Financiación Autonómica: Los Impuestos Verdes

La Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) es el norma básica por la cual se regulan los principios, recursos y competencias de las CCAA en materia de financiación.

En resumen, es la Ley que regula como pueden y como no pueden financiarse las Comunidades Autónomas.

Así, en la mencionada Ley se establece que: “Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas no podrán recaer sobre hechos imponibles gravados por el Estado”, esto es, una Comunidad Autónoma no puede crear un impuesto que ya exista a nivel estatal, por ejemplo, la Comunidad de Madrid no puede establecer un Impuesto sobre el valor Añadido propio.

Sin embargo, el echo de que la Ley establezca que los tributos de las CCAA no pueden recaer sobre los mismos hechos imponibles gravados por el Estado no quiere decir que las Comunidades Autónomas no puedan establecer sus propios impuestos y, es aquí donde aparecen los impuestos verdes autonómicos.

Existe una autonomía fiscal de las comunidades autónomas en materia medioambiental y, la gran mayoría de ellas aprovechan este filón para obtener ingresos extras al 100% o lo que es lo mismo, ingresos por tributos que no deberán repartir con el Estado Central.

Las comunidades y los ayuntamientos imponen numerosos impuestos verdes. Algunos son iguales o muy parecidos en varias regiones. Las empresas se enfrentan a un guirigay regional.


El resultado de la necesidad de financiación de las comunidades genera un variopinto mapa de impuestos propios (más de 30 normas fiscales distintas) que afectan al agua, la emisión de gases, el transporte, actividades industriales, etc.

A continuación se resumen algunos de los impuestos verdes existentes en las comunidades:

Agua y saneamiento

Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Murcia, Aragón, Canarias, Baleares, Valencia y Madrid han desarrollado impuestos o cánones especiales sobre el agua.
Cataluña, por ejemplo, recauda la no despreciable cifra de 320 millones de euros.
En muchas comunidades, además, han creado un canon centralizado de saneamiento y depuración de aguas residuales. Un ámbito que, en principio, es municipal, pero que gestiona de forma centralizada la comunidad.

Residuos

La producción, abandono o depósito de residuos en instalaciones controladas está gravado en Andalucía, Cataluña, Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid.
Andalucía y Murcia también penalizan los vertidos en las aguas del litoral. Además, hay impuestos diferentes por comunidades para los residuos en función del origen: industriales, peligrosos, radioactivos, de la construcción, etc.

Grandes superficies

Aragón, Asturias y Cataluña desarrollaron impuestos propios sobre el impacto ambiental de las grandes superficies. Todas ellas han sido recurridas ante la Justicia.

Gases contaminantes

Galicia, Andalucía, Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha gravan la emisión de gases a la atmósfera.

Más originales

Galicia tiene un impuesto específico sobre el aprovechamiento del agua embalsada y las instalaciones eólicas; Aragón grava el transporte por cable; Extremadura, el uso cinegético; y Andalucía, la infrautilización de las tierras.

 

Como se puede observar, los legisladores de las Comunidades Autónomas se han estrujado el cerebro con el fin de inventar e implantar nuevos tributos que generen una mayor recaudación para sus cada vez más dañadas arcas.

Como consecuencia de la crisis económica, estos denominados “impuestos ambientales” se han incrementado y con el paso del tiempo han ido tomando otras vertientes no tan ecológicas. Lo cierto es que se han intentado y en ocasiones se han establecido nuevos tributos que tienen muy poco de impuesto ambiental.

Así, nos encontramos con la fallida “ecotasa” de hace unos años que gravaba la estancia en hoteles en las Islas Baleares.

Es por ello y con el fin de acabar con esta practica, en muchos casos abusiva, desde la OCDE se ha instado a establecer criterios marco (vía leyes estatales) que impidan la proliferación desmedida de impuestos verdes distintos en cada autonomía.

La aprobación de leyes generales en materia medioambiental implicará cambios en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) o estipular recargos en cada CCAA.

Esta reforma global de la fiscalidad verde que se espera que este lista para marzo de 2014 podría reformar estos impuestos ambientales existentes, cuya recaudación debe destinarse a preservar el medio ambiente.

Aritz Calvo

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