rights Watch (HRW)
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) (como ente internacional e independiente que defiende la dignidad humana y los derechos humanos en todas partes) dio su voz enérgica y denunció que las fuerzas armadas y policiales del Perú quitaron la vida de forma «arbitrarias y extrajudiciales» a las personas que por derecho habían salido a las manifestaciones en las calles por descontentos al gobierno de la presidenta Boluarte y a la vez la acusó de «mirar hacia otro lado» mientras ocurría las protestas en las calles.
De esta manera, según este informe “el Ejército y la Policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes”. Prosigue indicando que la presidente Boluarte miró con total indiferencia por varias semanas pese a que las fuerzas estatales mataban a los que se movilizaban en las calles contra la indeseada presidenta, inclusive dieron muerte a transeúntes que no estaban involucrados en el problema. Aunque hubo actos de violencia por parte de los manifestantes, que deben ser investigados, eso no justificaba la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad, tal como se lee en parte el texto del informe.
Este informe se fundamentó en algunas cifras de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, la cifra que menciona 49 muertes de manifestantes por causa de la fuerte represión de las fuerzas militares y policiales. Se indica que del total de muertos, 39 corresponden a víctimas “por heridas de bala, según las autopsias, informes de balística y registros médicos”[1]. En este sentido, esta organización no gubernamental recomendó crear una «comisión independiente de expertos internacionales» que articule las investigaciones penales que está realizando la fiscalía peruana.
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó afirmando que hubo “uso desproporcionado, indiscriminado y letal” de las fuerzas represivas del Estado peruano contra los manifestantes que se pronunciaban contra la presidenta Dina Boluarte, porque gritaban que ella no les representaba, que no era su presidenta. Estos sucesos se habían dado principalmente entre diciembre del 2022 y enero del 2023. Se recalca en las conclusiones de este informe que hubo “masacres” y “ejecuciones extrajudiciales” en Puno y Ayacucho, departamentos ubicados al sur del Perú.
Añade el informe que el acto de «masacre», por lo que fue más enfocado en el sur del Perú debería ser tomado desde un punto de vista «étnico-racial» porque llama la atención que la reacción del Estado fue desigual. Fue más irracional en la zona sur del país donde los habitantes son de clara procedencia indígena.
Afirmaciones preliminares del relator de las Naciones Unidas, Clément Nyaletsossi Voule
Últimamente, el pasado 18 de mayo, al terminar una visita oficial de diez días a Perú, el relator de las Naciones Unidas sobre derechos a la libertad de reunión pacífica, Clément Voule, dijo que el gobierno peruano con Dina Boluarte a la cabeza, realizó un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza que al final resultó la muerte de más de 60 peruanos por las manifestaciones de varias semanas que clamaban la renuncia de la presidenta Boluarte.
Agrega que además de los fallecidos en los enfrentamientos también hubo centenares de heridos (mujeres, niños, miembros de comunidades indígenas y agentes policiales). Como también, la violencia causó la destrucción de propiedades de privados y del Estado.
Las afirmaciones del relator Clément se resume en tres aspectos fundamentales. Primero, “reconocer el sufrimiento de las víctimas”; indicó que para superar el problema social e institucional que está atravesando el Perú es imprescindible practicar el valor de la justicia. “El Gobierno debe acercarse a las víctimas de las recientes protestas y reconocer su sufrimiento”, no dejando de lado en absoluto que los responsables de violaciones de derechos humanos queden en la impunidad.
Segundo, sobre el “racismo y discriminación”; el relator denunció que la exclusión, el racismo y la discriminación están muy arraigadas en Perú; que las poblaciones indígenas o rurales se sienten realmente excluidas y no representadas como verdaderos actores sociales en su país; por lo tanto, se debe concretar la práctica de la inclusión y justicia.
Finalmente, indicó que “los manifestantes no son terroristas”; Voule rechazó la estigma constante del calificativo “terrorista” o “terruco” expresada contra el movimiento de protesta de los peruanos que se movilizan contra el sistema establecido; “esta acusación es peligrosa y traumática”, dijo Voule.
