A vueltas con los problemas estructurales de España

Lo que más me inquieta es que en España todos se preguntan: ¿qué va a pasar? Casi nadie se pregunta: ¿qué vamos a hacer?

(Julián Marías (1914-2005) Filósofo español).

Lo cierto que cada vez que oigo hablar a nuestros políticos de «los problemas estructurales de España», me suelen abordar dos sensaciones: la primera que es una manera de esquivar el asunto como si de imposible se tratase y la otra que nadie hace algo por solucionarlos.

Sin embargo, nada más lejos de la realidad es el hecho irrefutable que en España, por muchas burbujas que nos caigan, el principal problema de este país no es otro que el de su altísima tasa de desempleo (13,7 %, al cierre de 2019) y el pírrico nivel salarial de la mayor parte de la población. No digamos ya si nos comparamos con países de similar desarrollo en su mismo ámbito europeo, como puedan ser por citar solo algunos ejemplos los casos de Alemania (3,2 %), Austria (4,2 %), Bélgica (5,3 %), Suecia (6,6 %) o nuestros vecinos Francia (8,4 %) y Portugal (6,9 %), aunque este último diste bastante del resto en otros términos.

Y lo peor de todo que ya nos anuncian nuestras más cultivadas mentes que difícilmente vamos a ver rebajado mucho más ese casi 14 % con el que hemos acabado el año 2019, por algo tan elemental como que casi se ha alcanzado ya el techo máximo de ocupación en España.

Como me gusta repetir de vez en cuando, no hay expresión que más me contraríe que aquel conocido slogan del ínclito Manuel Fraga «Spain is different», como si aquí las ranas tuvieran pelo y los escarabajos plumas como decimos por mi tierra. Ni muchos menos pero, como en otras tantas cosas, para entender el porqué de tan manido y persistente diferencial bien vale que echemos un rápido vistazo a la historia.

Dos siglos de desencuentros.

Tendríamos que remontarnos al SXIX para dar fe de uno de los mayores errores en la historia española, como lo fue permitir el regreso a España, tras la expulsión de las tropas napoleónicas, de Fernando VII, para colmo llamado «el deseado». Una vuelta de tuerca al absolutismo más cruel que acabó tumbando la Constitución Liberal de 1812. Desde entonces y hasta la Constitución de 1978, todos los intentos por democratizar la vida pública española fueron liquidados por sucesivas sublevaciones militares con el apoyo del gran capital, los grandes terratenientes y la iglesia católica y en el mejor de los casos por una especie de pseudo-democracia como ocurriera durante el reinado de Isabel II con singularidades como la conocida alternancia entre moderados y unionistas –más o menos monárquicos y conservadores-.

Consecuencia de todo ello España se perdió sus correspondientes revoluciones liberales, industriales, agrarias, etc. lo que impidió el desarrollo al unísono del país con buena parte del resto del continente en cuanto a aptitudes democráticas, desarrollo del tejido industrial y el movimiento obrero así como una adecuada modernización de la industria agraria más allá de grandes latifundios explotados tanto o más en forma de recreo que de manera productiva y con un lamentable modelo laboral próximo a la esclavitud que duraría prácticamente hasta los estertores del franquismo. Esto último, algo que tan extraordinariamente retratara Mario Camus en su película «Los santos inocentes».

Solo Cataluña y el País Vasco, la primera a costa de la industria textil desde finales del SXVIII y la segunda gracias a la minería y los altos hornos, consiguieron salir de la atonía del resto de España y fueron participes de la Revolución Industrial del SXIX desarrollando una industria pujante que con todas sus prerrogativas han seguido al frente de la economía española hasta nuestros días.

Tras la muerte del general Franco, una vez superada la Transición con el gobierno de Adolfo Suarez, la llegada al poder de Felipe González y el PSOE a pesar de su arrolladora victoria en 1982 y los catorce años posteriores de permanencia en el gobierno si bien significaron la consolidación de la democracia y las libertades en la sociedad española y un salto adelante en el desarrollo del país, especialmente tras su incorporación a la Unión Europea en 1986, el gobierno socialista no supo o no fue capaz de paliar las enormes fallas en la estructura social y del empleo en España.

Posteriormente la irrupción en el panorama político de José Mª. Aznar en 1996 de la mano del neoliberalismo dominante ya en Europa, máxima expresión de la ortodoxia capitalista, dio lugar a un extenso proceso de liberalización de todos los sectores de la industria y el mercado que se acabaron traduciendo en sucesivas burbujas financieras e inmobiliarias hasta su implosión en el crack de 2008. Toda una serie de propuestas desregulatorias que hicieron todavía más difícil la adecuación tanto de salarios y servicios al nivel de vida una nación avanzada en otros muchos sentidos como España.

En todos estos años, mientras en España se desarrollaban todo tipo de infraestructuras a mayor gloria de nuestros gobernantes como autopistas a ninguna parte, palacios de congresos por doquier -sin convenciones ni congresos por cierto-, miles de kilómetros de líneas de Alta Velocidad –el segundo en el mundo-, de escaso o nulo rendimiento mientras se abandonaba el resto de la red ferroviaria a su suerte o aeropuertos a tutiplén -casi pegándose los talones unos con otros-, otro tipo de infraestructuras generadoras de numerosos puestos de trabajo de carácter estable, debidamente remunerados y de sumo alcance para el servicio público como todo lo referido a la educación, la tercera edad o la dependencia seguían quedando de lado.

Tras más de 40 años de democracia ni los gobiernos de González, Aznar y Rodríguez Zapatero, menos aún los posteriores una vez desatada la crisis económica, han promovido subidas salariales acordes al nivel de vida que iba adquiriendo el país, muy especialmente tras su incorporación a la Unión Europea con el apogeo de los fondos e inversiones procedentes de la misma y, sobre todo, a partir de la entrada del euro el 1 de enero de 2002.

Más allá del corto plazo.

Al margen de la cuestión catalana en particular, de esa posible involución cultural de carácter ultranacionalista, ultraconservadora y anti-europeísta que está poniendo en un brete a todo el continente o las consecuencias del cambio climático, sin duda el mayor reto de orden mundial a dilucidar en los próximos años, el carácter progresista del actual gobierno de España debe, de una vez por todas, dar un paso al frente e intentar al menos corregir los extraordinarios desfases existentes en la sociedad española en cuanto a empleo y salarios.

Bien es cierto que considerar que en solo una legislatura es posible enmendar tal cumulo de atávicas diferencias sería poco menos que de necios. Pero sí que es necesario dar un impulso a nuevas políticas que, al menos más pronto que tarde, puedan visibilizar iniciativas que apunten un plus al conjunto de la sociedad española.

No solo se trata de un aumento progresivo de salarios, bien sea el SMI o en los convenios sectoriales, se trata de promover un salto tanto cualitativo como cuantitativo desde las instituciones en aspectos tan fundamentales como los servicios públicos, la educación y la ciencia, auténticos menesteres imprescindibles para dotar a una sociedad de futuro, justicia y paz social.

El reto resulta extraordinario en estos tiempos convulsos que corren y más especialmente ahora cuando la citada cuestión catalana entorpece y enrarece toda actividad política a fuerza de una deriva absolutamente innecesaria y contraproducente. Por eso ha llegado el momento de creer en la política de verdad a pesar de nuestras enormes reticencias hacia sus interlocutores. Por eso nos queda esperar que los equipos que les rodean cultiven con mayor destreza el arte de la misma y sean capaces de dar con la debida cordura y elocuencia la máxima prioridad a las verdaderas necesidades de los ciudadanos.