Complicaciones del gobierno de Dina Boluarte
Frente a este panorama muy difícil que hoy está atravesando la presidenta peruana Dina Boluarte y sobre todo por los factores de los informes y afirmaciones de los expertos internacionales de los Derechos Humanos con clara alusión de que fueron afectados críticamente estos derechos de un sector poblacional de los peruanos; al parecer es inminente que se le caiga una sanción. Analistas de Derechos Humanos en Perú sostienen que particularmente el informe de la CIDH podría complicar su futuro penal y político.
Sin embargo, la presidenta Boluarte y su primer ministro Otárola niegan que hubo masacres y ejecuciones extrajudiciales y en este sentido argumentan sus defensas ante los delitos de genocidio y homicidio que les imputan. La presidenta negó cualquier acusación de racismo contra los manifestantes. Igual es de esta postura el primer ministro peruano, Alberto Otárola, que con desparpajo señaló que «no parece ajustado a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad que la CIDH concluya que hubo graves episodios de uso de la fuerza tan solo con una entrevista y dos visitas al Perú». Así de cínicos están comportándose la dupla presidenta – primer ministro. Respuestas de esta naturaleza determina el deterioro de la situación de derechos humanos en Perú, conlleva a una crisis política más profunda.
Pero está claro que Boluarte y Otárola están enfrentando circunstancias muy complicadas por las decisiones y omisiones que tuvieron para que a rajatablas se mantengan en el poder.
El descontento casi generalizado de la población peruana es evidente. La presidenta tiene solo 15 % de aprobación en el presente. Además, muestra resistencia en el ámbito internacional, por ello no cuenta con embajadores en Honduras, Colombia, México y hay resquebrajamiento con Bolivia, Argentina y Chile.
Actualmente se está pronosticando, y al parecer con una alta posibilidad, que podría haber una “tercera ola de protestas” en el próximo mes. Es que el gobierno de Boluarte ya ha perdido legitimidad, se mantiene solo gracias a la represión policial y militar que aún están obedeciendo órdenes para responder inmediatamente a los focos de movilizaciones contra el gobierno.
Si la presidenta Boluarte o algunos ministros de su entorno salen fuera de la capital Lima solo se encuentran con el rechazo de la población, la gente al enterarse de la presencia de estos de forma rápida y espontánea se juntan para gritarles, repudiarles, insultarles, hasta lanzarles huevos podridos de gallina. Entonces, es inimaginable qué sucesos ocurrirían, en este estado hostil, hasta el año 2026 si la presidenta no renuncia a su cargo o convoque a nuevas elecciones. Ante la realidad complicada la presidenta está gobernando en cuatro paredes, a control remoto.
Es un régimen contra la democracia peruana que representa con prioridad de atención solo a los intereses de un grupo minúsculo y a las grandes empresas que acaparan en un estilo colonial los recursos del Perú, “gobernando no solo a espaldas de la mayoría de peruanos, sino contra ellos”.
Al analizar fríamente la realidad se ve que desde el principio el entramado político de agitación se inició con un golpe parlamentario contra el presidente legítimo de Perú, Pedro Castillo. Tuvo coordinación con la derecha peruana y con un apoyo infaltable de las fuerzas armadas. El actual gobierno de Boluarte está sosteniéndose únicamente con una estrategia represiva contra los opositores (gente de extracción campesina de la parte sur del Perú principalmente) calificándolos impropiamente de “terroristas” y justificar así la violencia del Estado. Sin embargo, ninguna de las personas asesinadas por las fuerzas policiales y militares (entre ellas varios niños) tenía antecedentes. Simplemente fueron masacrados por alzar la voz en las calles. Todavía más patético se muestra, por lo que los manifestantes en su mayoría eran de procedencia campesina, pobladores de zonas rurales de la zona sur del Perú, hasta hoy no siguen con celeridad los procesos adecuados de justicia. Entonces, claramente se nota la exclusión y el racismo para estos peruanos.
El actual gobierno de Perú no representa más que los intereses de las élites y de las grandes empresas que acaparan cual fuera un monopolio los recursos del país, gobernando no solo a espaldas de la mayoría de peruanas y peruanos, sino contra ellas y ellos. Por tanto, Boluarte representa un régimen contra el pueblo peruano.
[1] https://www.telam.com.ar/notas/202304/626631-human-rights-watch-muertes-manifestaciones-peru.html
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